Hablan las juezas de violencia de género: "Cuando intervenimos, ya es tarde"

"La mató mientras dormía. Nunca vi tal grado de crueldad. Él lo justificaba con lógica enfermiza: 'Quería dejarme". Isabel Moreno recuerda este caso entre los cientos que cada día pasan por sus manos en el juzgado especializado en violencia de género que dirige en Jaén. Duda cuando se le pregunta por uno en concreto, uno que tenga grabado a fuego. "Son tantos...", explica. Lo mismo le sucede a María Jesús López Chacón, que ejerce idénticas funciones en Madrid. Para ella, el Caso, con mayúscula, fue el de una vecina que sufrió el acoso ensañado de una pareja que se obsesionó con ella. Pintadas con su foto. Mensajes en redes sociales con su imagen. Zorra, puta. "Acabó destrozada", lamenta.

Desde Granada, Aurora Angulo guarda, sin embargo, un recuerdo bonito. "Me quedo mucho con las caras. Verlas entrar con esa angustia e irse con un principio de solución es lo que me llevo. Recuerdo a una señora, condenamos a su marido. Cuatro meses después, vino a darme las gracias. Son esas cosas las que te empujan a seguir cada día", recuerda.

Distintos puntos de España, distintos juzgados, pero enormes coincidencias. Las tres magistradas concuerdan en el análisis de un fenómeno que cada año acaba con la vida de decenas de mujeres y deja marcadas a miles. Viajan entre la satisfacción de que su labor logre proteger a muchas y la frustración de no poder protegerlas a todas. Ven desde una posición privilegiada las lagunas del sistema. También su evolución.

Cualquier mañana de cualquier día del año, su trabajo se basa en hacer de escudo para parar los golpes. Las situaciones que afrontan llegan a sus juzgados a través de denuncias, de la propia víctima o de su entorno. "Cuando nosotros los jueces intervenimos, ya es tarde. El daño ya está hecho", lamentan. Su prioridad siempre es garantizar la protección de la afectada, de la forma más rápida y eficaz posible en función de cada situación y del nivel de riesgo. Formando equipo con la Fiscalía, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los Servicios Sociales, determinan de qué manera pueden tratar de evitar que se reproduzca el maltrato. Órdenes de alejamiento, pulseras de control, destierro de la localidad de residencia para el agresor. En los casos más graves, cuando se han producido intentos de homicidio, prisión.

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Isabel, María Jesús y Aurora destacan la evolución del sistema de intervención que —dicen— cada vez es más eficaz. "Es casi perfecto desde el punto de vista procesal", dice una de ellas. "Se ha perfeccionado en los últimos años y funciona", dice otra. Inciden en transmitir que hay centenares de profesionales trabajando para ayudarlas. Para proporcionar apoyo. Para sacar a las afectadas del círculo de la violencia. "Esta es de verdad la Justicia rápida, la que actúa en el momento", defiende la tercera.

Sin embargo, no todo es eficaz. Ni mucho menos. Las magistradas insisten en que es necesario trabajar y centrar esfuerzos en mejorar lo que sucede antes y después de su intervención. Las palabras 'prevención' y 'seguimiento' son casi un mantra para las juezas consultadas, a las que les preocupa cómo contener el aluvión de casos diarios y cómo evitar un mal que todas detectan: las mujeres que denuncian (una mínima parte de las que sufren violencia de género) se echan muchas veces atrás. "Se necesita esa red de apoyo para sostenerlas", explica Aurora.

Desde Jaén, Isabel destaca que aún faltan información, formación y concienciación social. El 80% de las mujeres que mueren a manos de sus parejas nunca ha presentado denuncia. Muchas de ellas ni siquiera consideran acoso o maltrato algunas de las prácticas que viven cada día. El control enfermizo de sus hábitos, relaciones. De su ropa. De su móvil. Con quién están. Con quién hablan y cuándo. Reclama oficinas de detección con personal especializado. Más profesionales que se sumen a la buena voluntad con que se funciona a veces.

María Jesús pone por su parte el acento en ese 'después'. "Ellas llegan al juzgado y se van con su auto y no saben qué hacer", explica. Muchas de las víctimas carecen de medios económicos y de apoyo social. No saben cómo seguir adelante solas o sacar adelante a sus hijos. Y la familia puede convertirse en un enemigo. Lo que encuentran en sus más cercanos es, a veces, "incomprensión por el paso dado y presión para que lo reviertan". Conseguir que sean realmente autónomas a través de apoyo económico y psicológico es fundamental, dice.

Más jóvenes y más vulnerables

A lo largo de los años, han ido apreciando un cambio en el patrón de la violencia de género. Coinciden en destacar la cada vez mayor juventud de las víctimas. Niñas y adolescentes de 13, 15, 17 años, que para las tres juezas representan un cambio de paradigma que no saben explicarse. "No llegamos a entender cómo es posible que chicas tan jóvenes asuman como algo natural el marcaje obsesivo a que se las somete en muchos casos". Justifican esta evolución a peor por la evolución de la comunicación, las redes sociales, las letras de determinada música. Ahora hay muchas más formas de controlar. "¿Con quién hablabas a las dos de la mañana? Estabas en línea".

En esos casos, suelen ser los padres de la menor los que denuncian para proteger a su hija. Y hay que luchar con la niña, que justifica la situación. Es habitual oírlas decir "me está controlando porque me quiere", "me quiere tanto que no me deja salir a la calle". Las juezas consideran esencial, aquí, la labor de los centros escolares, que pueden ayudar a que los más jóvenes —ellas y también ellos— sepan identificar y reconocer comportamientos peligrosos.

Los datos que maneja el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ofrecen una traducción en cifras de la visión que transmiten los juzgados especializados. Durante el primer semestre de 2020, murieron 21 mujeres a manos de sus parejas. El porcentaje de muertes por violencia de género sobre el total de ellas en el ámbito de la pareja o expareja alcanza así un 87,5% en ese periodo. Los tribunales tramitaron en esos seis meses 70.723 denuncias. Enjuiciaron a 16.908 personas. Un 72,2% de los maltratadores resultaron condenados. Los juzgados acordaron un total de 14.925 órdenes y medidas de prevención. Tres menores murieron.