ACS pagó un millón en regalos y facturas falsas para entrar en la trama del agua

ACS abonó presuntas facturas falsas por valor de 1.137.312 euros para entrar en el proyecto de la desaladora de Escombreras (Cartagena), un negocio redondo por el que esperaba ingresar 600 millones de las arcas públicas con la “connivencia y activa participación” del Gobierno murciano del PP. Archivos y documentos encontrados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, responsable de la investigación del llamado caso La Sal, revelan que el grupo ACS fue consciente de que esos pagos eran irregulares y decidió improvisar una cláusula para que no le salpicaran posibles “consecuencias fiscales, legales o de cualquier otra índole”.

Los hechos se remontan a los inicios de la planta, impulsada en un primer momento por inversores locales que consiguieron las licencias para construirla y explotarla. Tedagua, una de las filiales del grupo que preside Florentino Pérez, les compró el 75% de la sociedad que crearon para desarrollar el proyecto, Hydromanagement SA. Pactaron que el grupo ACS abonara, a cambio, 1,1 millones de euros como compensación por los supuestos trabajos en los que ya habían incurrido los vendedores. El preacuerdo se cerró en septiembre de 2005 y en las semanas siguientes se llevó a efecto.

Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional apuntan ahora que los supuestos trabajos que sirvieron para tasar en 1,1 millones de euros la entrada de ACS no habrían existido y que se emplearon facturas simuladas para justificar ese movimiento de dinero. Según consta en el informe de más de 200 páginas de la UDEF, al que ha tenido acceso El Confidencial, empresas controladas por los propios inversores locales de Hydromanagement SA emitieron las facturas para dar apariencia de legalidad al aterrizaje de ACS en el proyecto.

La clave está en la cláusula tercera del acuerdo, que fijó que la cotizada desembolsaría el 51% de: a) 500.000 euros en trabajos efectuados supuestamente por la propia Hydromanagement; b) 600.000 euros que iban a ser facturados en el futuro por las gestiones de Incogás SA, vinculada con uno de los socios, y c) 265.624 euros por servicios de Cetec SA, otra mercantil de los dueños de Hydromanagement. El contrato aseguraba que todas esas partidas se correspondían con “gastos de promoción”, aunque no aclaraba cómo se habían generado exactamente los cargos ni quiénes habían sido los destinatarios finales del dinero. Además, el contrato estipulaba que ACS debía pagar a los vendedores otros 459.000 euros en concepto de prima por acción.

"Conocedores de diversas irregularidades"

La UDEF no ha profundizado en lo que ocurrió luego con el dinero de ACS —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—, pero la operación provocó inquietud en la cúpula de la multinacional. Un archivo hallado en un registro indica que un directivo del grupo, Cristóbal González Wiedmaier, actual director financiero de ACS Industrial, introdujo a última hora una adenda en el contrato que fijaba que los socios fundadores de Hydromanagement “y todas aquellas empresas bajo su control directo o indirecto” se comprometían a “subsanar, deshacer o corregir en el plazo más breve posible todas aquellas irregularidades, contratos y obligaciones adquiridas que no resultaron finalmente necesarios para el éxito del proyecto, que incluyen entre otras", admitió el directivo, "la compra de regalos (...)”.

Sin embargo, González cambió de opinión solo un mes más tarde. Según el informe remitido por los investigadores al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, el alto cargo del grupo ACS renunció finalmente a exigir que se subsanaran las irregularidades que iban a sufragarse con los 1,1 millones de la constructora y se limitó a levantar un cortafuegos que frenara posibles daños para el 'holding'. “Adicionalmente, los vendedores y todas aquellas empresas bajo su control directo o indirecto se responsabilizan de todas las consecuencias fiscales, legales o de cualquier otra índole”, reflejó el directivo en la versión definitiva del contrato. Este conservó el reconocimiento de la "compra de regalos".

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De esas modificaciones se desprende, a juicio de los agentes, que el grupo ACS “estaba intentando dejar constancia de manera clara que, aun siendo conocedores de diversas irregularidades [como la compra de regalos] llevadas a cabo por los socios vendedores de las participaciones, ellos no se responsabilizaban en última instancia de los actos de cuestionable licitud cometidos por estos últimos”. Eso “no será óbice para pactar los pagos necesarios (1.137.312 euros) para el acceso al negocio de construcción de la desaladora”, concluyen.

“Todo el riesgo” para la Administración

El caso La Sal ha puesto sobre la mesa muchas más irregularidades, como desveló El Confidencial este lunes. En la mayoría habrían participado de forma “activa” numerosos cargos políticos del Gobierno regional del PP. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional señalan que, con una actuación sostenida en el tiempo, dirigentes populares permitieron que “el coste y el riesgo” de la desaladora fueran asumidos en exclusiva por la Administración pública, “dejando a la parte privada [es decir, a ACS y los inversores privados] exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.

En lugar de sacar a concurso la planta, el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel (1995-2014) sorteó la Ley de Contratos del Sector Público permitiendo que la Administración regional entrara en el proyecto cuando ACS ya había diseñado el negocio: recibiría un total de 600 millones de los presupuestos murcianos hasta 2034. A través de una sociedad pública, Hidronostrum SA, el Ejecutivo del PP adquirió en febrero de 2006 el 51% de la mercantil constituida por ACS para levantar la planta, Desaladora de Escombreras SA.

El informe policial también cuestiona que, contra toda lógica, el Gobierno autonómico asumiera en solitario la presentación de avales para conseguir que Banesto financiara la obra. Ni la Intervención ni los servicios jurídicos regionales se pronunciaron sobre ese compromiso multimillonario. A cambio, el gabinete de Valcárcel solicitó informes a despachos de abogados externos que, por supuesto, respaldaron sus decisiones. En 2010, cuando Desaladora de Escombreras SA estaba ya en causa de disolución y ACS trataba de salir urgentemente de la infraestructura, el Ejecutivo murciano compró a la compañía de Florentino Pérez su 49% restante, convirtiéndose de ese modo la Administración en el socio único de la planta. “Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”, señala la UDEF.

Una docena de imputados

Tras su salida, ACS acudió a los tribunales para reclamar al Gobierno murciano los 600 millones de euros por el supuesto incumplimiento del plan de pagos que la propia constructora se había concedido al inicio del proyecto. La petición aún no se ha resuelto, pero si la Justicia le da la razón, la multinacional cosecharía una rentabilidad del 60.000% en los 1,1 millones de euros que invirtió al principio “en gastos de promoción” y “compra de regalos”.

Por lo pronto, tras recibir el informe, la jueza que instruye la causa, María del Mar Azuar, ha decidido imputar al exconsejero de Agricultura y responsable directo del gasto público en la desaladora Antonio Cerdá; a los exgerentes del ente del agua (EPA) que canalizó los fondos regionales Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; al abogado que representó a ese organismo, Antonio Arnaldos; a los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y a los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.