Amedo, un fotógrafo y el esperpéntico caso del último asesinato del GAL

El último asesinato del GAL, perpetrado contra el objetor de conciencia Juan Carlos García Goena el 24 de julio de 1987 en Hendaya (Francia), se encamina hacia un momento clave. La reapertura del procedimiento judicial el año pasado –que apuntaba a un fotógrafo como el hombre que entregó a la banda armada los datos para matar al objetivo– se dirige hacia una compleja investigación en la que escasean las pruebas sólidas y sobran las endebles.

De hecho, la última diligencia practicada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor de la causa, lejos de arrojar luz sobre la implicación del único investigado por este asunto, embarulla aún más un proceso que roza el esperpento tras 30 años de infructuosa lucha judicial. El abogado Javier Gómez de Liaño, que representa a la viuda del asesinado, Laura Martín, presentó el pasado jueves una pericial que pretendía demostrar que el fotógrafo acusado de proporcionar al comando del GAL la imagen de García Goena junto a información sobre dónde localizarlo, Francisco A. M., reveló otras instantáneas de la familia en su tienda Photos Patxi de Hendaya, lo que probaría que ambos –fotógrafo y asesinado– tenían relación.

El rigor de la prueba, sin embargo, vino a ser puesto en duda por el propio instructor de la causa, que no paró de cuestionar el trabajo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco, José Manuel Susperregui, autor del trabajo, durante su comparecencia el mismo jueves pasado. De la Mata criticó que el perito no pudiera explicar en qué se basaba para concluir que había sido el fotógrafo quien tomó aquellas fotos o qué argumento científico sostenía que fue García Goena quien llevó las imágenes a revelar. El juez incluso llegó a acusar al perito de hacer valoraciones gratuitas sin base lógica.

El informe, en cualquier caso, tan solo pretendía demostrar que fotógrafo y asesinado se conocían. Poco más. Por ahora, ningún indicio siquiera intenta sostener que el acusado marcó el objetivo y proporcionó datos al comando del GAL que asesinó a García Goena, como apuntaba el supuesto confidente que filtró al expolicía José Amedo la fotografía que presuntamente entregó Francisco A. M. a la banda terrorista, según reveló el diario 'El Mundo'. Esto último provocó la reapertura de la causa en 2012, aunque sin éxito para el fin de la investigación, ya que el juez Pablo Ruz, antecesor de De la Mata al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, archivó el procedimiento por falta de pruebas en 2015.

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Ruz rechazó la diligencia propuesta por Gómez de Liaño, que quería tomar declaración a los dos fotógrafos que colaboraban con Francisco A. M. en Photos Patxi con el fin de seguir indagando. El juez, con el respaldo del fiscal Pedro Rubira, argumentó que la reclamación del abogado de Laura Martín no era necesaria y además resultaría muy costosa, ya que en ese momento tanto la acusación como el propio juzgado desconocían la identidad y la dirección en la que localizar a los fotógrafos. Tuvo en cuenta también el magistrado el testimonio del guardia civil que estuvo destinado en Irún Benjamín A., quien negó tener idea alguna de la historia que había contado Amedo, y el informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que también aseguró desconocer la 'película'.

Fue meses después, ya en 2016, cuando Gómez de Liaño presentó un nuevo escrito ante el Juzgado 5 en el que aseguraba conocer los nombres, los apellidos y el paradero de ambos profesionales de la imagen. Ante este nuevo dato, De la Mata, que acababa de sustituir a Ruz, volvió a reabrir la causa, dado que ya no resultaba tan gravoso realizar la diligencia, puesto que únicamente había que citar a los investigados mediante carta a sus domicilios. Por ahora, tan solo se ha practicado la mencionada pericial puesta en duda por el instructor, con lo que queda por llevar a cabo la toma de declaración de los dos colaboradores de Francisco A. M. –los ciudadanos franceses Serge M. y Michael L.–, cosa que tendrá lugar en las próximas semanas y que llevará a cabo el Tribunal de Gran Instancia de Bayona.

Estas dos reaperturas, sin embargo, no han sido las únicas que se han producido en este largo procedimiento que comenzó en 1989, dos años después del asesinato, con la creación del sumario 1/88 por parte de la Audiencia Nacional, que en ese momento puso el foco precisamente en el policía que ahora está aportando supuestas pruebas, Amedo, y su compañero en la guerra sucia Míchel Domínguez. La sentencia de la Sala Tercera del tribunal dictada el 20 de septiembre de 1991, sin embargo, absolvió a ambos funcionarios por falta de pruebas, resolución que ratificó apenas seis meses después el Tribunal Supremo.

Unas declaraciones también de Amedo y Domínguez propiciaron la primera de las tres reaperturas del procedimiento en julio de 1995. El Juzgado 5 tomó declaración como imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, al policía Ángel López Carrillo, al exgobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y al miembro de los GAL posteriormente reconvertido en yihadista Daniel Fernández Aceña, que trabajaba en la misma empresa que García Goena. Sin embargo, el entonces titular del juzgado, Baltasar Garzón, no observó asidero razonable en el que basar la instrucción tras escuchar a estos investigados y decidió archivar la nueva vía de investigación el 21 de enero de 2003.

La segunda reapertura, el 12 de julio de 2012, tuvo lugar tras la aparición de la mencionada foto realizada dos años antes del asesinato, que el acusado Francisco A. M. negó haber tomado y que derivó en el archivo decretado por el juez Ruz el 16 de marzo de 2015. La tercera, el 21 de enero de 2016, después de que Laura Martín aportara la dirección de Serge M. y Michel L. Su declaración será clave para determinar si realmente esta es la vía de investigación certera o estamos ante un nuevo paso en falso hacia el descubrimiento de quiénes fueron los miembros del comando que asesinaron a García Goena y cómo se llevó a cabo.