El abogado del viceconsejero de la Junta acusa a Alaya de “corruptela procesal”

“Corruptela procesal” de la juez Mercedes Alaya. José María Mohedano continúa con su crítica directa, sin tapujos, contra la magistrada que instruye el caso de los ERE falsos en Andalucía. Mohedano, exdiputado del PSOE en el Congreso, ha emprendido una cruzada anti-Alaya para defender a su cliente, el viceconsejero de Presidencia e Igualdad de la Junta, Antonio Lozano, número 2 de Susana Díaz en la consejería.

Sostiene el letrado madrileño que los modos de la juez le recuerdan a “los tiempos anteriores al Estado de Derecho” promulgado en la Constitución de 1978. Ya el pasado jueves, en la declaración de Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía, el representante del ex director general de Presupuestos de la Junta en la etapa de Magdalena Álvarez al frente la Consejería de Economía y Hacienda, se quejó de las formas de la magistrada. Mohedano llegó a tachar su método de “inquisitorial y preconstitucional”.

El abogado fue más lejos y pidió que se grabaran las declaraciones del caso ERE para “evitar las cosas que suceden en este interrogatorio que cercena la espontaneidad” del imputado “con permanentes interrupciones, desmentidos y reconvenciones”. Tampoco entiende la “imputación selectiva” de Alaya al no imputar en el caso a ningún aforado, como la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y a José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y actual diputado en el Congreso.

El caso de Viera es el más flagrante, sobre todo sabiendo que Antonio Fernández, su sucesor, que fue viceconsejero con Viera, no sólo está imputado, sino que ingresó en prisión. Si Alaya imputara a Viera (es diputado en el Congreso), a Zarrías o a Griñán (con posible responsabilidad penal), perdería el caso.

“Es lamentable que impute a Magdalena Álvarez y no a Viera. ¿Por qué no lo hace ya? No tiene ningún sentido”, lamenta a El Confidencial un socialista muy próximo al presidente de la Junta de Andalucía en Los claroscuros de la instrucción de Alaya. Este hecho “pone en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva tanto de los imputados por el auto como de los no imputados en caso de que lo fueran en el futuro”, indica el recurso de Mohedano.

¿Defensa y acusación al mismo tiempo?

Respecto al mecanismo de pago de los ERE investigados, las transferencias de financiación, que la Cámara de Cuentas no auditó en una década como publicó El Confidencial el pasado domingo, Mohedano precisa que son presentadas “como actos de clara significación penal" pese a que la juez instructora "carece totalmente de competencia para pronunciarse sobre esa materia", que debería ser dilucidada por los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas, según Efe.

El PP-A exige formalmente la expulsión de la Junta de Andalucía del procedimiento judicial de los ERE, donde está personada, y registrará una petición para que el presidente, José Antonio Griñán, comparezca en el Parlamento andaluz antes de la sesión de investidura, que tendrá lugar la primera semana de septiembre. El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, argumenta la petición de expulsión de la Junta como parte personada en la causa en que "no tiene sentido que esté acusando y defendiendo a la vez".