La Junta decide, tres años después de los ERE, cómo controlar el dinero que reparte

La Junta de Andalucía ha tardado tres años en decidir cómo va a controlar las transferencias de financiación, el instrumento utilizado en el caso de los ERE falsos que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Desde ayer, con la publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de la orden del pasado 30 de abril, otorga más funciones a la Intervención General de la Junta para evitar que ocurra este tipo de fraudes masivos.

Con esta nueva normativa, que la presidenta andaluza Susana Díaz prometió en septiembre de 2013en su discurso de investidura, se trata de evitar que la Cámara de Cuentas, órgano con consejeros nombrados por el Parlamento, no vuelva a dejar de fiscalizar las trasferencias de financiación en toda una década. Quien controlaba estas partidas era la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el polémico Pepín Sánchez Maldonado, el antiguo IFA (Instituto de Fomento de Andalucía). De IDEA procedía la partida 31L, el llamado fondo de reptiles que denunció el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en diciembre de 2010.

Una de las novedades se fundamenta en que será el plan de auditorías elaborado cada año por la Intervención General de la Junta de Andalucía el quedetermine sobre qué entidades sometidas a control financiero y que reciban transferencias de financiación se aplicarán dichas medidas. “En todo caso, serán aplicables a todas las entidades del sector público andaluz sometidas a control financiero permanente que reciban transferencias de financiación con contabilidad no presupuestaria”, asegura la orden que ha elaborado la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Las entidades del sector público andaluz que perciban transferencias de financiación deberán rendir la información que se requiera en los modelos y con la periodicidad que establezca la Intervención General. Así, en principio, se evita la independencia contable de las agencias de la Administración autonómica que forman parte de la Administración paralela de la Junta, compuesta por enchufados, según la denuncia de los funcionarios.

La orden también establece que para garantizar “un uso adecuado” de las transferencias de financiación que reciban las agencias públicas empresariales que tengan reconocida la potestad de concesión de subvenciones, la Intervención General de la Junta de Andalucía podrá acordar que las propuestas de gasto en dicha materia sean sometidas a informe previo suspensivo.

Paralización del gasto

La Junta resalta que la norma “coordina por primera vez las actuaciones que se realizan, como la fiscalización previa y el control posterior de la actuación de la entidad perceptora”. Hay otra especial aportación de la orden respecto al poder de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que podrá paralizar el expediente de gasto de transferencia de financiación a un ente, en caso de que este haya sido objeto de un informe de actuación.

Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta, conoció a través de los Informes de Cuentas Anuales de IFA desde el año 2001, y a través del llamado Informe Adicional, que la Dirección General de Trabajo estaba tramitando subvenciones excepcionales sin sujeción a trámite procedimental alguno, y de hecho en el citado informe adicional se tomó una muestra de 20 convenios de concesión de ayudas sociolaborales sin publicarse en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).