El nuevo auto de Alaya abre la puerta a la imputación de Gaspar Zarrías

Ya son 116 imputados. La juez Mercedes Alaya ha engordado la lista de acusados en el escándalo de los ERE falsos con 23 personas más, entre las que se incluyen dos hijos de José María Ruiz Mateos, implicados en la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo en el hotel Cervantes de Torremolinos, propiedad del grupo Nuevo Rumasa. La relación de los Ruiz Mateos con Juan Lanzas, el conseguidor, y de este con Gaspar Zarrías abren ya la puerta de la imputación al exvicepresidente del Gobierno andaluz.

Aunque Alaya no puede imputar de modo directo a Zarrías (la magistrada sevillana sólo puede elevar la acusación al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), el auto ofrece pocas dudas para la juez: el número 2 de la Junta participó en reuniones con Lanzas en la Casa Rosa, la antigua sede provisional de la Junta de Andalucía, para agilizar ERE a los que acudió José María Ruiz Mateos y uno de sus hijos. El abogado Carlos Leal, imputado en el caso, reconoció ante la juez que también asistieron Martín Soler, entonces consejero de Agricultura, y Francisco Vallejo, responsable de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. La imputación Vallejo también está ya encima de la mesa. Soler ya no es aforado.

El letrado aseguró que Gaspar Zarrías "era el político que se interesaba y al que se acudía" para "solucionar los problemas de Primayor y de las empresas de la zona de Jaén". Leal explicó que la "problemática" de Primayor se trató de solucionar a finales de 2007. En esas reuniones se estudió que Dhul y Proasego-ambas pertenecientes al Grupo Nueva Rumasa- se instalaran en Jaén y recolocaran a los trabajadores de Primayor. Con posterioridad, Dhul recibió una subvención de 6,4 millones de euros y Proasego de más de nueve millones, aunque el imputado ha dicho desconocer si estas ayudas se abonaron por parte de la Junta, aunque "cree que la de Dhul" sí se pagó. Primayor fue la empresa que asumió los trabajos de la extinta Cárnica Molina de Jaény que cerró tres años después de comprársela a Campofrío.

La familia Ruiz-Mateos se convirtió en uno de los negocios más lucrativos de Lanzas. El conseguidorse pasaba por la mansión de Somosaguas para cobrar en billetes de 500 euros. Su misión pasaba por convencer a los trabajadores y a la Junta de Andalucía de las bondades de cuatro ERE de su grupo de empresas, entre ellas, Comercial Alimentaria Dhul, en Granda; las bodegas Complejo Bodeguero Bellavista (Garvey); Zoilo Ruiz-Mateos (Sandeman), de Jerez de la Frontera; y Europa Center, empresa del hotel Cervantes, en Torremolinos.

Lanzas fue buen amigo de Zarrías. Se hacían fotos juntos en actos públicos. “En el Ayuntamiento de Jaén tuvieron presencia protagonista. Zarrías se jactaba una y otra vez de que no se movía un papel de la Junta sin qué él lo supiera y que ahora reniega de Lanzas”, denunció el presidente provincial del PP jienense, José Enrique Fernández de Moya.

En la comisión de investigación de los ERE, Zarrías sabía muy bien lo que pasaba en su Consejería de Presidencia, pero ignoraba que existía la partida 31L, el llamado fondo de reptiles de la Junta de Andalucía. Llegó a decir que él carecía de cualquier responsabilidad política en este caso, aunque se reuniera con los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández para hacerles ver la necesidad de invertir en determinadas zonas o empresas.