El 'eterno' Gaspar Zarrías se salva de nuevo de la imputación

Todo un superviviente. Gaspar Zarrías ha superado la avalancha de petición de imputaciones dictada ayer por la juez Mercedes Alaya. El que fuera todopoderoso vicepresidente de la Junta de Andalucía se salva de la posible quema judicial en el caso de los ERE al no haber sido consejero de Empleo, Innovación o de Hacienda entre 2001 y 2009, el periodo que investiga Alaya, y las consejerías en las que la magistrada circunscribe su instrucción.

Durante esos años, Zarrías era el número 2 de Manuel Chaves y aunque aseguró en la comisión de investigación parlamentaria de las ayudas sociolaborales que jamás se reunía con director generales (negó que lo hubiera hecho con Francisco Javier Guerrero) sí que lo hizo con Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE, el hombre de la familia Ruiz-Mateos en la Junta. Zarrías se reunió en la Casa Rosa, antigua sede provisional de Presidencia de la Junta, con los Ruiz-Mateos.

Autodenominado “el interruptor” de la Junta, el ahora secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE sí mantuvo periódicos y constantes encuentros no sólo por supuesto con otros a los que solicitó Alaya su imputación como Chaves, sino con Griñán, cuando este era consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente económico; José Antonio Viera, exconsejero de Empleo; y sobre todo con Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación y uno de los hombres de confianza de Chaves y Zarrías en su Ejecutivo. Vallejo incluso sonó como sucesor de Chaves tras abandonar la Presidencia de la Junta en abril de 2009.

¿Cuál es entonces la clave para que Alaya no haya pedido su imputación? El haber sido consejero de Presidencia, una cartera que la juez considera que no tuvo nada que ver con la trama. Antonio Lozano, que fue viceconsejero de Susana Díaz en la Consejería de Presidencia e Igualdad, fue imputado el pasado mes de junio, pero no en su calidad de hombre fuerte de esta consejería, sino como director general de Presupuestos con la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, también imputada en este proceso judicial que se salda ya con 116 imputados.

El auto notificado ayer por la juez no supondrá, en clave política, ningún cambio en el bipartito andaluz. El PSOE seguirá teniendo a Izquierda Unida como socio de Gobierno. La decisión de Susana Díaz de no incluir en su Ejecutivo a ningún consejero relacionado directa o indirectamente con la trama de los ERE evita un posible distanciamiento institucional entre ambas organizaciones.

“Es un mazazo para la presidenta”

Lo que sí ha minado el ánimo del nuevo Gobierno fue el escrito judicial de Alaya. Se conoció cuando apenas se llevaban diez minutos del acto de toma de posesión de los consejeros. Fue entonces cuando empezaron a sonar los teléfonos móviles de los políticos y periodistas. “Políticamente no ocurrirá nada, pero sin duda es un mazazo para la presidenta. Se desvía la atención de lo importante, se vuelve otra vez al pasado….”, señalan a El Confidencial fuentes de la Ejecutiva regional.

Las casualidades de la instrucción, como ya publicó este diario el pasado 31 de marzo, también fueron destacadas por todos los socialistas consultados. “El auto no hay por dónde cogerlo, no es normal que se extralimite en sus funciones; esto tiene viso de posible prevaricación por parte de la juez…”, apuntan fuentes del PSOE andaluz.

Estas mismas fuentes subrayan cómo Alaya no ha articulado un escrito razonado de imputación y que les pide a los aforados que se autoinculpen basándose en un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla. “Esto es jurídicamente irrelevante, no tiene ningún sentido; la juez tiene miedo de llevar la causa al Supremo y que al final ni siquiera les llamen a declarar porque todo lo que ha dicho en sus autos son opiniones sobre el método de la transferencia de financiación. Puede tener razón, pero de ahí a imputar un delito…”.