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La Fiscalía estudia la suspensión de actividades de ANC y Òmnium
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La Fiscalía estudia la suspensión de actividades de ANC y Òmnium

La entrada en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart puede ser sólo el primer paso

Foto: Concentracion contra el encarcelamiento de los líderes de ANC y Òmnium. (EFE)
Concentracion contra el encarcelamiento de los líderes de ANC y Òmnium. (EFE)

La entrada en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart puede ser sólo el primer paso. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el departamento dirigido por José Manuel Maza estudia las vías para reclamar una suspensión de actividades de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las plataformas que ambos acusados por sedición emplearon en las movilizaciones del 20 de septiembre y durante la jornada del 1 de octubre y los días posteriores.

El Ministerio Público vincula con la comisión de sedición no sólo a los presidentes de las dos asociaciones sino también a las dos entidades soberanistas como personas jurídicas. Por ello, se plantea reclamar que se limite su acción mediante esta medida preventiva que suele llevar aparejada el cierre de locales y de páginas web y puede alargarse un máximo de cinco años. Se ha topado, no obstante, con un dilema: las personas jurídicas no pueden ser perseguidas por este delito, que no figura en el catálogo de supuestos del Código Penal.

Las fuentes consultadas exponen que esta inhabilitación parcial y provisional puede fundamentarse, no obstante, desde otras perspectivas legales. Aunque no cabe acusar directamente a las asociaciones de conductas sediciosas, la limitación de las actividades puede formularse si existen pruebas de que ANC y Onmium estén siendo empleadas para fines ilegítimos.

El Código Penal recoge en su artículo 570 y siguientes este supuesto, aplicable a grupos que, aunque no revistan las características de organizaciones criminales, "tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos". "Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos, acordarán la disolución de la organización o grupo", prosigue la norma. Existen también posibilidades de instar la suspensión a través de la vía administrativa.

La Audiencia Nacional ya ha empleado esta arma legal en el pasado aunque siempre en relación con delitos terroristas. En agosto de 2002 suspendió a Batasuna en lo que resultó ser un paso previo a su ilegalización por parte del Tribunal Supremo. La misma suerte corrieron los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). También Causa Galiza después de que varios miembros del colectivo independentista fueran acusados de enaltecimiento.

Los dos presidentes se encuentran encarcelados desde este lunes cuando la jueza encargada de la causa Carmen Lamela dictó su prisión provisional al considerar que "apelaron a la resistencia con el fin de impedir la aplicación de la ley". Sus plataformas han organizado desde entonces distintos actos de protesta, el más destacado, la manifestación de Barcelona que reunió a 200.000 personas.

"Por más personas que encarcelen, siempre habrá relevo. Tenemos una magnífica cantera, que es el pueblo de Cataluña", prometió en la concentración el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro. El portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, también se dirigió a los congregados y pidió seguir "en paz y con serenidad" pero "con la máxima determinación" el camino hacia la independencia.

La entrada en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart puede ser sólo el primer paso. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el departamento dirigido por José Manuel Maza estudia las vías para reclamar una suspensión de actividades de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las plataformas que ambos acusados por sedición emplearon en las movilizaciones del 20 de septiembre y durante la jornada del 1 de octubre y los días posteriores.

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