Rajoy y Sánchez pactan la vía para debatir la reforma constitucional tras el 1-O

El Congreso abrirá una vía para buscar una salida dialogada en Cataluña, con una reforma constitucional en el horizonte, en una comisión del Congreso, tras el 1 de octubre. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado los detalles de la puesta en marcha de esa comisión, que fue aprobada ayer en la Mesa del Congreso, en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña.

La comisión permanente fue propuesta por el líder socialista, se constituirá durante el mes de octubre y tendrá carácter permanente, es decir, sin plazo fijo para finalizar sus trabajos, aunque el PSOE prevé que durará, al menos, cuatro meses. Su creación tiene el apoyo de 300 diputados, es decir, el 90% del Congreso, y es la primera mínima grieta en el grave enfrentamiento institucional y político.

El nombre oficial es comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, y la intención de los promotores es que se aborden varios bloques de temas, siempre referidos al modelo territorial, como por ejemplo competencias o financiación, entre otros. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, deberá decidir cuándo se reúne y los partidos deberán designar a sus representantes. Por el momento, en aplicación de la sintonía entre Rajoy y Sánchez, Pastor ha intervenido ya para agilizar la creación antes del referéndum ilegal, al adelantar ayer la reunión de la Mesa de la Cámara, puesto que la próxima semana ella estará de viaje oficial fuera de España. Y ha trasladado a Margarita Robles, portavoz del PSOE, su voluntad de agilizar su creación formal.

El PSOE, impulsor de la comisión, ha tenido apoyo del resto de partidos, salvo Ciudadanos y ERC

Lo primero que hará, una vez elegida la mesa y la presidencia de la comisión, que deberán negociar los principales partidos, será aprobar un plan de trabajo que se iniciará con comparecencias de expertos y petición de documentación. Fuentes del PSOE aseguran que entre esas comparecencias se incluirán presidentes autonómicos, para que den su visión del Estado autonómico. Entre los citados estará Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña. Al no ser una comisión de investigación, los citados no estarán obligados a comparecer, aunque los partidos promotores entienden que si se negaran, tendrían que justificar políticamente su ausencia.

La petición del PSOE señalaba expresamente que "el desencuentro en materia territorial tiene su manifestación más intensa en Cataluña, donde es urgente la apertura de cauces de diálogo para dar respuesta a los conflictos pendientes respetando todas las sensibilidades, porque Cataluña forma parte del corazón de España" y menciona la futura reforma del Título VIII de la Constitución, el que diseña el modelo de Estado.

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De los trabajos de esa comisión saldrá un dictamen que tendrá que ser sometido al pleno del Congreso para su aprobación. En ese dictamen se incluirán recomendaciones o bases para un futuro consenso sobre la reforma constitucional, estableciendo las prioridades y, probablemente, los límites. Según los plazos calculados, ese informe no estará concluido como mínimo antes de mediados de 2018. A partir de ese momento, si hay acuerdo, debería ponerse en marcha la ponencia constitucional que empiece a elaborar la que sería la primera reforma de calado de la Constitución.

Esa reforma tendría que ser sometida a referéndum no antes de 2019, entre otras cosas porque Podemos se comprometió a llevar a las urnas cualquier cambio aunque no afecte a artículos especialmente protegidos, y tiene mayoría suficiente para hacerlo. A mediados de 2019 serán las elecciones municipales y autonómicas.

El calendario inicial está lógicamente sometido a futuros acontecimientos, como una eventual declaración unilateral de independencia en Cataluña o unas elecciones autonómicas en esa comunidad.

El PSOE tiene desde hace varios años un dibujo de reforma constitucional encaminada a un Estado claramente federal. Ha incorporado en la última etapa la referencia a la España plurinacional, aunque aún no la ha desarrollado.

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El PP se ha resistido siempre a esa reforma y la ha condicionado a que se aborde con límites previos para acotarla y a que tenga un consenso suficiente de partida. Sus votos, además, son imprescindibles, porque puede vetarla en el Senado, y, en todo caso, el PSOE siempre ha considerado necesario ese consenso entre los dos grandes partidos.

De hecho, a principios de año, Rajoy trató con Javier Fernández, entonces presidente de la comisión gestora del PSOE, establecer límites a una eventual reforma constitucional. Es la primera vez que los populares aceptan dar el primer paso para la puesta en marcha de un proceso de reforma constitucional.

La portavoz del PSOE será Meritxell Batet

Podemos pretende una reforma más amplia y mantiene la propuesta de referéndum pactado en Cataluña. Este mismo domingo tiene prevista una reunión con parlamentarios y alcaldes para impulsar esa propuesta. La creación de la comisión parlamentaria busca adelantarse a ese cónclave, aunque el grupo parlamentario que encabeza Pablo Iglesias ha dado su apoyo a su creación en la Junta de Portavoces y en la Mesa.

Ciudadanos ha sido reacio a la comisión y a la propia reforma constitucional, por eso se opuso a su creación el pasado martes en la Junta de Portavoces del Congreso y ayer en la Mesa. También se ha opuesto ERC, aunque el PSOE considera que ambos partidos terminarán participando en sus trabajos.