La Junta crea una ley anti cláusulas-suelo con sanciones de hasta 600.000 euros

Sanciones para las entidades financieras de hasta 600.000 euros. La Junta de Andalucía creará una ley pionera en España anti cláusulas-suelo dirigida a “proteger a las familias en situación crítica y en riesgo de desahucio”, según acaba de anunciar el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Diego Valderas, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La intención de la Junta es incentivar campañas de inspección para que se cumpla la ley, cuyo anteproyecto se ha aprobado esta mañana, y podría entrar en vigor, como máximo, antes del 28 de febrero (el Día de Andalucía) de 2014. Los notarios y registradores estarán obligados a advertir si observan cláusulas hipotecarias abusivas. Se erigirán como “defensores de los ciudadanos”, remarcó Valderas.

El anteproyecto establece la obligación de facilitar información básica en caso de que se indique un tipo de interés. Para que puedan compararse ofertas de diferentes entidades, deberá tomarse como referencia una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. Las entidades deberán advertir de existencia de las cláusulas-suelo y techo y “del posible riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimiento”.

La norma prevé incrementar la transparencia de las comunicaciones comerciales y a la publicidad: reforzará la protección de los prestatarios y de los avalistas y promoverá fórmulas voluntarias de mediación extrajudicial de conflictos, así como la utilización de un “contrato hipotecario de confianza” con la garantía de la Junta de Andalucía y de las asociaciones de consumidores.

El Gobierno andaluz también ha adoptado otras medidas para prevenir un caso de impago por parte del prestatario. El antreproyecto de ley prevé que el prestamista deberá informar al deudor, con cinco día hábiles de antelación, acerca del importe de los intereses de demora, la fórmula del cálculo y la fecha efectiva en que se llevará a cabo el cobro.

La entidad deberá conservar toda la documentación relativa a la concesión del crédito durante la vigencia del contrato y cuatro años más. Si no se formaliza el préstamo, estará obligada a conservar todo el expediente también durante cuatro años, especifica la norma. Valderas confía en la constitucionalidad del anteproyecto de ley y asegura que se han basado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía para asegurar su viabilidad jurídica.