El ex número 2 de Díaz alteró las cuentas del IFA para dar subvenciones sin control

Antonio Lozano, ex número 2 de Susana Díaz en la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, participó “activamente” en “alterar” el presupuesto del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) para dar subvenciones sin control en su etapa de director general de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda capitaneada por Magdalena Álvarez, según la imputación de la juez Mercedes Alaya contra Lozano por haber aprobado 12 expedientes investigados con modificaciones presupuestarias por importe de más de 57 millones de euros.

La magistrada acusa al exviceconsejero de la Junta de permitir presuntamente “el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y normativa concordante como la Ley de General de Hacienda Pública”. Según Alaya, lo que pretendía el ex alto cargo de la Junta era “en connivencia con otros, conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran subvenciones de espaldas a la Intervención de la Junta”.

Alaya le preguntó al acusado si se reunió como director general de Presupuestos con responsables de la Consejería de Empleo para analizar la necesidad y eficacia del programa 31.L, el llamado fondo de reptiles. En ese momento, la juez le llama la atención al abogado de Lozano, José María Mohedano, “porque le está tocando la chaqueta al imputado”, según consta en la declaración del inculpado a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Entre el “juego limpio” y el “teatro”

“Deje de interrumpir los interrogatorios y juegue limpio”, le indicó Alaya a Mohedano. “Yo no lo he interrumpido, no le he tocado la chaqueta y no acepto que se me diga que no juego limpio”. ¿La decisión de la juez? Ordena al abogado separarse a más distancia de su defendido. La tensión entre Mohedano y la magistrada llegó a un punto en el que el abogado indicó a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que su defendido iba a interrumpir el interrogatorio acogiéndose a su derecho a no declarar.

Tanto el Partido Popular como el sindicato Manos Limpias, personados en la causa, pidieron a Alaya una fianza de 96 millones de euros contra Lozano, a la que tendría que responder por el perjuicio a los fondos públicos de la Junta de Andalucía. Ni el fiscal ni el representante legal del Gobierno andaluz pidieron ninguna medida contra el exdirector general de Presupuestos. La juez tiene que resolver esta solicitud de fianza en los próximos días.

La exjefa de Lozano en la Economía y Hacienda, la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, se topó también con otro jarro de agua fría. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso interpuesto por Álvarez ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto de la juez que investiga los ERE falsos en el que la imputaba junto a otros 19 altos o ex altos cargos de la Junta. Álvarez declarará el próximo 8 de octubre ante la juez Alaya.