Una estafa del pequeño Nicolás destapa un blanqueo de Mario Conde no investigado

La investigación del caso Nicolás vuelve a dar sorpresas. Bajo lo que parecía el caso de un simple estafador, y conforme ha ido rascando la policía, han ido apareciendo comisarios enfrentados en el contexto de las operaciones policiales más relevantes del país, miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Gobierno y la Casa Real e incluso directivos y empresarios de las compañías más importantes del país posteriormente indagados en casos de corrupción. La última revelación de los investigadores que dirige el Juzgado número 2 tiene que ver en esta ocasión con el exbanquero Mario Conde y con uno de los imputados en el caso Lezo, el empresario Adrián de la Joya.

El último informe presentado por la comisión judicial de la Policía Nacional encargada de indagar el asunto, entregado el pasado 1 de junio, denuncia que, tras rastrear la supuesta estafa cometida por el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias contra el exdirectivo del Santander Javier Martínez de la Hidalga, se vislumbra una posible operación de blanqueo de capitales protagonizada por Conde y por quien fuera su vicepresidente en Banesto, Arturo Romaní, que no ha sido aún investigada por la Audiencia Nacional, ni durante las pesquisas que llevó a cabo el Juzgado Central número 3 en el marco del caso Banesto —que derivó en la sentencia del Tribunal Supremo de 2002— ni en las actuales diligencias emprendidas por el juez Santiago Pedraz, que indagan la repatriación de fondos procedentes de paraísos fiscales por parte del exbanquero.

En concreto, según los investigadores, Martínez de la Hidalga denunció que Gómez Iglesias, haciéndose pasar por asesor de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le timó 25.000 euros, que el empresario entregó al joven para que este lograra que el Ejecutivo le ayudara a vender la lujosa finca de La Alamedilla (Toledo). Martínez de la Hidalga aseguró que tenía problemas con la justicia y que necesitaba colocar el inmueble rápido para obtener liquidez. Nicolás, sin embargo, contradijo el testimonio del empresario y declaró que lo que este pretendía es que el joven le consiguiera un préstamo de 20 millones de euros del Banco Nacional de Guinea, una gestión que Gómez Iglesias pretendía hacer a través del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, a quien conocía personalmente desde el 19 de junio de 2014, cuando tuvo lugar el besamanos de la coronación de Felipe VI, y que tenía contactos en el país africano.

La versión de Nicolás, en este punto, es llamativamente tenida en cuenta por los investigadores, que nunca se han creído al joven. Estos consideran en su informe que la historia del crédito estaría respaldada por el testimonio de la mujer de Martínez de la Hidalga —quien admitió que el asunto del préstamo estuvo sobre la mesa— y que apuntaría a la comisión de presuntas "irregularidades" por parte del empresario. "La operativa de obtener financiación a través de créditos hipotecarios avalando con la finca era lo que venía realizando la sociedad titular desde casi su constitución", argumentan los policías que conforman la comisión judicial, que apuntan a las personas que han estado vinculadas a esta sociedad como las que han podido incurrir en delitos de blanqueo de capitales.

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M. P.

Nada más entrar Conde en Banesto (1987), la finca —que era propiedad de la entidad financiera— fue alquilada con opción de compra a la mercantil Inversiones Rondonópolis —creada apenas tres meses antes del contrato de arrendamiento por Romaní, Ramiro Núñez Villaveiran y el propio Conde—. Pocos meses después de que el exbanquero abandonara el banco (1993), la arrendataria ejecutó su opción de compra y adquirió el inmueble. Cuatro años más tarde, el 7 de mayo de 1997, la sociedad Hacienda La Alamedilla —constituida ese mismo día por Martínez de la Hidalga, Construcción y Urbanismo, Inmobiliaria Jerry y Servicios Empresariales Integrados, entidad esta última inicialmente administrada por De la Joya y luego por Elena Arroyo, cuñada de Conde, y por Rafael Martín Sanz, marido de esta— compra la finca a Rondonópolis.

Los investigadores recuerdan que las sentencias del caso Banesto consideraron probado que Conde y Romaní "desviaron ilícitamente fondos" de la entidad bancaria a Rondonópolis a través de sociedades controladas por ellos mismos (160 millones de pesetas en 1992 por medio de Data Transmision System y Gay Gordon, y 64 millones de pesetas en 1994 utilizando Data Transmision y Apolo Inversiones y Servicios) y que estas mercantiles adquirieron fincas en diversos lugares de España, algunas de las cuales fueron registradas a nombre de la fallecida mujer de Conde, Lourdes Arroyo. Todos estos inmuebles fueron intervenidos por la justicia. No así La Alamedilla, que —como destacan los policías del caso Nicolás— "al parecer no fue identificada por los investigadores y escapó al comiso".

Pero la sospechosa historia de la finca toledana no termina cuando la sociedad Hacienda La Alamedilla la compra en 1997 —una operación en la que añaden otras dos parcelas—, ya que ocho años después (en 2005), según los investigadores, sus propietarios "ejecutan una maniobra" para hacer más opaco el origen de la compra "y su vinculación con Romaní y Conde", con el fin de "protegerla de un posible embargo de la justicia". En concreto, detallan los agentes en el informe recién presentado ante el Juzgado número 2 de Madrid, el 13 de abril de 2005 las tres fincas que engloba Hacienda La Alamedilla se refunden en una, y siete meses más tarde la sociedad recibe un crédito hipotecario de 3,45 millones de euros de Sa Nostra (hoy Mare Nostrum).

"Es sorprendente que la sociedad fuese agraciada con ese préstamo y además lograra sucesivas ampliaciones y novaciones toda vez que no tenía actividad y se encontraba en causa de disolución", valoran los investigadores, que destacan que en el momento de la concesión del crédito, el vicepresidente de la entidad financiera era Antoni Borrás, "mencionado en dos ocasiones en los manuscritos requisados en el registro de la casa de la abuela de Gómez Iglesias", entre los que se encontraba un "borrador de un supuesto préstamo de 10 millones de euros del Banco Nacional de Guinea que incluye La Alamedilla como aval".

Desde que se produjo ese primer crédito de Sa Nostra, según la policía, la mercantil Hacienda La Alamedilla "se utiliza para recibir fondos bancarios de entidades vinculadas a los socios y tranferirlos seguidamente a otros socios y sociedades vinculadas". Estos hechos, según el informe de la comisión judicial, "apuntan a (...) una operativa irregular que pudiera ser sospechosa de blanqueo de capitales", además de "una estrategia" dirigida a proteger la finca de la posible acción de la justicia. "En ambas maniobras, la responsabilidad de los propietarios es directa", entienden los investigadores, que destacan que estos estarían ayudando a Conde y Romaní "en la ocultación de una finca adquirida con el desvío ilícito de fondos pertenecientes a Banesto".