El juez cierra el caso: el dueño de Funnydent fue un pésimo gestor, pero no un estafador

El dueño de Funnydent fue un pésimo gestor, pero no un estafador. Es la conclusión que ha emitido el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero, que instruye el procedimiento contra el propietario de las clínicas dentales intervenidas, Cristóbal López Vivar, tras desestimar el recurso interpuesto por varios denunciantes contra el archivo del caso. El Juzgado confirma de este modo el sobreseimiento y argumenta que de la información sobre las cuentas del investigado, de la recabada por la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra en los municipios en los que existían clínicas, de la analizada por la Tesorería General de la Seguridad Social, de la extraída de los juzgados de Mataró y Sabadell, del informe emitido por la administración judicial y del que obra unido a las actuaciones de la administración concursal se concluye que el imputado fue un pésimo gestor empresarial.

Sin embargo, ningún indicio apunta a la existencia de delito penal, señala el juzgado, que acordó el archivo el pasado 15 de febrero al considerar que las pruebas presentadas no estaban suficientemente acreditadas. Los recurrentes habían alegado que "existió engaño" y por lo tanto estafa cuando López Vivar hizo "falsas promesas de pago y nuevos encargos" a los proveedores "a pesar de conocer la verdadera situación de la empresa". O que "continuó ofertando descuentos y tratamientos" en esas circunstancias.

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El Juzgado número 4 de Navalcarnero, sin embargo, asegura que ninguno de los recurrentes ofrece nuevos elementos "que permitan modificar la decisión en su día adoptada", por lo que no cabe reabrir el asunto. "Tal y como se expuso el 15 de febrero, de las diligencias practicadas (...) se desprende la existencia de una pésima gestión empresarial por parte del investigado, cuya responsabilidad civil, mercantil y laboral se halla pendiente de depurar, pero no de indicios de delito penal por las razones expuestas en el auto recurrido", explica la titular del juzgado, Teresa Álvarez.

La magistrada admite que "constan indiciariamente acreditados diversos incumplimientos contractuales, tanto con pacientes, proveedores, arrendadores y personal contratado por el investigado", así como "infracción de normas contables y financieras". "La gestión personalista del negocio, los acuerdos con financieras y el descontrol sobre el volumen de gastos ha provocado una situación enormemente perjudicial para todos los afectados, pero también para el investigado, cuyo patrimonio se hallaba vinculado a su grupo empresarial", añade la jueza.

"El incumplimiento por parte del investigado de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con el Registro Mercantil impide, pese a la investigación realizada, determinar siquiera con carácter indiciario un desplazamiento patrimonial o enriquecimiento personal", sentencia el auto que desestima los recursos. "Con independencia del resultado y de la alarma social denunciada, tal y como se ha expuesto, no se ha apreciado en la conducta del investigado la concurrencia de elemento del tipo penal de estafa", concluye la resolución.