Sánchez solo quiere negociar con el PP para cambiar RTVE y depurar susanistas

Desde que recuperó el control del PSOE, Pedro Sánchez ha tardado menos de dos semanas en aplicar su "no es no" a las relaciones con el Gobierno, el PP y el Grupo Popular. Rotos los pactos, preacuerdos y sobreentendidos de los últimos nueve meses, la nueva dirección sanchista solo ha tanteado a los populares para arreglar el desaguisado de la última ruptura, una reforma de RTVE inaplicable que no entienden ni sus impulsores, y para depurar a los susanistas Micaela Navarro y Juan Luis Gordo de la Mesa del Congreso.

Además de la posición común frente al desafío independentista en Cataluña, la antigua gestora del PSOE negoció y pactó con el Gobierno el techo de gasto para 2017, los objetivos de déficit, la subida del salario mínimo, los 4.600 millones más para Sanidad y Educación o las subidas de impuestos. La vuelta de Sánchez ha supuesto todo lo contrario, con el acercamiento o la búsqueda de posiciones comunes con Podemos en todo tipo de asuntos sociales (eutanasia), políticos (plurinacionalidad) o económicos (acuerdo de libre comercio UE-Canadá y techo de gasto para 2018) por parte de los socialistas.

En fuentes gubernamentales reconocen que dan por perdido al PSOE para cualquier negociación que no sea de Estado, e incluso dudan de que Sánchez pueda o quiera mantener la unidad interna en su partido a la hora de responder al separatismo catalán. Para mantener la política económica y ante la inestabilidad del PSOE, Mariano Rajoy ya se aplicó en asegurarse el apoyo del PNV y los regionalistas canarios a medio plazo cuando pactó su apoyo a los Presupuestos para este año. Para el techo de gasto del próximo proyecto de cuentas del Estado puede prescindir de los socialistas.

Reconocen que dan por perdido al PSOE para cualquier negociación que no sea de Estado y dudan de que pueda mantener la unidad interna

Después del congreso federal de mayo y mientras se iban consumando todas las rupturas de relaciones PSOE-PP, llegó la hora en el Congreso de aprobar una antigua iniciativa socialista de reforma de RTVE. La nueva dirección sanchista montó una operación de aislamiento parlamentario de los populares junto con Podemos y Ciudadanos con el fin de tomar el control de la corporación pública junto con los de Pablo Iglesias y los sindicatos en menos de tres meses. Pero les salió tan mal en las votaciones de enmiendas que los sindicalistas se quedan otra vez fuera, en el texto remitido al Senado no se aclara ni el número de miembros del futuro Consejo de Administración de la empresa y el proceso de elección puede dilatar cualquier cambio hasta el próximo año.

Del resultado de ese fiasco es de lo único que tiene interés en hablar la nueva dirección del grupo parlamentario socialista con los populares. La proposición de ley establece en un artículo que el Congreso designará a ocho consejeros y el Senado a cuatro (12 en total) y en otro, que el Consejo estará compuesto por nueve miembros, el mismo número que tiene ahora. Aunque la oposición se quiera apuntar el tanto de quitar al Gobierno el control de RTVE y recuperar el modelo de los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora necesita pactar el procedimiento con el Grupo Popular.

Los socialistas han hecho otra aproximación al PP, esta muy discreta, para rehacer los pactos del arranque de la legislatura en la composición de la Mesa del Congreso. Los sanchistas quieren disponer de los dos puestos que entonces les correspondieron y están ocupados por susanistas: Micaela Navarro (presidenta del PSOE andaluz) en la vicepresidencia segunda y Juan Luis Gordo en la secretaría segunda.

Antes incluso de empezar a ejecutar los cambios en las portavocías, el 'nuevo' PSOE tanteó las vías reglamentarias para cambiarlos y la disposición del PP a colaborar. Desde Ferraz esgrimían que los dos cargos son de su "libre disposición" como fruto de los acuerdos entre partidos del arranque de legislatura y las consiguientes votaciones, pero en el PP recuerdan que los socialistas se saltan por sistema los pactos alcanzados entonces con la gestora y esgrimen que sería poco serio remover cargos institucionales solo para que Sánchez pueda castigar a unos diputados de un sector de su partido con el fin de premiar a los más fieles.

En cualquier caso, es necesario que los miembros de la Mesa dimitan para proceder a su relevo. Gordo se ha negado en redondo a dejar el cargo cuando se lo han planteado, y en el caso de Micaela Navarro sus nuevos jefes y jefa ni siquiera se lo han pedido personalmente.

En el órgano de gobierno del Congreso el PP tiene la presidencia (Ana Pastor), una vicepresidenta (Rosa Romero) y una secretaria (Alicia Sánchez-Camacho). En los pactos de arranque de legislatura, Ciudadanos logró dos plazas (vicepresidencia primera y una secretaría) con el apoyo de los populares pese a ser el cuarto partido, mientras que PSOE y Podemos se repartieron los otros cuatro puestos. Y sin la 'complicidad' de la Mesa y de los grupos parlamentarios para respetar la cuota socialista en ese órgano a la hora de votar los relevos, Sánchez no puede purgar a los susanistas.