La financiación ilegal del PP pasó por Pozuelo y la UCO salpica a Paloma Adrados

La financiación irregular del PP de Madrid pudo pasar por el municipio de Pozuelo de Alarcón (85.000 habitantes), tradicional granero de votos de los populares. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan dentro del marco del caso Púnica si el ayuntamiento de esta localidad recompensó a determinados proveedores de gastos electorales del partido con adjudicaciones directas que suman 1,42 millones entre los años 2006 y 2014, cuando el Gobierno local estuvo dirigido por Jesús Sepúlveda (hoy uno de los procesados en la trama Gürtel), Gonzalo Aguado (ex alto cargo en el Gobierno de Cifuentes) y Paloma Adrados (hoy presidenta de la Asamblea de Madrid).

Según el ministerio público, los archivos de Beltrán Gutiérrez (exgerente del PP de Madrid investigado en la causa) "han revelado indiciariamente los canales de financiación irregular con los que se sufragaban los gastos electorales que el PP ocultaba". En este punto, la Fiscalía sitúa como eje principal de este entramado a Fundescam (la fundación vinculada al PP), "que fue un instrumento muy activo de la financiación irregular del partido, desviando las subvenciones públicas que recibía de la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del partido". Dichos pagos a proveedores "se desviaban groseramente de lo fines" de Fundescam.

Este canal de financiación, según la Fiscalía, "permitió que determinados proveedores de gastos electorales del partido, como Back RVS Producciones Culturales, Croma 21 y Digital Plane, fueran recompensados como adjudicatarios directos de contratos sin concurrencia, cuando por ser prestaciones casi continuadas en el tiempo entre los años 2006 y 2014 de la misma entidad debieran haber sido procedimientos negociados". Un informe de la UCO de la Guardia Civil señala que estas tres sociedades "han participado activamente en relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Pozuelo y el Patronato Municipal de Cultura", este último, un ente público que depende del consistorio, y que las tres se han llevado "un elevado número de contratos menores".

Por ejemplo, Back RVS se llevó entre 2006 y 2008 contratos menores por valor de 553.111 euros. Digital Plane fue la adjudicataria de contratos menores de manera interrumpida entre 2006 y 2014 por un montante de 662.106 euros. La mercantil Croma 21 se llevó solo en 2007 contratos menores por valor de 109.506 euros. Las tres suman 1,32 millones de euros en contratos menores, aunque en total (sumando también los contratos negociados) las tres sociedades facturaron a Pozuelo de Alarcón 1,42 millones de euros. "En estos contratos menores se ha producido un fraccionamiento del objeto de los mismos, mediante la adjudicación de diversos contratos destinados a la obtención de un mismo resultado, y mediante contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes".

En su informe, la UCO señala varios ejemplos de contratos que se llevaron estas tres empresas "con el mismo objeto" y para el mismo acto. "El contrato menor supone la excepción de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, y por ese motivo debe ser una forma excepcional para la adjudicación de contratos. Sin embargo, en los casos analizados, el contrato menor ha sido una práctica habitual". Los investigadores concluyen que "todo ello parece indicar que pudiera tratarse de un fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato que tuvo como consecuencia que esas mercantiles fueran acreedoras de un trato preferencial en el Ayuntamiento de Pozuelo.

De todos los contratos analizados, el ayuntamiento adjudicó 751.800 euros a estas tres empresas. El Patronato Municipal de Cultura licitó 854.900 euros. Entre 2006 y 2010, cuando en el municipio gobernaban Jesús Sepúlveda y Gonzalo Aguado, estas tres sociedades facturaron al municipio 1,18 millones de euros. Entre 2011 y 2014, ya con Paloma Adrados como alcaldesa, Pozuelo adjudicó a las tres firmas investigadas 240.000 euros. De momento, la UCO no acusa a ningún cargo público de ningún delito.