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Sin problemas. Rafael Perera, abogado de Jaume Matas, anunció que el ex ministro del PP desembolsará los 3 millones de euros que le exige el juez José Castro para evitar la cárcel. “La fianza se va a constituir en el plazo legal. El señor Matas la pagará”, adelantó Perera en declaraciones a El Confidencial justo el Día Horribilis para su cliente, que ha admitido haber pagado con dinero negro las reformas de su Palacete (un inmueble de lujo 450 metros cuadrados) de la calle Sant Felio de Palma.

El letrado mallorquín, que también representa legalmente a Maite Areal, la mujer de Matas, y al cuñado de éste, Fernando Areal, ex gerente del PP de Baleares, también lanzó otro mensaje: no quiere hablar más con ningún medio de comunicación: “Se han producido ataques contra mi persona. Es injusto. Yo no necesito protagonismo ninguno para promocionarme”, remarcó Perera, quien solicitó el cambio de sala ante la sospecha (infundada como se demostró) de la existencia de micrófonos y cámaras ocultas.

El ex president del Govern balear, sin pasaporte y casi sin amigos, como le retrató este diario en su fin de semana más amargo, tiene 72 horas para hacer frente a la exigencia del magistrado. El pago será en metálico o mediante un aval bancario. Cuenta con la ventaja de los días festivos de Semana Santa. Matas podría demorarse, como máximo, una semana (el miércoles 7 de abril). Y, aunque finalmente pague la fianza, cada día 15 días deberá comparecer en los juzgados.

El auto de medidas de cautelares de Castro desvela que está investigando la posibilidad de que el imputado haya podido “canalizar parte de los fondos obtenidos con la actividad delictiva hacia el extranjero, concretamente a Estados Unidos”. Añade el juez: “Se sospecha que en ese país o en otro vecino pueda guardar el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos, no accediéndose a las medidas sustitutorias propuestas”.

El juez: “[Matas] Bien puede darse por satisfecho”

El magistrado acusa de doce delitos a Matas en un auto muy crítico de 147 páginas, en el que utiliza un lenguaje muy duro con el ex ministro: “Es claro que el señor Matas ha venido a burlarse de los simples mortales”. Asimismo, ironiza con la expresión “hágase”, empleada “con mucha frecuencia” por el empleado y “rayana en la divinidad”.

Leyendo el escrito del juez no resulta aventurado pensar que él le hubiera impuesto una fianza aún mayor que la solicitada por los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. “Bien puede darse por satisfecho de que no hayan pedido una medida cautelar más severa", destaca Castro, que inculpa a Matas los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión. De todos modos, la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, según el Código Penal.

Rajoy elude el caso y no investigará las cuentas del PP balear

La contundencia del auto del juez  apenas ha inmutado a Mariano Rajoy. Pese a que el instructor considera que “el aumento injustificado del patrimonio” de Matas “es más que evidente”, y que el PP realizó diversos pagos con dinero negro, Rajoy eludió hacer comentarios sobre el caso y continuó con su agenda de trabajo en la Comunidad Canaria. Según fuentes populares, Rajoy tampoco tiene previsto ordenar una investigación interna de la cuentas del PP balear, ya que se entiende que la presunta corrupción es una cuestión personal de Matas, y no del partido.

“Quien mejor puede investigar lo que ha sucedido es la Justicia”, señalaron fuentes de Génova, que insistieron en que la contabilidad del partido “está clara y auditada por el Tribunal de Cuentas”. Sin embargo, la investigación ha evidenciado que la corrupción fue más allá del presunto enriquecimiento de Matas, y afectó al PP, donde el cuñado del ex presidente actuaba de gerente. El juez afirma, entre otras cosas, que existió una malversación de caudales públicos para pagar los servicios de vigilancia y limpieza ocasionados por un mitin de Rajoy en el Palma Arena en 2007; y que el PP cometió un presunto delito electoral al pagar en negro a la empresa de publicidad Nimbus, contratada para la campaña.

El perfil bajo elegido por Rajoy, que tampoco hizo comentarios sobre la alta fianza impuesta a Matas o el sueldo que éste cobró durante casi un año del partido sin justificación, fue aprovechada por el Gobierno y otros partidos para acusarle de “tibieza”. María Teresa Fernández de la Vega reclamó al presidente del PP “más claridad y contundencia”, mientras que desde el PSOE tacharon de “vergüenza” que los populares no aclaren las sospechas de financiación ilegal. Por su parte, la portavoz del Govern de Baleares, Joana Barceló, confió en que se obligue a Matas “a retornar el dinero defraudado a las arcas de la Comunidad”, si se confirman las acusaciones.

Fuentes del PP de las Islas replicaron que se trata de un auto “de un juez de instrucción, pero que aún falta el juicio y una sentencia”. “En la persecución contra nosotros es lógico que los fiscales pidieran y luego el juez aceptara esa cantidad a Matas, pero no creo que esto nos acabe perjudicando electoralmente. En Baleares se va a polarizar el voto. Ganaremos con mayoría absoluta”, añadieron.