medida que entró en vigor el 1 de julio

El registro civil no acepta desde hoy los expedientes para la nacionalidad española

La decisión aviva la polémica sobre las competencias de los registradores de la propiedad, que han recibido 6 millones de euros por resolver los expedientes atascados desde 2015

Foto: Los ministros de Asuntos Exteriores (Alfonso Dastis) y Justicia (Rafael Catalá).
Los ministros de Asuntos Exteriores (Alfonso Dastis) y Justicia (Rafael Catalá).

El viernes 30 de junio, los extranjeros que querían optar a la nacionalidad española todavía podian dirigirse al Registro Civil. Hoy ya solo serán capaces de hacerlo desde un ordenador, en internet, mediante un proceso telemático cuya gestión cuesta 100 euros. Según el Ministerio de Justicia, la idea se ha adoptado para agilizar un proceso lentísimo y reducir su complejidad, a la vez que se mejora la seguridad jurídica “a través de una mayor objetividad”. El nuevo modelo de tramitación lleva en marcha en régimen transitorio desde mediados de 2015. Hasta hoy, los solicitantes podían elegir entre personarse en el Registro Civil o hacerlo por vía telemática.

La tramitación de expedientes de nacionalidad lleva tiempo envuelta en una polémica, ya que en los últimos años los registradores de la propiedad han ganado protagonismo en esta gestión, generando resistencias entre sindicatos y abogados de extranjería. A través de dos encomiendas de 2 y 4 millones de euros, el ministerio de Justicia les encargó tomar parte para resolver el monumental atasco existente hasta mediados de 2015.

Los registradores no participan en este procedimiento de adquisición de nacionalidad y no han ganado dinero

La salida de los registros civiles del proceso se gestó en esta ley de julio de 2015, posteriormente desarrollada en un real decreto. Abogados de extranjería consultados creen que se trata de un cambio que no va a solucionar los dilatados tiempos de espera ni los atascos (las resoluciones tardan hasta tres años) y que ha encarecido el proceso para los solicitantes. Los sindicatos, por su parte, insisten en que la medida beneficia sobre todo a los registradores de la propiedad. El sindicato mayoritario en Justicia, el CSIF, denuncia que se ha creado un “negocio millonario”.

En el Colegio de Registradores aseguran que esto es "absolutamente falso". "Los registradores no participan en este procedimiento de adquisición de nacionalidad y no han ganado dinero. Al revés, han hecho una gran inversión por petición del ministerio, un dinero que no se ha recuperado aún con las encomiendas", indican.

Seis millones

Francisco Lama, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, insiste en que "les han concedido seis millones de euros en encomiendas a los registradores de la propiedad, cerca de dos millones al año". A esto le suma las tasas de gestión a esta cifra, hasta obtener un total de entre 15 y 17 millones de euros.


La cuenta que hace el sindicato se obtiene multiplicando los 100 euros por el número de expedientes tramitados desde mediados de 2015. Solo en 2016, por ejemplo, se iniciaron 93.760. “Ni un solo euro de esas tasas ha vuelto al Registro Civil para mejorar su funcionamiento. Paralelamente, se están enviando sumas millonarias a los registradores de la propiedad”, dicen. El Colegio de registradores de la propiedad subraya que ellos no reciben las tasas, sino que van directamente a la administración, por lo que resulta "ridículo" sugerir que se están lucrando con el proceso.

Los abogados de extranjería consultados no creen que el atasco en las tramitaciones de nacionalidad se haya generado en los registros civiles, sino en la propia Dirección General del Registro. “Se ha hecho todo esto bajo el argumento de que se tarda mucho en resolver los expedientes, cuando todo el mundo sabe que el problema gordo no ha estado nunca en los registros civiles", coinciden en el CSIF.

Han concedido seis millones de euros en encomiendas a los registradores de la propiedad, cerca de dos al año

Hasta octubre de 2015, las gestiones para obtener la nacionalidad española eran gratuitas. Desde la aprobación de la reforma, los solicitantes asumen costes de entre 185 y 310 euros en función de su procedencia (los hispanohablantes están exentos del examen de español). “Se está recaudando un dinero enorme por la naturalización de residencia. Por un lado tenemos el examen del Instituto Cervantes, que cobra 85 euros por la prueba de conocimientos socioculturales y 185 euros por el examen de español más barato. Y a eso hay que sumar los 100 euros de la tramitación inicial”, comenta Aurelia Álvarez, catedrática acreditada de Derecho Internacional Privado en la Universidad de León, y directora de migrarconderechos.es.

Nota al lector: En una primera versión de esta noticia se decía erróneamente que los registradores de la propiedad se hacían cargo desde el 1 de julio de tramitar los expedientes de nacionalidad. Su encomienda, sin embargo, solo se ha formalizado para solucionar el atasco de expedientes acumulado hasta mediados de 2015 pero las competencias siguen en manos de la Dirección General del Registro.

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