Un decreto de la Junta amenaza a Doñana: quiere abrir la mina de Aznalcóllar en 2015

El paraíso de Doñana se enfrenta otra vez a la amenaza de Aznalcóllar. La reapertura de la mina, prevista para 2015, y cuyos primeros pasos los dio la pasada semana la Junta de Andalucía con la publicación de un decreto-ley, hapuesto en alerta a las principales organizaciones ecologistas temerosas de otro gran accidente como el vertido de cinco millones de metros cúbicos del 25 de abril 1998, unade las mayores catástrofes medioambientales que ha sufrido España y que afectó al entorno de este singular y privilegiado espacio protegido europeo.

La Junta prevé la creación de 1.500 puestos de trabajo en el antiguo complejo minero de casi 950 hectáreas de superficie y posee unas reservas constatadas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata) de 35 millones de toneladas y otros 45 millones de toneladas de recursos probables. “La mayor parte de la infraestructura necesaria para la explotación de la mina, la corta minera, ya está construida, por lo que podrían reanudarse las actividades extractivas sin grandes transformaciones en el suelo”, sostiene el decreto-ley firmado por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 18 de diciembre.

¿Cuáles son los argumentos que expone el Gobierno andaluz para garantizar la solvencia del proyecto? La Junta ve en la minería un filón y para ello ha impulsado la estrategia Minera 2014-2010 “entendiendo que la riqueza que posee Andalucía en este sector debe ser aprovechada, máxime, en la actual coyuntura económica”, expone este plan. Para la reapertura de la mina de Aznalcóllar crearán un concurso internacional en el que no será admitida ninguna empresa que, directa o indirectamente, tenga relación alguna con la multinacional Boliden, que provocó una rotura en la balsa de Aznalcóllar en un tramo fluvial de 4.634 hectáreas y 62 kilómetros de longitud entre la mina y el límite con el Parque Nacional de Doñana, un entorno en permanente amenaza (El ocaso de Doñana) o los planes –ahora aparcados– de Repsol y Gas Natural.

Y aunque la Junta asegura que la reapertura de la explotación minera en Aznalcóllar tendrá que cumplir los estándares más elevados de protección y seguridad ambiental, “contando para ello con un proyecto que garantice la viabilidad medioambiental, técnica y social, incluyendo la restauración de la zona explotada”, grupos ecologistas como WWF España considera que Aznalcóllar fue “un error terrible para Doñana que no podemos repetir. La Junta de Andalucía debe rectificar”.

Entre las “prisas” y la “contaminación masiva”

Felipe Fuentelsaz, coordinador de Doñana de WWF, muestra su preocupación por “la rapidez con la que la Junta ha movido este tema y las prisas con las que ha sacado este decreto", toda vez que le recuerda "si éste es el modelo de desarrollo sostenible que quieren promocionar en el entorno de Doñana". "A todo el mundo nos viene a la cabeza el accidente de Aznalcóllar, ocurrido en 1998, y la problemática con la recuperación y la restauración del Guadiamar", destacó Fuentelsaz en declaraciones a Europa Press.

Ecologistas en Acción tildan como “demencial” la minería a cielo abierto. También recuerda que la explotación de Aznalcóllar sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. “Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del Río Guadiamar fue necesario un costoso programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros del erario público durante varios años”, critica el grupo conservacionista.

Sin director del Espacio Natural

El anuncio de la reapertura de la mina llega en un momento de incertidumbre para Doñana,después de que la Consejería de Medio Ambiente destituyera el pasado mes de noviembre al biólogo Juan Carlos Rubio como director del Espacio Natural Doñana antiguo Parque Nacional. El sustituto de Rubio, que estaba en el cargo desde 2007, se conocerá a mitad del mes de enero, según ha asegurado la propia consejería.

La Junta de Andalucía, además, sigue en pleito con Boliden. El Tribunal Supremo ratificó en 2011 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que invalidaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de marzo de 2004, que declaró que las entidades Boliden Apirsa, SL, Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas solidariamente a reembolsar a la Junta los gastos y costes del vertido que contaminó a 20.000 aves y una consecuencias aún más trágica: 12 toneladas de peces muertos.