El Gobierno responde que paralizará el texto, pero no explica cómo frenará la consulta

El Gobierno mantiene su guion de respuesta a los pasos que va dando la Generalitat catalana en su desafío secesionista: asegurar que no se consumará el referéndum de autodeterminación y dar por hecho que valdrá con la intervención del Tribunal Constitucional, pero sin especificar cómo hará cumplir la ley en último extremo. El texto de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la CUP para convocar la consulta impresionó tanto por "antidemocrático" como por "anticonstitucional" al Ejecutivo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que "al Estado le bastan 24 horas para recurrir el proyecto y obtener su paralización" (por el TC).

En esta ocasión, nada más conocerse los nuevos datos sobre el empeño de los independentistas en llamar a las urnas a los catalanes el 1 de octubre para proclamar la ruptura, desde el Ejecutivo hubo una respuesta inmediata y distinta a la mera expresión de confianza en el TC. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aprovechó un acto de su departamento para recordar que las Fuerzas Armadas están también para defender el marco constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional.

La secretaria general del PP enmarcó su alusión a la defensa de la unidad de España en la celebración del 40 aniversario de su departamento, fruto de la puesta en marcha de la democracia el 15 de junio de 1977, elecciones que conllevaron al tiempo la modernización de los ejércitos con el vicepresidente de Asuntos Militares de la época, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

Después del discurso pronunciado por Cospedal en el patio del Ministerio de Defensa, en Madrid, el titular de Justicia, Rafael Catalá, hizo hincapié en Barcelona en lo "profundamente antidemocrático" que es el texto de los secesionistas. El borrador dado a conocer tiene todo el formato de un proyecto de ley, aunque escape al contenido habitual en las democracias occidentales y se sitúe por encima de cualquier marco legal.

Los independentistas confirman el anuncio de golpe de Estado institucional en todos sus extremos: proclaman que su ley es "suprema", que aspiran a hacer una consulta sin censo oficial, sin garantías en la votación y recuento, sin fijar mínimos de participación y al margen de la Constitución. Catalá garantizó que "nunca entrará en vigor".

Según el ministro de Justicia, el proyecto de ley "nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico porque es manifiestamente antidemocrático, y es contrario a la Constitución, al Estatuto y a la democracia". Catalá se manifestó preocupado por esa deriva "profundamente autoritaria y antidemocrática" de los independentistas catalanes con Puigdemont al frente y denunció que en Cataluña las minorías "gobiernan e imponen sus criterios".

A última hora, y después de que Puigdemont amenazara en persona con poner en marcha ese proyecto, Sáenz de Santamaría replicó en declaraciones a la agencia EFE que "la Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas puede declarar la independencia, pero una cosa está clara, que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización". Por ello, garantizó que el referéndum independentista "no se va a celebrar, ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada".

Desde el PP, aparte de Cospedal, su portavoz Pablo Casado sostuvo que el proceso independentista es pese a todo un fenómeno a la baja, e incluso comparó al presidente de la Generalitat con "un globo pinchado, que va cayendo" y, entre tanto, "da muchas vueltas y se golpea con muchas cosas, pero acaba cayendo".