Rajoy tendrá que acudir en persona el 26 de julio al juicio de Gürtel

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que acudir en persona el próximo 26 de julio al polígono industrial de la localidad madrileña de San Fernando de Henares donse se celebra el juicio de la Gürtel, ha anunciado el tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama. La mayoría de magistrados descartan así la petición del líder del Ejecutivo que solicitó que su interrogatorio como testigo se realizara por 'plasma', atendiendo a razones de seguridad y por ser el medio "menos perturbador" en el ejercicio de sus funciones.

El tribunal destaca que Rajoy no comparecere como presidente sino como "un ciudadano español" y su declaración debe enmarcarse en la normalidad democrática y del Estado de Derecho. Avisa que responde a "una sana relación institucional", ajustada a derecho, ya que el poder ejecutivo y judicial se sitúan en un mismo plano. Eso sí, dispone que se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para preservar su imagen institucional durante el desarrollo del interrogatorio.

Rajoy se puso en contacto con la Audiencia Nacional hace unas semanas para mostrar sus preferencias. En un escrito remitido por la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Rosario Pablos López, al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, explicaba que por su agenda para los próximos meses, las fechas más adecuadas eran el 26 o 27 del mes de julio. Los jueces, con el voto particular del presidente Ángel Hurtado, han atendido a la fecha propuesta pero han rechazado el formato preferido por el presidente. Rajoy, que ha sido llamado a testificar en este juicio en el que se encuentra el PP acusado como partícipe a título lucrativo, destacaba en este escrito su interés por declarar por videoconferencia por "razones de seguridad" y por ser el medio "menos gravoso".

"Un eventual desplazamiento del presidente del Gobierno ante la sede física del tribunal o bien una posible constitución de éste en el despacho oficial del presidente, supondría todo un conjunto de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas si tenemos en cuenta que la prueba podría practicarse a través un medio menos gravoso como es la videoconferencia", argumentaba este escrito. Además, indicaba que la comparecencia física del presidente del Gobierno ante el tribunal implicaría un "despliegue importante de recursos públicos".

Sólo son 18 kilómetros

Los jueces rechazan estos argumentos y defienden que "no son consistentes". El tribunal no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante que alegaba Rajoy cuando lo único que debe hacer es trasladarse "18 kilómetros hasta la citada localidad".

En cuanto a este punto, los jueces José Ricardo de Prada y Julio de Diego aseguran que la seguridad en la sede de San Fernando cuenta "con las mayores garantías" y en todo caso es similares a otras sedes empresariales o institucionales madrileñas donde Rajoy suele organizar actos y reuniones. Es mayor -agregan- que la que disfrutan "mercados y otros foros populares" donde ha estado en campañas electorales.

Precisamente, Rajoy declara como testigo después de que la mayoría de los magistrados que forman este tribunal, aceptase la petición de la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE). Según explicaban en ese auto, es conveniente escuchar al presidente del Gobierno porque el PP se negó a declarar en la vista oral remitiéndose a lo ya expuesto en su escrito de defensa y a las cuestiones previas, tal y como dijo el representante legal de la formación política, Jesús Santos.

La decisión se ha tomado contra el criterio del presidente del tribunal. Hurtado defiende que Rajoy debería haber declarado por videoconferencia y lo justifica en su actual posición institucional. El magistrado argumenta también que este sistema tecnológico se utiliza ya de una forma habitual y extendida en España. Como ejemplo, cita los antecedentes de Artur Mas durante el juicio por el cerco al Parlament y el caso del juicio de las 'herriko tabernas', en el que se autorizó la declaración a distancia de uno de los acusados.

Finalmente, el presidente del tribunal advierte de los efectos "mediáticos y metajurídicos" que tendrá "la comparecencia de tan significado testigo" y alega las mismas razones del expresidente, de seguridad y orden público. Agrega que el desplazamiento hasta San Fernando de presidente pueda resultar menos "gravoso", que además sería menos perturbadora para el ejercicio de las funciones del presidente.