Anticorrupción mete prisa a Alaya para que declaren ya 24 imputados de los ERE

Le mete prisa por la posible prescripción de delitos. La Fiscalía Anticorrupción exige a la juez Mercedes Alaya que fije el calendario de declaración de 24 imputados en el caso de los ERE falsos. Para la Fiscalía se trata de “no demorar en el tiempo” esta declaración “para poder avanzar sistemática en la instrucción de la causa y garantizar adecuadamente los derechos y garantías de éstos y también adoptar las medidas cautelares de naturaleza real que permitan al mayor reintegro posible de los fondos públicos presuntamente malversados”, según el escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso El Confidencial.

Entre los imputados (116 en total) que la Fiscalía exige su declaración por parte de Alaya se encuentran Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla (que lleva tres años en esta situación judicial y el primer ex alto cargo imputado en la etapa de Griñán); Fernando Mellet, ex directivo de Mercasevilla; Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía y Antonio Garrido Santoyo, uno de los primeros intrusos que se conoció del caso.

En la lista figuran otras dos figuras clave: José Enrique Rosendo Ríos y José María Sayago. Rosendo fue nombrado vicepresidente y consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso, localidad de la Sierra Norte de Sevilla. Empresarios de este municipio recibieron 50 millones de euros en ayudas sociolaborales, mientras que en el resto de Andalucía la ayudas a empresas fueron de 24,6 millones, “incluyendo en esta cifra las concedidas a los ayuntamientos no pertenecientes a dicha comarca”, según consta en el auto de Alaya del 10 de marzo de 2012.

La Fiscalía Anticorrupción también exige oficiar a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que aporte las conclusiones y los memorándum de trabajo redactados por los técnicos de auditoría sobre “Procedimiento de ejecución presupuestaria” conforme a un escrito de la Fiscalía de fecha 28 de enero de 2013 “petición ya reiterada en escritos de fecha 4 de abril, 6 de junio y 8 de julio”.

Al mismo tiempo, solicita a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y a la Intervención General del Estado para que informen sobre la situación de las investigaciones encomendadas por auxilio jurisdiccional y como policía judicial sobre las diferentes formas mediante las cuales se ha articulado el pago de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas desde el ejercicio 2000 por la Junta de Andalucía.

Dentro de la Operación Heracles existen cinco personas que todavía no han prestado declaración en sede judicial: María Ascensión de la Cruz Antona, María Luisa Rodríguez Márquez, Gemma Fátima Rodríguez Márquez, Beatriz Núñez Muñoz y Antonio Diéguez Viera, persona autorizada en la cuenta bancaria de la sociedad Promociones Vinícolas y que "habría recibido de manera irregular 90.080,97 euros" a través de Estudios Jurídicos Villasís, "quien a su vez los habría recibido de Uniter siguiendo instrucciones" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, según un auto de Alaya.

La Fiscalía aboga por fijar calendario para el resto de imputados que hasta la fecha no han prestado declaración, “sobre todo si atendemos al previsible incremento de éstos tal como se ha puesto de manifiesto en Auto de fecha 28 de junio de 2013 – 20 personas imputadas- y Auto de fecha 31 de julio de 2013- 23 personas imputadas-“, según escrito de la Fiscalía Antricorrupción.