La Fiscalía apoya a la Guardia Civil y recurre la nulidad del caso Guateque
Considera que la grabación era "legítimamente" valorable
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La Fiscalía de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia por el denominado caso Guateque. Así lo han anunciado desde el ministerio público, que aún tiene que redactar el recurso completo. En su escrito, argumentará que la grabación que la Audiencia Provincial rechazó por haberse hecho sin control judicial en realidad sí es "legítimamente" valorable. No haberla tenido en consideración, entiende la Fiscalía, supone vulnerar el derecho a una tutela efectiva.
La Sección Segunda del alto tribunal madrileño anuló el pasado 19 de junio todas las pruebas practicadas durante la instrucción del caso Guateque y absolvió a los procesados. Lo hizo en la sentencia que dictó ese mismo día, en la que aseguró que la grabación magnetofónica que dio origen a la causa fue realizada sin autorización judicial y al margen de cualquier procedimiento penal. El tribunal, que presidió el pasado enero el juicio relativo a la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, dejó sin cargos por lo tanto a los 30 acusados que había imputados por sobornos y tráfico de influencias, señalados por agilizar expedientes urbanísticos.
La sala arguyó que la Guardia Civil mintió en el atestado que originó las diligencias, pues contó que la grabación que inició el procedimiento fue realizada el 6 de marzo de 2007 por iniciativa personal de un ciudadano y por sus propios medios, cuando en realidad miembros de la Comandancia de Madrid de este cuerpo entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta para que grabara la conversación que iba a tener lugar ese mismo día en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería.
Tres días después de la grabación, tras valorar el contenido de lo grabado, la Jefatura de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid ordenó a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que tomara declaración al denunciante, pero en el atestado levantado ese mismo día no se hizo referencia a que los medios técnicos con los que se grabó la conversación habían sido facilitados por la propia unidad, relató la sentencia. Por el contrario, continuó el fallo, de la lectura del atestado resultaba que había sido el denunciante quien 'motu proprio' había decidido grabarla con sus propios medios. Ni la grabadora ni la cinta magnetofónica con la conversación supuestamente registrada fueron entregadas en el juzgado.
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Según la resolución de la Audiencia Provincial, el auto que dio origen a la instrucción y que acordó, entre otros extremos, el secreto de las actuaciones y la intervención de varios teléfonos, carecía de verdadera motivación, pues "se basó exclusivamente en el relato falaz obrante en el atestado de la Guardia Civil". Los magistrados que firmaron la resolución manifiestaron que esta falsedad es lo que provoca que la grabación adolezca de valor probatorio y que el contenido del atestado policial que dio origen a la causa sea un método fraudulento ideado para conseguir la iniciación del proceso penal mediante el ardid de presentar la grabación de unas conversaciones, obviando el dato esencial relativo al método empleado para su obtención.
La Audiencia argumentó que el Tribunal Constitucional es claro y unánime en su jurisprudencia, al señalar que la exigencia de motivación de la resolución judicial que acuerda las intervenciones forma parte del contenido esencial del artículo 18.3 de la Carta Magna. Constituye, añade la Sección Segunda, una "exigencia inexcusable" para justificar el presupuesto legal habilitante de la intervención. La deliberada omisión en el atestado —asegura la resolución— de los datos esenciales para que el juzgado de instrucción pudiera resolver con conocimiento determinó que la resolución careciera de verdadera motivación, lo que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y generado una patente indefensión.
La Fiscalía de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia por el denominado caso Guateque. Así lo han anunciado desde el ministerio público, que aún tiene que redactar el recurso completo. En su escrito, argumentará que la grabación que la Audiencia Provincial rechazó por haberse hecho sin control judicial en realidad sí es "legítimamente" valorable. No haberla tenido en consideración, entiende la Fiscalía, supone vulnerar el derecho a una tutela efectiva.