Ahora tocan las pensiones: el Gobierno prepara otro ‘decretazo’

El Gobierno afila sus uñas para otra reforma económica de indudable calado: la reforma de las pensiones. Según fuentes de toda solvencia, el Ministerio de Trabajo está ultimando su propuesta de reforma de la Seguridad Social, y con toda probabilidad la presentará en los próximos días ante la Comisión del Pacto de Toledo.

Aunque la reforma no está del todo perfilada, fuentes no oficiales que conocen las intenciones del Ejecutivo aseguraron ayer que la reforma viene “durita”. Es decir, que difícilmente va a contar el apoyo de los sindicatos, lo que obligará al Gobierno a aprobarla mediante real decreto ley, como ha sucedió con la reforma del mercado de trabajo. Zapatero anunció hace unos días que la reforma de las pensiones se hará en el contexto del Pacto de Toledo, pero esta intención choca con el objetivo de sacarla adelante lo antes posible para calmar a los mercados financieros. Y tampoco parece fácil un pacto político en un contexto tan encrespado como el actual. Y mucho menos en otoño, cuando se tramita el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

La Comisión del Pacto de Toledo, de hecho, lleva trabajando más de un año y sus resultados se limitan a la comparecencia de decenas de altos cargos y especialistas, pero sin que esas reuniones se hayan sustanciado en documento alguno. La propuesta del Gobierno se conocerá, en cualquier caso, antes del Debate sobre el estado de la nación que se celebrará el 14 y 15 de julio. El presidente Zapatero quiere presentarse ante el debate con los ‘deberes hechos’, lo que le permitiría aparecer ante Rajoy como una especie de ‘campeón’ de las reformas económicas, al contrario que el líder del PP, que no ha respaldado ninguna, salvo la creación del fondo de rescate de la banca.

El Gobierno ya presentó en enero de este año un documento en el que proponía ampliar la edad de jubilación de forma progresiva -no de una sola vez- de los 65 años actuales a 67, y por entonces la respuesta sindical se tradujo en una serie de manifestaciones en todo el país. Es decir, en línea con lo aprobado en algunos países europeos, aunque con una diferencia. En Francia Sarkozy ha anunciado que retrasará la jubliación de 60 a 62 años, y algo parecido ha sucedido en Grecia. 

Igualmente, por aquellas fechas, el Ministerio de Economía incluyó en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España enviado a Bruselas la ampliación del periodo de cálculo de la cuantía de las pensiones (actualmente fijado en 15 años), pero apenas unas horas después de filtrarse el cambio, el Gobierno desautorizó a los redactores del texto.

El Ejecutivo, sin embargo, parece haber desenterrado esa idea y es muy probable que la incluya en la reforma de las pensiones, amparándose ahora en la presión de los mercados y de los organismos económicos internacionales, que desde hace años han venido cuestionando la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, esta es la reforma con mayor impacto económico a corto plazo, toda vez que el retraso de la edad de jubilación se notaría a partir de la siguiente década.

Igualmente, entre los objetivos del Gobierno está la reforma de las pensiones de viudedad. Y, en concreto, se plantea la posibilidad de una indemnización en pago único o de una prestación temporal en determinadas situaciones, cuando la convivencia entre el causahabiente –según la terminología de la Seguridad Social- y el beneficiario o beneficiaria de la pensión ha sido corta,

Jubilaciones anticipadas

Entre las medidas de reforma que sugirió el Gobierno se encuentra, al mismo tiempo, la eliminación de las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada. Y en este sentido, se proponía que los contratos individuales de prejubilación establecidos en la Ley 40/2007 debieran limitarse para aquellos trabajadores que se encuentren fuera de la negociación colectiva, con compromisos claros de cofinanciación por parte de las empresas. Este asunto es extremadamente importante en unos momentos en los que el sistema financiero se enfrenta a una reconversión que se saldará con miles de prejubilaciones. Se habla de más de 20.000 empleos.

El Gobierno, de la misma manera, proponía incrementar las bases de cotización a la Seguridad Social para frenar las situaciones de mayor desproporción entre aportaciones y prestaciones y disminuir la economía sumergida. Es decir, reforzar la contributividad del sistema.

Como una especie de aviso para navegantes, este martes el secretario de la Seguridad Social, Octavio Granado, advirtió que si las pensiones volvieran a revalorizarse como en 2009, cuando subieron un 2% frente al 0,3% de inflación, el sistema de la Seguridad Social "sería insostenible".

"No hay sistema europeo que sostenga revalorizar las pensiones siete veces lo que crece la inflación", alertó Granado durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, para después abogar por "ajustar" la actual cláusula de revalorización, fijada en el objetivo del BCE del 2%, a los cambios de ciclo económico, informa Europa Press.

"El problema no es que las pensiones se revaloricen con el IPC, sino que el problema es cuando se hace siete veces más que el IPC, tal y como ocurrió en 2009", explicó el secretario de Estado, al tiempo que defendió la congelación de las pensiones en 2011 que aprobó el Gobierno en el plan de ajuste adicional, al calificarla como la "mejor solución". "Se ha producido una situación que el Pacto de Toledo no había previsto en 1995 (cuando se acordó establecer el 2% como cláusula de revalorización)", reiteró.