no ve acreditado el delito

Juez y Fiscalía descartan pedir la imputación de Cifuentes a pesar del informe de la UCO

La UCO relaciona a la presidenta con la adjudicación de un contrato de la pieza de la financiación ilegal. Cifuentes señala que dejó Fundescam en 2008, un año antes del primer contrato

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descarta pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por prevaricación continuada y cohecho en el marco de la trama Púnica, a pesar del informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) en el que los agentes la relacionan con la presunta comisión de estos delitos en la adjudicación del contrato que el empresario Arturo Fernández se llevó en la Asamblea de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción también descarta que exista en estos momentos "indicio alguno" contra la presidenta regional. Asegura que "hoy en día no es objeto de investigación: lo que diga la UCO no tiene trascendencia jurídica y los investigadores tienen que limitarse a apuntar hechos sin avanzar calificaciones jurídicas", señalan fuentes del ministerio público.

Juez y Fiscalía descartan pedir la imputación de Cifuentes a pesar del informe de la UCO

Según apuntan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, en este punto de la instrucción de la pieza de financiación irregular (que arrancó en febrero de 2015), el magistrado sólo tiene acreditada la vinculación de tres responsables políticos con estos dos delitos, a los que se suman el delito electoral continuado y los delitos de fraude y falsedad documental. Así, los investigadores sitúan al frente de la presunta financiación irregular al cabecilla de la trama, Francisco Granados; al ex gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez; y al ex gerente del PP municipal, José Ignacio Echevarría. En esta pieza el juez investiga el desvío masivo de fondos dirigidos a pagar en negro tres campañas electorales, entre ellas la nacional de 2008.

La oposición ha aprovechado la publicación del informe de la UCO para intentar dañar políticamente a Cristina Cifuentes. Ciudadanos, que mantiene al PP en el Gobierno, ha recordado que si Cifuentes es imputada "deberá abandonar el cargo, como pasó con el presidente del Murcia". Podemos ha ido más allá y ha recordado que ahora más que nunca es necesario una moción de censura para desalojar al PP del Gobierno regional. PSOE ha acusado a Cifuentes de participar en una "adjudicación ilegal" y ha recordado que el Grupo Cantoblanco, la empresa que se llevó la adjudicación de la Asamblea, "es donante del PP".

Según informa Paloma Esteban, Cifuentes ha explicado este martes que "dejó de ser vocal de Fundescam en 2008, un año antes del primero de los concursos q se investigan. Yo entré en Fundescam en mayo de 2005 y cesé el 18 de septiembre de 2008. Así consta en las actas de la fundación, por tanto no entiendo la vinculacion con un contrato de 2009". Durante el periodo en el que formó parte de Fundescam Cifuentes señala que "nunca intervino en actividades de la fundación. No voy a consentir que nadie ponga en duda ni por asomo mi honradez y mi honorabilidad que es lo único que realmente tengo. No dejaré que en esta especie de maremagnun nos arrastren a todos a la misma deriva. Me estoy dejando la piel por Madrid".

Eligieron a Cifuentes

El expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. (EFE)
El expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. (EFE)

Como adelantó este diario, Cifuentes presidió la mesa de contratación en la que la Asamblea de Madrid adjudicó en el año 2011 al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña, el servicio de catering del Parlamento madrileño. Lo hizo en calidad de vicepresidenta de la Cámara madrileña. Este es uno de los contratos investigados por la Audiencia Nacional en esta pieza separada, ya que Arturo Fernández fue donante de Fundescam en el año 2007. La UCO no dice que compatibilizará su cargo en Fundescam (que acabó en 2008) con los contratos a Cantoblanco, sino que estos fueron una especie de recompensa por las donaciones de Fernández.

Cifuentes ha recalcado que ella "formaba parte de la mesa de contratación porque en la Asamblea el presidente delega siempre en el vicepresidente para presidir la mesa de contratacion. Es así siempre. Es un acto reglado. Y el hecho de que yo estuviera en la comisión de expertos, la mesa de la Asamblea decide en abril de 2009 que un miembro de la mesa participe en la comisión de expertos, y me eligen a mí. Yo no manifesté el deseo. Me dijeron que yo y ya está".

El informe de la UCO ha levantado una auténtico terremoto político. Como ha publicado El Confidencial, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, ha dado orden a los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a los de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, departamentos con los que habitualmente trabaja el Ministerio Público, de que le remitan directamente a él todos los informes que realicen sobre asuntos que estén indagando y que aún no hayan entrado en el organismo especializado.

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