La Junta meterá la tijera a los 28.000 enchufados de la administración paralela

Izquierda Unida exige una subida de impuestos y el Ejecutivo andaluz se niega. “Se nota que no tienen cultura de gestionar Gobiernos. ¿Cómo vamos a aumentar la carga tributaria a los ciudadanos?”, se pregunta un miembro del PSOE de Andalucía en conversación con este diario. “Hay que elegir entre lo malo y lo peor”, aclara. Lo malo elegido es meter la tijera, en forma de ERE o despidos, en las 28.000 personas que forman la administración paralela de la Junta, “enchufados”, según los funcionarios andaluces.

Con 1.200 millones de euros menos que el Gobierno andaluz recibirá de la Administración Central, según los Presupuestos Generales de 2014, la Junta no está dispuesta bajo ningún concepto a despedir funcionarios y laborales (unos 50.000) y 200.000 entre personal de Educación y Sanidad. “La única solución sería no contar con interinos, aunque lo lógico sería rebajar los sueldos o incluso ERE; son decisiones dolorosas, pero no quedará más remedio. Montoro nos lo ha puesto muy complicado”, subrayan fuentes socialistas andaluzas.

Alicia Martos, presidenta del Sector de Administración general de la Junta de Andalucía de CSIF-A, tiene claro que la Junta de Andalucía debe hacer algo “si no hay dinero para todos”. “Yo no sé cuánta gente sobra, lo que sí sé es que a nosotros nos llevan recortando desde la época de Zapatero y el personal laboral de estos entes instrumentales siguen cobrando exactamente igual que antes; en un claro agravio a los que somos funcionarios”, destacó Martos en declaraciones en El Confidencial.

En público, la Junta aún no quiere adelantar sus planes. Las cuentas de Andalucía para el próximo año se harán “al límite” y “todo está en revisión”, según reconoce la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que lo único que especifica es la rebaja en el capítulo de inversiones “si queremos impactar lo menos posible en otras partidas presupuestarias”.

“Estamos ante un escenario muy duro”, destacó Montero, “y partiendo sobre ajustes realizados en años anteriores, no nos queda grasa en la Administración para seguir adelgazando. Queremos que haya menor pérdida de empleo posible y que no se disminuyan cuestiones salariales”, insistió la consejera, que valoró la eliminación de 101 entes instrumentales públicos en la Junta. Montero, eso sí, obvia que esta contabiliza 300 de dichos organismos. Díaz se comprometió en su discurso de investidura a racionalizar la administración paralela, que cuesta 5.000 millones.

La Junta de Andalucía se lamenta de que el Gobierno Central deje de cumplir la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, que obliga al Estado a invertir en Andalucía el 17,8% del presupuesto. En los PGE de 2014, el porcentaje se situará en el 17,3%. Antonio Maíllo, coordinador regional de IU, critica cómo Montoro haya reconocido que el Ejecutivo de Rajoy incumple el Estatuto a sabiendas. “No nos perdona que en Andalucía tengamos otra forma de hacer las cosas”, destacó.

Montero se las tendrá que ver frente a Izquierda Unida, que exige de una manera muy clara que la única salida para no tocar Sanidad y Educación pasa por aumentar la fiscalidad. De hecho, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, de la coalición de izquierdas, quiere que un hipotético impuesto a las grandes superficies se destine para aliviar a las pymes andaluzas. “¿Cada uno se va a inventar ahora una tasa para que su Consejería tenga más ingresos? Eso no puede ser”, expresa a El Confidencial un miembro de la Ejecutiva socialista andaluza.