La Justicia ya investiga la corrupción en Girona con Puigdemont en la alcaldía

La Justicia ya está investigando un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Girona durante la etapa de Carles Puigdemont como alcalde (2011-2016). El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad acaba de recibir un informe de la Agencia Tributaria que denuncia desvíos de fondos en la empresa que gestiona el abastecimiento de agua en el municipio, Agissa SA, participada al 20% por el consistorio gerundense (junto con los de Salt y Sarriá de Ter) y al 80% por la firma privada Girona SA. Las irregularidades habrían arrancado en 1998 pero, según los peritos de Hacienda, continuaron durante el mandato del actual presidente de la Generalitat de Cataluña con su presunto conocimiento. Los investigadores manejan ya indicios de que los movimientos de dinero también podrían encubrir otro caso de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Puigdemont.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas, el nuevo informe pericial ha llegado a Girona procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). El titular de esta última plaza, Josep Bosch, lo solicitó a Hacienda el pasado octubre después de que los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso del 3% de CDC detectaran conversaciones telefónicas sobre anomalías en Agissa y accedieran a auditorías que cuestionaban el procedimiento que utilizó Girona para renovar la concesión de esta empresa en 2013, con Puigdemont en el ayuntamiento. Hacienda remitió sus conclusiones a El Vendrell en marzo pero, finalmente, se ha optado por separarlas del 3% y enviarlas al Juzgado número 2 de Girona, que instruye su propia causa sobre Agissa desde julio de 2016.

La llegada ahora de este informe va a dar un vuelco al procedimiento. El caso se abrió tras una querella de la CUP contra directivos de Agissa por el presunto trasvase irregular de fondos desde la parte pública de la empresa a la parte privada (Girona SA). En estos momentos, se encuentran imputados por administración desleal y apropiación indebida el consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos.

Entre otras irregularidades, la CUP denuncia que Agissa subcontrató continuamente con Girona SA el servicio de inspección de tuberías, cuando esa labor entra en las funciones de la empresa mixta y, además, el ente público tiene muchos más trabajadores (60) que el privado (solo cinco) para poder ejecutarla. Según los querellantes, el servicio ni siquiera se prestaba. También se habrían realizado subcontrataciones fraudulentas con el alquiler de locales, servicios de seguridad y otros trabajos auxiliares de mantenimiento para instalaciones hidráulicas. Con todo, este procedimiento apenas había conseguido profundizar en el presunto sistema corrupto urdido en torno al abastecimiento de agua. La CUP había solicitado nuevas diligencias, pero ni siquiera logró que el instructor de la causa requiriera la contabilidad de Girona SA y sus relaciones económicas con terceros.

Sin embargo, el informe remitido por El Vendrell supone un enorme salto. Las conclusiones de los especialistas de Hacienda van más allá de las presuntas contrataciones irregulares detectadas de forma superficial y entran de lleno en la responsabilidad de los dirigentes políticos que toleraron esas y otras prácticas, transformando así el procedimiento en una nueva causa contra la corrupción.

El documento de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso El Confidencial, denuncia en primer lugar que “Girona SA ha facturado a Agissa cada año 400.000 euros por la supuesta prestación de unos servicios de dirección de los que solo habría resultado acreditada la prestación de servicios por un importe algo superior a 100.000 euros, llegando incluso a estar cobrando Girona SA más de 50.000 euros al año por los supuestos trabajos de un director de servicios cuando resulta que hace más de 20 años que dichos servicios se prestan por personal propio de Agissa”. “En total”, cuantifican los peritos, el perjuicio supondría “más de cinco millones de euros”.

Los expertos de Hacienda también denuncian que hasta 2013 se habría producido otro fraude por un acuerdo que permitía a los accionistas de Agissa repartirse dividendos sin tener en cuenta la totalidad de los gastos de explotación. Por este método, “Girona SA y los ayuntamientos [propietarios del otro 20% de Agissa] se habrían venido repartiendo de manera encubierta unos dividendos de 400.000 euros para Girona SA y de entre 200 y 300.000 euros para los ayuntamientos, además de unos dividendos 'oficiales' para Girona SA de 60.101 euros cada año. Total: 10 millones de euros”. Los dividendos se computaban como gastos, provocando la entrada de la sociedad en pérdidas que luego debían ser soportadas por los ciudadanos.

En 2013, tras la aparición de noticias que denunciaban estas irregularidades, el Gobierno de Puigdemont cambió el sistema el reparto de dividendos, pero generó un agujero mayor. Durante su mandato, denuncia Hacienda, “se modifica la proporción de reparto a favor de los ayuntamientos. (…) Pasan a percibir casi medio millón de euros más al año, al doblar —sin ninguna lógica económica— el importe a percibir por el canon derivado del alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, cargando así a Agissa y al consumidor final (…) Mayor importe de las tarifas que no va a determinar una mejor calidad del servicio puesto que se disminuyen notablemente las inversiones en mejora de las instalaciones”.

Además, en esa misma época, Girona SA pasó a recibir miles de euros por los intereses de un crédito que concedió a Agissa a un tipo fuera de mercado del 12%. Paradójicamente, el préstamo tenía como objetivo paliar la delicada situación financiera de Agissa que había generado la propia Girona SA, pero empeoró aún más su estado.

Los técnicos de Hacienda consideran que, “si no hubieran ocurrido todas estas actuaciones irregulares, entre otras posibilidades, el neto de Agissa (que estaría materializado en bienes y derechos en el activo, como por ejemplo una mejora de las instalaciones) podría ser muy superior a los 10 millones de euros”. A su juicio, existen “distintos y variados indicios” de que “a lo largo de todos estos años, los responsables de los ayuntamientos no solo habrían dejado de ejercer las funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona SA y Agissa, sino que habrían tenido conocimiento de dichas actuaciones en cada momento”. Hacienda apunta directamente a los “órganos de Gobierno de los ayuntamientos”, entre ellos, el de Girona.

Los motivos que podrían explicar la connivencia del Gobierno de Puigdemont con esas presuntas irregularidades hay que buscarlos en el informe elaborado por la Guardia Civil el pasado octubre en el caso del 3%, que previsiblemente también será remitido al Juzgado número 2 de Girona. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado añaden que, además de las irregularidades en la gestión del servicio de agua, se han detectado pagos desde Girona SA a la agencia AMR Publicitat SL entre 2010 y 2015 por valor de 138.090 euros.

Da la casualidad de que, durante ese mismo periodo, AMR Publicitat SL prestó servicios de publicidad para campañas electorales de Convergencia i Unió y Junts Pel Sí, las formaciones con las que Puigdemont se ha presentado a elecciones municipales y autonómicas. En total, entre 2010 y 2015, AMR Publicitat facturó a esos partidos 2.274.758 euros. La Guardia Civil recuerda que el administrador de esa agencia de publicidad de Girona es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau. Asimismo, Girona SA también habría contratado los servicios de la mercantil Concerts Studio SL, relacionada con el caso Palau, el otro gran escándalo de financiación irregular de Convergència.

No son los únicos abonos que se están investigando. También se han descubierto transferencias de Girona SA a una compañía dedicada “al comercio al por mayor de metales preciosos, artículos de joyería, bisutería y de relojería”, Tarres Joiers SL, “cuya lógica económica quedaría pendiente de justificar”. Los pagos entre 2009 y 2012 suman 27.166 euros. La Guardia Civil aseguró en octubre que, en ese momento de la investigación, no quedaba claro “por qué una empresa del ámbito del agua realiza semejantes compras a una mercantil del ramo de la joyería”.