La Defensora del Pueblo pide revisar las visitas de los maltratadores a sus hijos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, solicitó al Gobierno que se revisen los regímenes de visitas y la patria potestad de los hijos de los acusados de maltratar a sus exparejas para evitar casos como el asesinato de un niño de 11 años en Oza-Cesuras (La Coruña) a manos de su padre al que su exmujer había denunciado hasta en dos ocasiones.

"Hoy tenemos que mencionar la violencia​ hacia los menores, como ha ocurrido con un niño de once años al que ha dado muerte su padre", lamentó Becerril durante su comparecencia en el Pleno del Senado, donde pidió a las administraciones y senadores "estar muy atentos a la manera de actuar ante estas circunstancias y a todos los procedimientos".

En este sentido, recordó que el autor del asesinato de su propio hijo "tenía dos denuncias de su exmujer" por violencia de género, y sin embargo, podía disfrutar de un permiso de visitas del menor. De hecho, la muerte de este niño se produce, como ocurrió en varias ocasiones, cuando estaba con su padre. "Habrá que revisar esos permisos y visitas y la patria potestad. No hay más remedio", apostilló.

La Defensora también llamó la atención sobre la acogida de refugiados por parte de España y aseguró que no va a cumplir con su compromiso, al igual que otros países de la Unión Europea. "España tendría que reubicar a 7.580 personas de aquí a septiembre. Va a resultar difícil", aseveró."Una mayor coordinación y apoyo redundaría en una mejora de la disponibilidad para recibir a estas personas que llegan muy afectadas psicológicamente y cuya reubicación es compleja larga y no plenamente satisfactoria", subrayó Becerril.

La Defensora también mencionó los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y señaló que ha visitado durante 2016 varios de otros países de la UE, que, según dijo, "tienen muchas cosas en común con los de España". No obstante, señaló que le trasladó al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la necesidad de mejora de las instalaciones y de las condiciones en que deberían estar los internos.

Becerril denunció el retraso "enorme" desde 2013 en las resoluciones de solicitudes de nacionalidad, un tema que este lunes fue objeto de debate en el Pleno de esta cámara entre el PSOE y el ministro de Justicia, que aseguró que desde 2007 se han tramitado 1,3 millones y que el Gobierno del PP se encontró en 2012 con un tapón de 400.000, que está solventando gracias a una encomienda con el Colegio de registradores de la Propiedad.".