Los otros imputados por la juez Alaya

A las imputaciones de Chaves y Griñán hay que sumarles las de los exconsejeros Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo. Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004. Durante su etapa y la posterior (la de Antonio Fernández), Viera logró 51 millones de euros de ayudas para los municipios de la sierra Norte de Sevilla, frente a los 31 millones del resto de Andalucía. “Pero no he dado ayudas a familiares directos”, declaró en la comisión de investigación de la ERE.

Lo bueno para Viera, el diputado más ocioso (cobra más de 5.600 euros al mes sólo por acudir al Congreso), es que Alaya ha centrado su investigación en la Consejería de Empleo y que carecería de sólidos argumentos jurídicos para vincularle al resto de la trama, sobre todo teniendo en cuenta que algunos fueron sus subordinados. Viera niega ser el ideólogo de los ERE. En la comisión de investigación defendió la legalidad del convenio para la partida 31 L de ayudas.

Manuel Recio fue consejero de Empleo del 22 de marzo de 2010 al 5 de mayo de 2012. Parlamentario andaluz por la provincia de Almería, defendió a ultranza la labor del que fuera el director general de Empleo de la Junta, Daniel Rivera, que ha situado "siempre dentro de la legalidad". “La Junta de Andalucía fue quien impulsó la investigación sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos y Rivera ha actuado con el mejor criterio”, según declaró Recio en mayo de 2012.

El “Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010” apunta a que el exdirector de Trabajo "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" de Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Francisco Vallejo está imputado en esta causa tras haber sido consejero de Innovación desde el 24 de abril de 2004 hasta el 23 de abril de 2009. Entre esta fecha y el 23 de mayo de 2012 fue senador en representación de la comunidad andaluza. Actualmente es parlamentario por la provincia de Jaén. Vallejo fue quien en su calidad de consejero ordenó otorgar la subvención de 10,1 millones de euros a Matsa, la empresa en la que es apoderada Paula Chaves Iborra, la hija de Manuel Chaves. En el caso de las ayudas sociolaborales, Vallejo atribuye la responsabilidad del fondo de los ERE a Empleo. “No se hicieron las cosas como se debía: con transparencia”, indicó el exconsejero durante su intervención en la comisión de investigación del Parlamento andaluz.

El caso Invercaria también ha pasado factura a Vallejo. Juan Gutiérrez Casillas, magistrado del Juzgado número 16 de Sevilla, pidió información el pasado mes de junio sobre el posible aforamiento de Vallejo. Se trata de una obviedad (es diputado en el Parlamento de Andalucía), pero es un trámite judicial indispensable de cara a una posible imputación por un presunto delito de malversación de caudales, tráfico de influencias y falsedad, la gestión de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria.

La Junta de Andalucía respaldó sin fisuras a Vallejo. "Aquí se cree en la honorabilidad de las personas y yo creo en la honorabilidad, por supuesto, y en el esfuerzo que ha realizado por el bien de Andalucía mi compañero Francisco Vallejo, claro que sí”, respondió el actual consejero de Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, también imputado. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, también valoró ayer el trabajo de Vallejo en la consejería.

¿Y Antonio Ávila? También parlamentario por Jaén, fue consejero de Presidencia y luego de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desde el 5 de mayo de 2012, hasta hoy que ha dejado su cartera al catedrático José Sánchez Maldonado. Ávila se llegó a quejar de “la injusta criminalización de los ERE”. Y ofreció datos: 81.464 trabajadores andaluces se vieron afectados entre 2001 y 2010 por expedientes de regulación de empleo; el 7,9% de estos ERE fueron subvencionados y sólo fueron irregulares el 0,29% del total.