EREs falsos: la juez reactiva un caso que amenaza con estallar a Griñán en plena campaña

Esta vez lleva cargada toda la munición. La juez Mercedes Alaya empieza el curso judicial andaluz con ganas de hincarle el diente a la trama de los EREs fraudulentos en Andalucía. Este viernes empieza a declarar el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo, acusado de cobrar 109.750 euros de la empresa Cydeplast. Rosendo jamás tuvo nómina en esta compañía.

El ex regidor sevillano (18 años en el cargo) figura como beneficiario del llamado fondo de reptiles de 700 millones de euros, destapado por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, y que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Guerrero fue quien firmó los EREs impulsados en 2003 y 2007 por Mercasevilla.

El auto de la jueza Alaya apuntaba a una trama de tráfico de influencias, además de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Guerrero concedió el dinero a Rosendo en 14 subvenciones para seis empresas entre 2002 y 2004. La sociedad Matadero de Sierra Morena, dedicada a elaborar productos del cerdo ibérico, acaparó el grueso de las subvenciones (3,8 millones) y es una de las empresas que más ayudas ha recibido por parte de la Junta sin un control posterior del destino de los fondos.

Alaya también tiene otro asunto pendiente. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo con Manuel Chaves, sigue imputado en el proceso y su acusación por parte de la magistrada conduce de manera directa a la implicación de los Gobiernos de Chaves, aunque Fernández se podría convertir en cabeza de turco para intentar que el escándalo pase de largo por los Ejecutivos socialistas.

Aun así, la pieza de oro no es Fernández, sino el senador José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla. Por su condición de aforado, la magistrada no puede acusar al cargo socialista. Alaya podría enviar el caso al Tribunal Supremo. En ese supuesto el caso estallaría en las manos del PSOE y ya no sólo afectaría a la etapa de Chaves sino a la propia candidatura de José Antonio Griñán a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Como ya publicó El Confidencial, el jefe del Gobierno andaluz conocía en su etapa de consejero de Economía del Gobierno andaluz de Manuel Chaves la trama de presuntas irregularidades en el pago de los ERES falsos. Griñán también avaló fondos de empleo cuando era consejero de Economía al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual IDEA, para gastos de explotación que se utilizaron en varios de los falsos EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) “al margen de la legalidad administrativa”.

Según un auto de la magistrada, la Intervención General puso de manifiesto “de forma reiterada y explícita” tanto a Griñán, hoy presidente de la Junta de Andalucía, a IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa que con la utilización del método de transferencia de financiación se había estado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado, que es la subvención excepcional”.