IU quiere suprimir externalizaciones y despedir directivos de empresas públicas

Acabar con las externalizaciones y que todas las tareas de los 28.000 trabajadores de la administración paralela las asuma el sector público andaluz. Son las propuestas del grupo parlamentario de Izquierda Unida para no reducir salarios ni despedir a funcionarios de la Junta de Andalucía. Hay otra medida que adelanta el portavoz de IU, José Antonio Castro, en conversación con este diario: soltar lastre en el número de directivos de las empresas públicas de la Junta.

El ejemplo sería el de EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía), que llegó a contar con un directivo por cada cuatro empleados en una empresa con 700 personas en plantilla. En total había 67 directivos. El Gobierno andaluz, como adelantó ayer El Confidencial, ha elegido meter la tijera, en forma de ERE o despidos, en la administración paralela de la Junta, los “enchufados”, según los funcionarios andaluces.

El desencuentro y la tensión entre IU y la Junta, sobre todo con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya se ha hecho más que visible. A Castro no le gusta nada la expresión utilizada por Montero: (“No queda grasa por suprimir en la Junta”) y sostiene que ha llegado el momento de actuar de una manera más ágil, más ejecutiva, para reducir la administración paralela “no con una comisión de expertos que exponga unas conclusiones generales, sino consejería por consejería y empresa por empresa”, destacó a este diario el portavoz de la coalición de izquierdas.

Castro valora la eliminación de 101 entes instrumentales públicos en la Junta y la reducción de los sueldos en las empresas públicas, excepto el del director general de la RTVA, aunque cree que se debería hacer mucho más. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió en su discurso de investidura a racionalizar la administración paralela, que cuesta 5.000 millones de euros. La comisión de expertos aún no ha empezado a reunirse.

¿Qué es lo que propone IU? Un ahorro de entre 800 y 1.000 millones de euros que consistiría en la aplicación de nuevas tasas ecológicas y en reducir el precio de los edificios que la Junta de Andalucía tiene en venta. “Hay que ser realistas y no esperar a los precios de mercado de hace X años: conviene adaptarse y conseguir liquidez, pero tampoco se trata de malvender, ni de ofrecerlo a los listillos durante una subasta”, explicó Castro.

“Vamos a seguir discutiendo hasta llegar a algún acuerdo. Tenemos la necesidad de contar con el mejor presupuesto posible para el año 2014. Es verdad que hay disparidad de criterios, pero tampoco es para escribir una obra dramática”, expresó, de un modo muy gráfico, el portavoz parlamentario de IU. Las cuentas generales de Andalucía para el próximo año deberán estar presentadas el próximo 25 de octubre, según indica el Estatuto andaluz.