la última decisión de moix

Anticorrupción insiste en acusar a Rato de blanquear dinero cuando era ministro

La Fiscalía recurrirá el archivo de la pieza que investigaba las campañas publicitarias que encargaron empresas privatizadas cuando Rato era ministro a mercantiles de su familia

Foto: Rodrigo Rato. (EFE)
Rodrigo Rato. (EFE)

Ha sido una de las últimas decisiones tomadas por el malogrado Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Días antes de presentar su dimisión ante el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ya exjefe del ministerio público especializado dio el visto bueno a la propuesta de la fiscal Elena Lorente, encargada de la investigación del caso Rato, de recurrir la parte del asunto archivada recientemente por el juez Antonio Serrano Arnal. El magistrado sobreseyó provisionalmente el pasado 26 de mayo la pieza que acusaba a Rodrigo Rato de blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos por su presunta vinculación con las campañas de publicidad encargadas a empresas de su familia de mercantiles privatizadas por el Gobierno durante la época en que el acusado era ministro de Economía.

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez Serrano Arnal el pasado 27 de marzo, varias empresas privatizadas entre los años 1996 y 2005, durante el periodo del Ejecutivo de José María Aznar, desembolsaron 83 millones de euros a sociedades supuestamente relacionadas con el entorno del exvicepresidente del Gobierno. El documento elaborado por los investigadores de la UCO ponía el foco en la mercantil Cor Comunicación, que fue la que más fondos recibió provenientes de empresas privatizadas. En concreto, esta sociedad ingresó 67,6 millones (de los 83 totales) sobre todo de Endesa (de la que percibió 61,88 millones), de Paradores (2,2 millones) y de Repsol (1,13 millones), entre otras.

Anticorrupción, de hecho, pidió al titular del Juzgado número 31 de Madrid que citara de nuevo al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de que diera explicaciones en relación al informe de la Guardia Civil, que atribuía a Rato los mencionados delitos de blanqueo, cohecho y malversación, que se unían a los que ya le imputa el juez en otras piezas del mismo procedimiento (blanqueo y contra la Hacienda Pública). La Fiscalía pretendía que Rato diera cuenta del origen de su fortuna en relación a esta nueva línea de investigación que proponía la UCO.

El magistrado, sin embargo, no solo no consideró pertinente la proposición del ministerio público, sino que fue más allá. Serrano Arnal decidió archivar esa parte de la investigación a través de un auto que criticaba duramente el citado informe de la Guardia Civil. En concreto, el instructor de la causa aseguró que la UCO basó su denuncia sobre el desvío de fondos procedentes de contratos con empresas que privatizó en su etapa como ministro en "sospechas" sin sustento. Afirmó además que, incluso en el caso de que hubiera indicios sólidos, los delitos que le achacan los investigadores habrían prescrito.

Aunque el juez tachó de "abusivas e inmorales" e impropias de su "condición política" las actuaciones que le achacaban los agentes de la unidad anticorrupción del instituto armado, estos calificativos quedaron en mera anécdota, dado que su decisión pasaba por dar carpetazo a las actuaciones, al menos de forma provisional, ya que ahora el recurso de la Fiscalía podría provocar la reapertura del asunto. El ministerio público, que aún no ha interpuesto su escrito, prevé hacerlo en los próximos días. Sería entonces la Audiencia Provincial de Madrid la que tendría que decir si es oportuno revocar el archivo y retomar la instrucción donde se había quedado o confirmarlo y dar por finiquitada la investigación en lo que concierne a las campañas de Cor Comunicación.

Anticorrupción volvería a pedir previsiblemente la comparecencia del exministro en el caso de que el alto tribunal madrileño optara por la primera opción y ordenara reabrir la pieza separada que rastrea la privatización de empresas durante la etapa de Rato al frente de Economía. El resto de piezas que el Juzgado número 31 mantiene abiertas en el marco del caso Rato continúa su camino en paralelo.

El informe de la UCO criticado por el juez Serrano Arnal apuntaba que Rato creó Cor Comunicación, una empresa "opaca" —según la definió la Oficina Nacional de Investigación del Fraude—, para "cumplir los elementos esenciales del tipo de blanqueo de capitales", ya que fue "utilizada para ocultar el origen ilícito" del dinero. La mercantil, según el informe, recibió más del 90% de sus ingresos de empresas privatizadas para las que realizaba campañas de publicidad. De hecho, añaden los agentes de la Guardia Civil, Cor se funda precisamente "con el propósito de facturar con determinadas empresas que habían sido privatizadas o que estaban en ese proceso de privatización".

Antes de que el magistrado criticara el informe de la UCO y archivara la pieza separada, el propio Rato arremetió —en un comunicado trasladado a la agencia EFE— contra el trabajo de la Guardia Civil, que calificó de "dosier político" construido para desprestigiar su labor al frente del Ministerio de Economía. El exgerente del FMI aseguró que los agentes del instituto armado "tergiversan realidades", aunque no concretó cuáles ni argumentó por qué había una supuesta campaña contra él. Quieren, acusó, hacer "una investigación prospectiva" de carácter político.

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