Robles y Lastra debutan contra Rajoy sin sacar aún toda la garra del nuevo PSOE al PP

Margarita Robles es directa, pero no agresiva ni ofensiva en los ataques. Lo sabe su grupo y ahora lo sabe el presidente del Gobierno. Ella se estrenaba este miércoles como portavoz socialista en la sesión de control al Ejecutivo y prefirió seguir su estilo, poco efectista y sorpresivo, con algo menos de 'punch' que alguno de sus antecesores aunque con la solvencia que le aporta su pasado como magistrada de larguísima trayectoria. Dura en el fondo, más suave en las formas, y sin pretender (aún) sacar de sus casillas a Mariano Rajoy. Tres cuartos de lo mismo podía decirse de Adriana Lastra, flamante vicesecretaria general del PSOE y portavoz adjunta de la cúpula parlamentaria. Ambas son la voz de un Pedro Sánchez ausente en el Congreso y ambas, al menos por ahora, mantienen un hilo de continuidad con la etapa anterior. Aunque si se aplica la indulgencia, es cierto que el de hoy era su debut en sus cargos. Y las tablas son las tablas. La prueba la dio, apenas unos minutos después, un veterano en el hemiciclo, el murciano Pedro Saura, que brilló algo más y se mostró mucho más suelto. Lo que hace la experiencia.

Él y Robles compartieron, de hecho, materia en la sesión de control al Gobierno. La amnistía fiscal que ha acabado tumbando el Tribunal Constitucional por unanimidad. La nueva portavoz se guió por la corrección, optó por leer varios pasajes demoledores del fallo del TC y a la postre pidió a Rajoy que asuma responsabilidades por "su" amnistía fiscal, la que su Ejecutivo aprobó en 2012. Porque si no lo hace, con qué "fuerza moral" va a pedir que "se haga caso a otros pronunciamientos" del Alto Tribunal, o cómo reclamar a los ciudadanos que cumplan con su obligación de pagar impuestos. Pero ella no le sacó a pasear la corrupción, ni la legión de dirigentes políticos, varios del PP, que se aprovecharon de una medida controvertida desde el inicio. Ni le pidió de forma directa la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sí le exigió en su cara Saura. El careo dio como fruto, por tanto, un combate parlamentario tranquilo y sin aroma de bronca.

La portavoz refuerza su argumentación con la lectura de la sentencia del TC y pide a Rajoy que asuma su responsabilidad por el varapalo

En su primera intervención, Robles se limitó a seguir el manual: leer la pregunta para intentar sacar la artillería en la réplica. Rajoy tampoco sorprendió: como presidente del Gobierno, acata "todas las sentencias" sin entrar en valoraciones. "No esperaba otra respuesta", contestó con cierta sorna la portavoz, "aunque sería bueno que otros ministros de su Gobierno hicieran lo mismo en la valoración de las sentencias que no les resultan agradables e incómodas". Pero "como presidente del Gobierno y como hombre de derecho no se puede quedar al margen" del fallo del TC, le advirtió.

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Robles, para reforzar su argumentación, dedicó la mayor parte de su turno a leer directamente la resolución del Constitucional. "Atienda bien", le avisaba. La portavoz recordó que la sentencia señala que la amnistía supone la "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos" a sostener con los impuestos los gastos públicos. Y grave es, añadió, que "legitime" la conducta de los defraudadores, quienes de forma "insolidaria incumplieron con su deber de tributar". "Escúcheme bien", le apremiaba por segunda vez la diputada, suscitando algún abucheo en la bancada popular. Ya en la recta final, Robles advirtió a Rajoy de que si no asume responsabilidades políticas, no tendrá "fuerza moral" para pedir que se acaten otros pronunciamientos del TC. Ahí se quedó. Prudente, correcta, pero sin cruzar ninguna línea. No lo pretendía. Fuentes próximas a la diputada advertían de que, sobre todo en su estreno, no quería tirar de un estilo cañero, porque el nuevo PSOE también quiere mostrar que sabe tener "un comportamiento de Estado igual o mayor que el PP". "Margarita tiene oficio judicial, pero menos oficio político, le falta rodaje, pero ya lo tendrá", la disculpaba un parlamentario susanista.

La "herencia recibida", otra vez

Rajoy, en su último turno, se aferró a lo manifestado por el Gobierno en las últimas semanas: que el reproche del Alto Tribunal no es tanto a la amnistía en sí, sino a la forma en la que el Ejecutivo dio paso a la regularización fiscal, a través de un real decreto ley y no de un proyecto de ley. Agregó que el TC ya dijo que su sentencia no produciría efectos económicos, y "lo demás son juicios de valor". Aquí las excusas: "España estaba en una situación límite", al borde del "rescate", con un déficit del 9,6% que los socialistas dejaron en "herencia" —de nuevo el discurso de la "herencia recibida", que tan útil resultó a Rajoy en su primer mandato—, por lo que tuvieron que adoptarse medidas que en otras circunstancias un Gabinete del PP no habría acometido. Pero se obtuvieron, alegó, 1.200 millones de ingresos adicionales, se afloraron 40.000, la regularización se hizo en la línea de lo recomendado por la OCDE y otros países como Reino Unido, Italia o Estados Unidos aprobaron medidas similares.

El presidente defiende que el Constitucional amonesta al Gobierno por la forma y echa en cara al PSOE las dos regularizaciones fiscales previas

El presidente, frente a lo expuesto por Robles, sostuvo que la amnistía de 2012 "ni limpia ni borra delitos". Y no se privó de comparar la suya con las dos anteriores regularizaciones que aprobaron gobiernos socialistas, con dos diferencias respecto a la del PP, indicó. La primera, que cuando su Ejecutivo la aplicó, España estaba "en situación de prequiebra", mientras que cuando el PSOE lo hizo el país estaba "boyante". Y dos, que con los socialistas las rentas afloradas no se identificaron. "Con nosotros sí. Esa es la pequeña diferencia, señora Robles", concluyó Rajoy. La portavoz socialista, desde su escaño, que destacaba por su chaqueta de rojo PSOE, rojo vivo —le encantan los colores brillantes—, meneaba la cabeza en señal de desaprobación, mientras la bancada popular aplaudía con entusiasmo a su jefe para respaldarle por su primer duelo con el PSOE de Sánchez.

Lastra disparó al Gobierno, al ministro de Hacienda, por el "incumplimiento" de la Ley de Transparencia. Enhebró una intervención igualmente correcta, ceñida al papel, a los números y a los datos, pero algo falta de garbo. También ella estrenaba cargo, el de portavoz adjunta, el de número dos en el grupo (también lo es en el partido, como vicesecretaria general). Recordó las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría hace tres años, cuando señaló al PSOE, que denunciaba que el Ejecutivo no había publicado las declaraciones patrimoniales de 175 altos cargos, que "lo verdaderamente importante" era poder "comprobar si entre el patrimonio con el que entró un alto cargo y el patrimonio con el que salió hay algún tipo de enriquecimiento injustificado". "Es cierto que ha avanzado la ley, que se han reforzado las obligaciones de transparencia, pero también es cierto que la situación ha empeorado notablemente” y “que ‘lo verdaderamente importante’ no lo cumplen”, censuró Lastra, que explicó que desde septiembre de 2014 el Gobierno no ha vuelto a cumplir con su obligación, ya que solo ha publicado y remitido al Congreso dos hojas, "un escueto informe donde solo aparecen el número de declaraciones presentadas y en su caso, los procedimientos sancionadores".

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"¿Cuántos Acuamed más?"

“Le han hurtado, le han negado a esta Cámara la posibilidad de saber si en las alrededor de 200 declaraciones —más o menos las personas que han cesado desde 2014—, podría haber algún enriquecimiento injustificado”. La número dos lo decía por el Federico Ramos de Armas, subsecretario de Presidencia, que tuvo que dimitir en enero de 2016 por el caso Acuamed. "¿Cuántos otros Acuamed se nos están ocultando a esta Cámara y a la ciudadanía?", se preguntó, para dar algunos datos que, a juicio del PSOE, ilustran cómo el Ejecutivo no está comprometido con su propia ley, ya que de los 36 recursos judiciales presentados contra las decisiones del Consejo de Transparencia, 22 son del propio Gobierno "y solamente en uno les han dado la razón". "Ustedes se resisten a cumplir con las más elementales normas de transparencia que nos imponen, no solo nuestras leyes, sino también y sobre todo, la más mínima decencia pública", remató, haciendo referencia a uno de los leitmotiv del PSOE de Sánchez, la lucha por la "ejemplaridad" y la "decencia" frente al PP que el secretario general identifica con la "corrupción".

Montoro tampoco se esmeró mucho en su réplica a Lastra. Soltó una respuesta más administrativa que política, anunciando que "dentro de poco" se publicará el patrimonio de los altos cargos salientes y sacando pecho de las cifras del Portal de la Transparencia —"la Administración cumple"— y de la "escasa conflictividad" existente.

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El ministro sí despertó con las siguientes intervenciones. Las de Pedro Saura (PSOE), Rafa Mayoral (Unidos Podemos) y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), que le lanzaron los mayores reproches, sin subterfugios, por su amnistía fiscal. Los dos diputados de izquierdas le reclamaron que se vaya. Montoro no piensa hacerlo. Cuanto más se lo pida la oposición, menos lo hará, vino a decir.

"Tiene que dimitir y pedir perdón", martilleó una y otra vez Saura, porque tiene que regresar la "decencia" y la "regeneración" al país, porque la "labor fundamental de un ministro de Hacienda es hacer que se cumpla el principio de justicia tributaria", porque la amnistía fiscal sirvió para "blanquear a muchos dirigentes del PP" y "legitima" las conductas de los defraudadores. Porque, a fin de cuentas, insistió el diputado por Murcia y portavoz socialista de Economía, Montoro "ha escrito la página más negra de la Hacienda pública española". "Si usted no dimite, le vamos a reprobar. Rajoy debería cesarlo de manera inmediata porque no merece ser ministro, ni si quiera ser catedrático de la Hacienda pública", le reprochó Saura. No había mirado papeles. Lucía suelto. La materia se la sabe desde hace mucho tiempo y la amnistía es una de sus especialidades. El diputado lleva años desempeñando las labores de portavoz de temas económicos en el Congreso, y ha resistido a varias direcciones. Era portavoz de Hacienda con Alfredo Pérez Rubalcaba de secretario general y luego Sánchez le hizo titular de Economía en la Cámara Baja, cargo en el que la gestora de Javier Fernández le mantuvo.

Montoro justificó la medida, aunque al Gobierno no le "gustó nada hacer", ante la "asfixia completa" que vivía España, porque también sirvió para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo al haber más contribuyentes que antes no contribuían y ahora sí lo hacen. Y gracias a la regularización de los activos no declarados, en 2013 lograron identificarse 130.000 millones de euros de bienes en el exterior. Al "blanqueamiento" de dirigentes populares, el ministro replicó que "solo hay un dirigente del PP, que en una parte menor y que hoy está en los tribunales, que se acogió a ella", a la amnistía. Y de dimitir, una "cosa obsesiva" la del PSOE, que la lleva reclamando 20 años, nada de nada: "Le digo que cuantas más veces se levante [para pedir mi marcha], menos me puedo ir", por su "vocación" de servicio a los españoles. Sus palabras anticipan ya el resultado de la previsible reprobación que saque adelante la Cámara próximamente: no se irá ni Rajoy le cesará.