"Podemos afirmar con rigor que la elección del CGPJ es inconstitucional 'de facto"

En cada tormenta, en cada trifulca, sobre la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre pasamos por alto la circunstancia paradójica de que a los que menos se oye es a los jueces. No se les escucha cuando todo el mundo opina sobre ellos, lo cual ya nos rebela la anomalía de lo que ocurre en esas alturas de truenos y confrontaciones, de intereses y vanidades. No se les escucha, pero no es porque ninguno de ellos hable, aunque sobre el colectivo se extienda un manto de silencio cómplice ante lo que sucede en los despachos del Poder Judicial.

Es el caso, por ejemplo, de esta mujer, Elisa de la Nuez, y de la 'Plataforma Cívica por la Independencia Judicial', cuya presidencia ostenta. Una asociación transversal de la que forman parte magistrados, fiscales, catedráticos y abogados, además de otros profesionales ajenos al mundo jurídico, pero preocupados por la politización de la Justicia.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado (Madrid, agosto de 1961), abogada del Estado en excedencia, una de las juristas más conocidas de España, habla sin tapujos de la contaminación política creciente que les ha llevado a solicitar al Parlamento y a la Comisión Europea "la intervención urgente de las autoridades supranacionales" en el despropósito judicial español.

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Pregunta. ¿Solicitar la "intervención europea" es como pedirle a Europa que le aplique a la Justicia española un 155?

Respuesta. No, hombre, no, no tanto… Lo que pasa es que como venimos denunciándolo desde hace años y la politización del Consejo General del Poder Judicial no solo no se corrige, sino que empeora, pues hemos pensado que la vía europea puede ser la más efectiva para detener esto. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez intentó reformar la Ley para elegir al Consejo por mayoría absoluta, la denuncia en Europa surtió un efecto inmediato; a ver si ahora ocurre igual. Porque, como le digo, ya se ha llegado al extremo de que ni siquiera son discretos con el reparto de los puestos. Antes, al menos, disimulaban, pero es que ahora se reparten los vocales públicamente como si fueran cromos.

P. En Europa, lo que mejor funciona a estos efectos de vulneración de derechos y libertades es la sanción económica. Lo hemos visto varias veces con algunos países del este, por ejemplo.

R. Es verdad, pero no creo que se llegue a ese extremo porque, hasta ahora, nunca se ha visto a España como un problema. Por eso es importante insistir en Europa con la denuncia para modificar esa conciencia general en el mismo sentido que ya lo ha hecho el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Y, a partir de ahí, esperar que cambien los partidos políticos españoles.

"Desde hace años, la politización del CGPJ no solo no se corrige, sino que empeora"

P. Porque en esto, claro, hay casi unanimidad por parte de los partidos políticos, ¿no?

R. Ciudadanos fue el único que presentó una reforma de la Ley de elección del Consejo General del Poder Judicial para ajustarla al espíritu de la Constitución y a la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso fue en la anterior legislatura; ahora, con la poca fuerza parlamentaria que tiene, no puede hacer casi nada. El resto, pues sí, ignoran completamente, no solo el tenor literal de la Constitución, sino lo que dictaminó el Tribunal Constitucional en la sentencia a la que me refería, cuando validó que la elección de todos los vocales se hiciera por las Cortes Generales siempre que se renunciara al reparto por cuotas de los grupos parlamentarios. Y eso es exactamente lo que se está haciendo desde hace treinta y cinco años, un reparto proporcional de los vocales dependiendo de la relación de fuerzas del Congreso. Es decir, podemos afirmar con rigor que la elección del Consejo General del Poder Judicial es inconstitucional de facto porque vulnera el espíritu de la Constitución y la sentencia de 1986 del Tribunal Constitucional que estableció cómo debía interpretarse correctamente la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

P. El problema añadido que acarrea todo esto es que cuando algunos arribistas cuestionan las sentencias judiciales en asuntos clave como el procés independentista, utilizan a su favor la manipulación política del Poder Judicial…

R. A ver… Es verdad que, aunque no se haga de forma directa, cuando se elige a los vocales del Consejo por cuotas políticas, es evidente que se produce esa sospecha de politización porque son ellos los que deciden los nombramientos del Tribunal Supremo. Claro que eso es muy preocupante, pero en absoluto podemos añadir que, en consecuencia, la actuación de los tribunales de justicia se corresponde con esa sospecha de politización. Eso no es así y lo podemos comprobar a través de muchas sentencias. Además, lo llamativo de quienes cuestionan las sentencias judiciales, como los independentistas o como Podemos, es que luego estén dispuestos a participar en el reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, critican la politización de la Justicia, pero solo cuando no participan ellos en el reparto de cromos. No, mire, lo que debemos exigir en España es un Poder Judicial completamente independiente de quien obtenga mayorías en las elecciones y gobierne. España no puede seguir siendo una excepción en Europa en el respeto a la independencia judicial; es el único país junto con Polonia en el que todos los vocales son nombrados por el Parlamento.

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P. Decía antes que ya ni se disimula en la elección de los vocales. ¿Lo que está ocurriendo desde hace dos años, con la renovación bloqueada, supone que se ha tocado fondo? ¿Es este el peor momento en cuarenta años?

R. Sí, probablemente hemos tocado fondo. Esto ya no aguanta, el espectáculo que se está ofreciendo es lamentable. Eso de debatir públicamente, sin cortarse, los vetos políticos a unos jueces y a otros para que sean vocales del Poder Judicial, es ciertamente muy vergonzoso.

P. ¿Y qué responsabilidad tienen en ese espectáculo las asociaciones judiciales, que podrían plantarse? Incluso las asociaciones de fiscales, que también podrían protestar. Y, por supuesto, los que ustedes llaman 'políticos togados'.

R. Hombre, tienen toda la responsabilidad, pues claro, empezando por los 'políticos togados'. Si no se prestaran a ese intercambio de cromos, la contaminación judicial no existiría. Así de claro. Si los jueces que nombran dijeran "oiga, que nosotros no nos prestamos a eso", pues se acabaría el problema, evidentemente. En cuanto a las asociaciones de jueces y de fiscales, no todas participan en ese sistema, como el Foro Judicial Independiente, pero es verdad que las mayoritarias sí están en ese juego político de alinearse con los partidos, el PSOE y el PP y, como tales, forman parte del problema.

"Hemos tocado fondo con el Poder Judicial. Esto ya no aguanta, el espectáculo que se está ofreciendo es lamentable, muy vergonzoso"

P. Si nada de esto cambia, dicen ustedes que se corre el riesgo de "pervertir la mentalidad de los jueces españoles".

R. Y lo decimos porque los jueces españoles saben que para llegar al Tribunal Supremo o a altos cargos de la Magistratura, tienen que jugar la carta política porque, si no lo hacen, no llegan. De modo que, o te resignas a no aspirar a ningún puesto de relevancia, aunque seas muy buen juez, o te prestas a la politización y haces el pasillo.

P. Por eso le decía antes lo de las asociaciones, porque es todavía peor que lo de los partidos políticos. Jueces que propician el control político del Poder Judicial.

R. Sí, eso es más grave porque sin ellos, sin los jueces que se prestan a eso, como le digo, no estaríamos en esta situación. Aunque sean pocos, hacen mucho daño porque arrojan una sombra de sospecha sobre todos sus compañeros y perjudican seriamente la imagen de la Justicia.

"Aunque sean pocos, hacen mucho daño porque arrojan una sombra de sospecha sobre todos sus compañeros y perjudican la imagen de la Justicia"

P. ¿Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, es también una forma de tocar fondo?

R. Es lo mismo, sí, aunque la degradación venga desde lejos. Se empiezan a bajar peldaños, uno tras otro, y cuando se dan cuenta ya han llegado al sótano, que es lo que también ha ocurrido con Dolores Delgado al elegirla fiscal general un día después de haber sido ministra de Justicia; así, directamente, sin disimular ni elegir al fiscal general de entre la asociación de fiscales que sea favorable a ese gobierno, como se hacía antes. También aquí ocurre lo mismo, la inmensa mayoría de los fiscales de España son independientes y neutrales, pero la imagen de la Fiscalía está contaminada políticamente por el nombramiento del fiscal general y, posteriormente, por las designaciones que realiza en cascada en el Ministerio Público.

P. A veces, da la sensación, por las noticias que van apareciendo, que lo de Dolores Delgado no va a acabar bien… No sé qué impresión tiene usted.

R. No sé cómo acabará, pero lo que está fuera de toda duda es que se está generando un serio conflicto de intereses. El fiscal general tiene que estar muy por encima de cualquier asunto que pueda afectar a personas de su entorno, y eso no está ocurriendo a tenor de algunas informaciones que se publican.

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P. ¿El sistema procesal español, que se remonta a finales del siglo XIX, no puede reformarse y modernizarse hasta que, previamente, se garantice la independencia de la Fiscalía?

R. ¡Naturalmente! Cada vez que se repite eso de que en otros países europeos la instrucción de los procesos judiciales los realiza la Fiscalía, se olvida añadir que la Fiscalía es independiente. Imagínese que la instrucción comenzara a depender del Ministerio Fiscal en este momento, con Dolores Delgado al frente… No, no, eso no puede suceder. Primero, una Fiscalía neutral e independiente y luego la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es fundamental que sea así.

P. Fíjese que, si contemplamos con cierta distancia lo que ocurre en España, como si acabásemos de llegar de otro país, nos espantaría ver que todas las instituciones y poderes del Estado están en crisis. El Ejecutivo y el Legislativo, por la fragmentación y la crispación creciente, el Judicial, por lo que hemos hablado, y hasta la Jefatura del Estado por los escándalos de la Corona… ¿Es una prueba más de la resiliencia histórica del pueblo español?

R. Es verdad que España tiene una gran capacidad de resiliencia, pero todo esto es muy preocupante. Cuando nacieron los nuevos partidos, tras las protestas del 15-M, pensamos que había una oportunidad de regeneración, pero ya vemos que no ha sido así. Los discursos reformistas y de lucha contra la corrupción se han olvidado ya, a pesar de que las cosas están peor de lo que estaban hace cinco o seis años. El deterioro institucional en España es grave y no parece que le preocupe a quienes tienen la obligación de corregirlo. Menos mal que, frente a eso, la sociedad española es fuerte, con un gran potencial, y se merece una mayor calidad institucional.

"Se empiezan a bajar peldaños, uno tras otro, y cuando se dan cuenta ya han llegado al sótano, que es lo que ha ocurrido con Dolores Delgado"

P. ¿La corrupción política en España es coyuntural o estructural?

R. Pues no sé si es estructural, pero lo que sí podemos afirmar es que en los partidos políticos no existen controles internos que eviten esos casos de corrupción. No solo eso, sino que, encima, lo que vemos es que se quieren quitar controles, como pretende el Gobierno con los fondos europeos para la recuperación de la pandemia. Es decir, en vez de reforzar las medidas para evitar casos de corrupción, se relajan... Y no es que estemos inventando nada, es que ya ha pasado muchas veces. Ahí están los ERE de la Junta de Andalucía, que es un ejemplo perfecto de lo que puede volver a pasar con los fondos europeos en el Gobierno. Si con la excusa de agilizar la utilización del dinero se vuelven a reproducir esquemas que han dado lugar a casos de corrupción, ¿por qué no nos vamos a encontrar con los mismos problemas?

P. Hablábamos antes de la distorsión del espíritu constitucional en lo referente al Poder Judicial. Peor aún es lo ocurrido con el concepto de inviolabilidad del Rey que se cita en la Constitución: se ha extendido a todos sus actos, cuando debe referirse solo a los asuntos de su papel como Jefe del Estado.

R. Claro, el Rey no tiene responsabilidad en los actos públicos que le incumben como Jefe del Estado, como cuando refrenda las decisiones del Poder Ejecutivo en las que no participa, obviamente, pero todo lo concerniente a su vida privada debe quedar al margen de esa inviolabilidad. No sé, igual ustedes, los periodistas, sabían más sobre la vida privada de Juan Carlos, pero yo, como creo que muchísimos españoles, nos hemos enterado ahora, de sopetón, y nos hemos quedado muy sorprendidos de cómo ha podido ocurrir todo eso durante tantos años. Nos quedamos con la sensación de que se ha tapado, o se ha querido mirar para otro lado, y ahora nos enfrentamos a un escándalo mayúsculo.

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P. ¿Y no le parece que todo comienza a pervertirse cuando, hace muchos años, llegan demandas de paternidad contra el rey Juan Carlos y se rechazan por esa interpretación abusiva de la inviolabilidad constitucional?

R. Bueno, no sé cuál es el orden cronológico de ese despropósito, pero el resultado es el mismo, un manto de silencio que, cuando se descubre, nos muestra este escándalo. Ahora lo que hay que hacer es legislar, aprobar una Ley de la Corona, que aclare los conceptos e impida que vuelvan a pasar esas cosas. Aunque ya hemos visto, con lo de las vacunas de las Infantas Elena y Cristina, que a veces son los propios miembros de la familia real los que no son conscientes de la gravedad de lo que está ocurriendo. Como ha pasado con algunos alcaldes y concejales, las Infantas están obligadas a un plus de ejemplaridad. Si no entienden eso, es que no entienden nada.

P. Dígame una cosa más. ¿Le defraudó su paso fugaz por la política a la vista de cómo se ha estrellado Ciudadanos, quizá un fenómeno único de ‘pompa de jabón’ en política?

R. Pues sí, como usted dice, no le deja a uno bien el cuerpo… Pensábamos que era un proyecto ilusionante de regeneración en España, por eso me impliqué como asesora durante un par de años, pero ya vemos cómo ha terminado todo. Muy decepcionante. El problema fue haber perdido de vista el propósito reformista con el que nació Ciudadanos y que ilusionó a tanta gente. Me refiero a que lo fundamental de Ciudadanos no era la pugna política porque, como partido de centro reformista, podía hacer de bisagra a la izquierda y a la derecha. Se trataba de poner las reformas encima de la mesa como exigencia para negociar con la izquierda o con la derecha, con quien pudiera formar gobierno, porque lo esencial no era el color político del Gobierno sino las reformas. Cuando eso se pierde, y Ciudadanos se centra en la lucha por la hegemonía del centro derecha, es cuando comienza el declive porque pierde la utilidad que atrajo a muchísimos votantes.