El PSOE aumenta la presión contra Montoro y pide su reprobación por la amnistía fiscal

Cristóbal Montoro ya ha quedado "inhabilitado" para seguir ejerciendo de ministro de Hacienda después del durísimo varapalo que le infligió este jueves el Tribunal Constitucional (TC), al tumbarle su amnistía fiscal de 2012. Es la opinión del PSOE, el partido que promovió el recurso contra la controvertida medida del Gobierno de Mariano Rajoy que ahora ha sido anulada, aunque sin que se puedan revertir sus efectos económicos. Y el partido que ahora aumenta la presión contra Montoro y exige su reprobación en el pleno del Congreso por haber "beneficiado" a los evasores fiscales.

En cuanto el tribunal de garantías dio a conocer su demoledor fallo contra la amnistía fiscal del PP [aquí en PDF], los socialistas, a través de su portavoz económico en la Cámara Baja, el diputado murciano Pedro Saura, pidieron la "dimisión inmediata" del titular de las cuentas públicas, a la vista de que él no pensaba hacerlo. Dejó en el aire ir adoptando más medidas si el ministro se atrincheraba en su puesto. Montoro no ha dado señales de querer irse de su departamento, y lo único que anunció ayer, tras la presión de los grupos, fue solicitar al Congreso que tramite su comparecencia a petición propia.

[Consulta aquí en PDF la PNL del PSOE de reprobación a Cristóbal Montoro]

Un gesto insuficiente para el principal partido de la oposición, que registró este viernes, como adelantó el portavoz provisional, José Luis Ábalos, en rueda de prensa desde Valencia, la proposición no de ley (PNL) para reprobar al titular de Hacienda y Función Pública en el pleno. De prosperar la iniciativa, que sería la opción más probable, Montoro se convertiría en el segundo miembro del Gobierno en ejercicio en ser censurado solemnemente por el máximo órgano de la Cámara Baja en democracia, tras Rafael Catalá, que ya fue amonestado por el pleno el pasado 16 de mayo. La moción de reprobación se discutirá previsiblemente a finales de este mes, pero antes el Grupo Socialista, como también anunció Ábalos, interpelará antes a Montoro. En cualquier caso, la PNL tiene valor puramente simbólico, puesto que en caso de que prospere no obliga a Mariano Rajoy a destituir a su ministro. De hecho, ya tuvo a Jorge Fernández Díaz censurado por la Cámara cuando era titular de Interior en funciones y no lo relevó de inmediato —sí cuando formó nuevo Gobierno, tras su investidura—, y aún mantiene la confianza en Catalá, también censurado a instancias del PSOE.

El texto de la iniciativa subraya que mientras Rajoy subía impuestos a los trabajadores, Montoro daba vida a una amnistía "injusta e inmoral"

En su texto, el PSOE recuerda que mientras Mariano Rajoy "subía los impuestos a los trabajadores con subidas extraordinarias del IRPF y del IVA, a los grandes defraudadores se les perdonaba el pago de sus obligaciones tributarias mediante una amnistía fiscal injusta e inmoral" diseñada por el titular de Hacienda e introducida en el real decreto ley 12/2012, en su disposición adicional primera, la que el TC acaba de anular. Una medida que otorgaba "un tratamiento fiscal mucho más favorable para quien había incumplido sus obligaciones tributarias que para el contribuyente cumplidor" y que además "garantizaba la impunidad a delincuentes" y evasores fiscales, permitiéndoles "blanquear dinero negro", incluso en metálico o el que procedía de la comisión de delitos, al no preguntar siquiera "sobre el origen de los fondos regularizados".

"Impunidad" para los corruptos

Así, razonan en su proposición no de ley los socialistas, la amnistía no solo dificultaba la lucha contra el fraude, erosionando la "conciencia fiscal" de los españoles, sino que también "obstaculizaba" el combate contra la corrupción. El PSOE recuerda que en la mayoría de tramas que se han ido descubriendo en estos años ha habido implicados que se beneficiaron de la medida extraordinaria del Gobierno del PP. Y cita al extesorero popular Luis Bárcenas, al exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato o a los familiares del expresident Jordi Pujol.

En su escrito, los socialistas recuerdan que acudieron al Tribunal Constitucional el 25 de junio de 2012 —entonces el secretario general era Alfredo Pérez Rubalcaba, y su portavoz parlamentaria, la vallisoletana Soraya Rodríguez— para demandar la anulación del real decreto ley aprobado tres meses antes por el Consejo de Ministros y convalidado por el Congreso, aduciendo que violaba el principio de justicia tributaria y la "ruptura" de los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica y progresividad. El TC, cinco años después, "ha dado la razón al PSOE y ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad de aquella medida", con una "dura sentencia" de la que la moción extrae algunos párrafos, como la afirmación del tribunal de garantías de que la amnistía de 2012 "supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos", por lo que "viene a legitimar" la conducta de los que defraudaron al fisco.

El PSOE recuerda que en la mayoría de tramas de corrupción ha habido beneficiarios del decreto de Montoro: Bárcenas, Rato, los Pujol...

Y aunque el TC, agarrándose al principio de seguridad jurídica, no hará a los evasores resarcir al Estado por haber cometido fraude, por lo que no habrá consecuencias económicas, los socialistas sí juzgan "imprescindible" que el fallo tenga "consecuencias políticas en el ministro" que, "saltándose principios fundamentales" de la Constitución, "les facilitó la impunidad". Montoro, afirman los socialistas, está "inhabilitado" para seguir ejerciendo su cargo. Y por eso piden su reprobación por "haber beneficiado a los defraudadores mediante la amnistía fiscal".

Una reforma de la Constitución para encajar la "nación cultural" catalana

José Luis Ábalos también respondió en rueda de prensa en Valencia al anuncio de la fecha —1 de octubre— y la pregunta —"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?"— del referéndum soberanista hecho por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. No compareció en cambio el secretario general, Pedro Sánchez. 

El portavoz provisional sostuvo que el PSOE sigue abogando por una reforma constitucional que "permita el encaje de la realidad de Cataluña como nación cultural", la denominación que Sánchez incorporó a su proyecto político y que previsiblemente será validada en el 39º Congreso Federal, que se abrirá dentro de una semana. Para Ábalos, es necesario "plantear un esquema federal de verdad" porque el "federalismo no es descentralización", sino la suma de "Estados que participan de un proyecto común", informa EFE. 

Ese federalismo, siguió, "surge desde abajo, desde el reconocimiento de las naciones culturales y regiones de este país, y hay que hablar de ello, del encaje de Cataluña, de tal modo que ese sentimiento nacional tenga una satisfacción, sin romper la soberanía del pueblo español". 

El PSOE quiso rebajar el calado del desafío catalán, ya que Puigdemont, indicó Ábalos, hizo "un anuncio", pero no hay un "acuerdo" de gobierno "todavía". No obstante, los socialistas no respaldarán esa vía unilateral en ningún caso: "No estamos de acuerdo, no aceptamos ese desafío. Nuestro límite es la legalidad, pero sí que es verdad que, entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que no, hay que encontrar un espacio para la política". El portavoz remarcó que de aquí al 1 de octubre "hay tiempo suficiente para este espacio de encuentro en el que tratar de enfocar la cuestión" y buscar la fórmula en la que, "dentro de la legalidad, Cataluña pueda sentirse más encajada en un modelo constitucionalmente adecuado".