El contrato de la discordia: Cifuentes vuelve a cuestionar a la UCO

El documento clave en la adjudicación del contrato que el empresario Arturo Fernández se llevó en la Asamblea de Madrid y que centra las acusaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se encuentra incorporado en el sumario de la trama Púnica, cuyo secreto acaba de levantar el juez Eloy Velasco.

Entre los tomos que el juzgado ha facilitado a las partes del procedimiento y a los que ha tenido acceso El Confidencial, aparece el acta de sesión de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid celebrada el 27 de junio de 2011 y presidida por Cifuentes. El punto cuarto del acta se refiere a las ofertas presentadas para la contratación del servicio de cafetería, cocina y comedores, que fue asignada al Grupo Cantoblanco, propiedad del empresario.

La propuesta de Fernández recabó 83,67 puntos, muy por encima de las de los otros dos aspirantes —Clece, que sumó 59,57, y Manserco, que se quedó en 56—. La mesa consideró la oferta de Cantoblanco, por un importe de 162.000 euros sin IVA, como la más ventajosa y adjudicó el contrato de la discordia. El acta aparece firmada por Cifuentes, entonces vicepresidenta, que, como es habitual, también estampó su rúbrica en otras ocho páginas del documento.

Este jueves, Cifuentes ha vuelto a poner en duda el contenido del informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la señala en relación con la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho. Una nota de los servicios jurídicos en que se pondera la irrelevancia penal de estas acusaciones destaca que los investigadores han vertido "juicios de valor" que no tienen siquiera el carácter de indicios y pone de manifiesto que no existe resolución judicial alguna en contra de la presidenta ni contra ningún miembro del Comité de Expertos que participó en aquella decisión.

Según el argumentario, al que ha tenido acceso El Confidencial, no hay auto judicial de investigación formal respecto de las personas que integraban este órgano —María Virtudes Merino, Tatiana Recoder y Arturo Zubiri— y menos contra Cifuentes. Esto indica que no se han hallado indicios racionales de criminalidad ni por parte de la autoridad fiscal ni por parte de la autoridad judicial.

Los tres miembros del comité que avaló la concesión de los comedores de la sede del Gobierno regional a Fernández han declarado policialmente en el marco de la investigación que sigue el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Los servicios jurídicos insisten en que el informe de la UCO no tiene más valor que el de cumplimentar una diligencia de mera ordenación para mejor conducción de la investigación. "Nunca es una prueba, ni puede contener valoraciones de carácter jurídico, cuyo monopolio en exclusiva corresponde al filtro judicial. No es ni un indicio, ni una prueba, ni una diligencia de investigación, ni menos un peritaje", aseguran, y agregan que su contenido está plagado de "presunciones, juicios de valor y planteamientos prospectivos carentes de base probatoria y fáctica alguna".

"Debe concluirse que si no se ha seguido diligencia judicial alguna antes del levantamiento de la medida de secreto para las partes, tras la emisión de los citados informes, es que a juicio de la Fiscalía y de la autoridad judicial debe descartarse la relevancia penal de los hechos expuestos en los citados informes", insisten.

También resaltan que la declaración policial, en calidad de investigado, no equivale a una imputación y dicen que la UCO señala irregularidades que se refieren a una defectuosa redacción de los pliegos de cláusulas administrativas en los que Cifuentes no tuvo participación alguna y que fueron informados favorablemente tanto por una letrada de la Asamblea como posteriormente por el Interventor de la Asamblea.

Un procedimiento con garantías

Sobre las declaraciones policiales de los miembros del comité de expertos a los que la Guardia Civil atribuye las mismas conductas que a la presidenta, esta pone el foco en que todos aseguraron que las valoraciones que favorecieron que el contrato se adjudicara al Grupo Cantoblanco las realizaron exclusivamente los técnicos y la ahora presidenta se limitó a aceptarlas. "No cabe imputar delito de prevaricación al Comité de Expertos en la medida en que la resolución de adjudicación corresponde a la Mesa de la Asamblea", asegura la nota y subraya las "múltiples garantías que rodean a un procedimiento de contratación en el ámbito de la Asamblea de Madrid, garantías que pueden estimarse incluso superiores a las existentes en la propia Administración Pública".

Los argumentos contra el criterio de la UCO se basan además en que la normativa rectora de la contratación en la Asamblea de Madrid dispone que los vicepresidentes de la Cámara formen parte simultáneamente del Órgano de Contratación y de la Mesa de Contratación, como sucedió en este caso concreto. Los miembros de la Mesa de Contratación pueden formar parte también del Comité de Expertos, ya que la Ley de Contratos del Sector Público no contemplaba incompatibilidad o prohibición expresa alguna a este respecto, estando referida tal incompatibilidad al órgano proponente, en este caso, la Dirección de Gestión Administrativa, en la que no participaba Cifuentes.

"Es la Mesa de la Asamblea el órgano colegiado competente en dictar la resolución, en este caso, la adjudicación de los contratos. Órgano colegiado, cuya composición no puede vincularse a un partido político concreto sino que tiene representación de PSOE e Izquierda Unida", dice, y destaca que la resolución se adoptó, por unanimidad, tras el examen de los informes jurídicos y de intervención y de la documentación obrante en los expedientes. "La injusticia de la resolución no se ve por ninguna parte, habida cuenta de que esta, penalmente al menos, se cifra en un apartamiento absoluto y consciente de la legalidad que se debería predicar de todos los miembros" y no tan solo de Cifuentes, concluye.