Caso Nicolás: la nueva jueza archiva una parte del encuentro entre policías y espías

El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha decidido archivar una subpieza declarada secreta y desconocida hasta ahora que se encontraba a su vez dentro de la pieza separada del caso Nicolás que investigaba la supuesta grabación de un encuentro que mantuvieron funcionarios de Asuntos Internos de la Policía Nacional con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 20 de octubre de 2014, solo una semana después de la detención del principal acusado, Francisco Nicolás Gómez Iglesias. La magistrada titular del juzgado, Pilar Martínez Gamo, considera en un auto firmado el pasado 8 de julio que no hay ningún elemento que permita incriminar en ese episodio a las tres personas que estaban imputadas hasta ahora por esa supuesta grabación, el inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago y dos periodistas.

"No existe en la investigación en el momento actual base real suficiente para estimar que Fuentes Gago, respecto al cual se ha dictado sobreseimiento provisional hace apenas cuatro meses, tuviera implicación en el delito investigado", subraya la titular del Juzgado número 2 en su auto de archivo. Tampoco existe prueba alguna, continúa, para atribuir a los dos periodistas la implicación en el delito investigado, "ya que de las diligencias practicadas no se ha extraído indicio razonable de criminalidad frente a los otros investigados, de los cuales el periodista hubiera recibido la información".

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La jueza Martínez Gamo también deniega al comisario Marcelino Martín Blas, jefe policial de la investigación del caso Nicolás hasta que se jubiló el pasado marzo, la posibilidad de personarse en la causa. Martín Blas, que al mismo tiempo era uno de los agentes que participaron en la reunión investigada, defendió durante las pesquisas que el comisario José Manuel Villarejo le había introducido un archivo espía en su teléfono móvil que le permitió grabar en tiempo real la charla y que posteriormente la filtró a periodistas para que tuviera difusión. El contenido del encuentro, de hecho, fue difundido por el diario digital 'Información Sensible', dirigido por la esposa del comisario —Gema Alcalá—, que al igual que el policía fue imputada en la causa por ese motivo y continúa aún hoy en esta situación.

El entonces titular del juzgado, Arturo Zamarriego, aceptó los argumentos de Martín Blas y ordenó a la Policía Nacional que realizara un informe pericial sobre su teléfono móvil. Sin embargo, dos informes elaborados por especialistas del cuerpo concluyeron que ninguno de los programas que tenía el comisario en su terminal podían haber sido activados por control remoto para grabar esa reunión y que, en cualquier caso, no se había producido ningún movimiento en aplicaciones sensibles desde 2013, es decir, desde un año antes de que se produjera el encuentro.

Martín Blas y su equipo, sin embargo, continuaron con la instrucción y, tras el análisis de llamadas y correos electrónicos, solicitaron la imputación de cinco periodistas y tres mandos policiales al considerar que habían intervenido en la difusión de la supuesta grabación ilegal. Finalmente, Zamarriego acordó la imputación de Fuentes Gago, mano derecha del entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, decisión que ahora la sucesora del magistrado revierte en el reciente auto.