Maza ordena citar a los 712 alcaldes rebeldes y detenerles si no comparecen

Elfiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado órdenes a las fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para que abran diligencias de investigación con el objeto de esclarecer los actos de cooperación para la celebración delreferéndum por parte de más de 700 alcaldes de municipios catalanes. En una instrucción hecha pública este miércoles, Maza recuerda que el Tribunal Constitucional ha prohibido los actos de organización de la consulta ilegal y ha ordenado notificarlo personalmente a todos los ediles.

A pesar de ello, la Asociación Municipios por la Independencia ha hecho público que "un nutrido grupo de alcaldes" ha firmado un decreto para poner a disposición del Govern los locales municipales necesarios para colocar las urnas el 1-O. Por ello, reclama que, además de iniciar la investigación de estos actos, se cite a declarar a todos ellos como investigados. Si no comparecen, se les detendrá, agrega, acción que deberán realizar los Mossos d'Esquadra. Según el listado que maneja el Ministerio Público se trata, en concreto, de 712 alcaldes rebeldes.

[Esta es la lista de los 712 ayuntamientos rebeldes]

La instrucción concreta, además, que a la vista del elevado número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población. En la lista de ayuntamientos figuran Girona, Vic, Manresa y Martorell, entre otros de alta población. También están Villanova i la Geltrú, Reus, Vilafranca del Penedés y municipios relacionados con los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils, como Alcanar o Subirats.

"La notoriedad de la prohibición de los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin" sea constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por hasta 20 años, destaca Maza.

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También pone de manifiesto que el Govern continúa con los preparativos y ha contactado con todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma exigiendo que pongan a su disposición los locales. Da traslado a las cuatro fiscalías de la carta que envió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con esta orden, y destaca que a él y a sus 'consellers' ya les investiga por estos hechos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En cumplimiento de una segunda instrucción, en este caso remitida por el fiscal jefe de Barcelona, las cuatro fiscalías provinciales han cursado nuevas órdenes a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Incluyen a las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes, que hasta el momento no habían sido avisadas, en la obligación que ya afecta a los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil para que como agentes judiciales procedan a investigar cualquier hecho encaminado a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo.

Los socialistas manifiestan su "respeto" a la instrucción de la Fiscalía

Por Juanma Romero

Los socialistas mantienen su apoyo a las actuaciones del Gobierno y de jueces y fiscales. Este miércoles, el PSC fijó posición sobre la investigación emprendida por el Ministerio Público, distribuida por Ferraz como una muestra de apoyo del PSOE. 

Así, los socialistas catalanes manifiestan, "como siempre", su "respeto" hacia las medidas judiciales y de Fiscalía y "no se pronuncia sobre decisiones concretas". Apunta que la investigación preliminar del Ministerio Público es "consecuencia directa" de la exigencia del Govern de Carles Puigdemont de "demandar a los alcaldes que se hagan responsables de la organización de un referéndum ilegal". 

El PSC remarca de nuevo que sus regidores cumplirán la ley "en todo momento", porque "son las leyes las que garantizan la neutralidad política de las instituciones que son de toda la ciudadanía" y las que preservan la actuación de los trabajadores públicos. "Nadie está por encima de la ley e incumplirla tiene siempre consecuencias". 

"Los alcaldes socialistas trabajan y seguirán trabajando para mantener la estabilidad de los Gobiernos municipales y para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos", concluye. Una apreciación que indica que el PSC no romperá su acuerdo con Ada Colau en Barcelona, aunque permitiera que las urnas salieran, en línea con lo afirmado la víspera por Pedro Sánchez.