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El juez dividirá la trama Lezo en seis piezas ante la dimensión de la red de González

La investigación por la operación contra el entramado dirigido por Ignacio González adquiere dimensiones de macrocausa y se troceará para su mejor manejo

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II. (EFE)

La operación Lezo comienza a adquirir dimensiones de macrocausa. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado la decisión de dividir la causa en la que se investiga la trama dirigida por el expresidente de la Comunidad de Madrid en seis piezas para su mejor manejo. Seis derivadas de un tronco principal con un denominador común: Ignacio González.

Cada uno de esos procedimientos vinculados contará con sus propios imputados, en un esquema que imita al que ya ha adoptado el magistrado en la investigación sobre la red Púnica dirigida por Francisco Granados y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. La división demuestra que la magnitud del caso supera el ámbito de las irregularidades detectadas en relación con el Canal de Isabel II y va mucho más allá. "Esta no es la investigación del Canal, es la investigación de Ignacio González", aseguran fuentes cercanas al caso.

Según ha podido saber El Confidencial, los manejos en el Canal se instruirán solo en una de esas seis vertientes, mientras que las otras cinco se destinarán a examinar otras operaciones. La pieza sobre el ente público de aguas incluirá la compra que Inassa hizo en Brasil, una transacción adelantada en exclusiva por este diario. Inassa pagó 21,4 millones de euros por la firma brasileña Emissao a finales de 2013. Un año después, su valor contable era solo de cinco millones. Inassa hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada y usando una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.

Otro de estos procedimientos examinará el blanqueo de capitales en el que presuntamente incurrieron los principales imputados. El juez imputa a González "determinadas operativas orientadas a aflorar el ingente dinero en efectivo" que logró amasar con su red de corrupción de cobro de comisiones ilegales. Entre las vías que señaló el magistrado, se encuentra la relación del expresidente madrileño y su esposa con la gestión de guarderías o la adquisición de una parte del accionariado de Auditel.

Aparece aquí una de las personas sobre las que el Juzgado Central de Instrucción 6 recaba datos con vistas a una futura imputación. El exministro popular Eduardo Zaplana. González planeó "sondear al abogado uruguayo Fernando Belhot, para crear algún tipo de estructura financiera a largo plazo para canalizar capitales junto a Eduardo Zaplana, lo que indiciariamente apunta a la tenencia de activos financieros en el exterior", decía en su auto.

El expresidente de la CAM aportó el 50% de los fondos para adquirir, junto a Zaplana, una sociedad del abogado uruguayo fundador de South Capital Partner, experta en la creación de empresas 'offshore', que tenía la patente de un milagroso producto de desinfección de agua. “Las diligencias revelan que el expresidente de la CAM iba a acometer esta inversión a través de sociedades opacas y testaferros”, indicaba en sus escritos el instructor del caso Lezo.

Piezas de las operaciones principales

Las otras cuatro piezas analizarán las principales operaciones con las que se vincula a González: las comisiones de OHL, la adjudicación del campo de golf de Chamberí, la que analiza la actividad de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y la enfocada sobre Mercasa.

En la parte que afecta a OHL, figurará previsiblemente como imputado el hasta hace unos días consejero de la compañía Javier López Madrid. El juez investiga en concreto el pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la CAM y al PP de Madrid por la adjudicación de una obra dentro del fallido proyecto del tren de Navalcarnero. El dinero se ingresó en una cuenta en Suiza. Tras declarar ante el juez, López Madrid quedó libre previo pago de una fianza de 100.000 euros.

Otra de las piezas estará destinada a indagar en la adjudicación presuntamente fraudulenta de la gestión de los campos de golf de Chamberí al consorcio Green Canal Golf, que no había planteado la oferta económica más atractiva. Entre las empresas que conforman este grupo empresarial se encuentra Tecnoconcret, participada por dos familiares directos de González también imputados, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Según reflejó el juez Velasco en sus autos, todo apunta a una "manipulación" en la adjudicación para beneficio personal de los investigados.

La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y su exconsejero delegado José Martínez Nicolás adquieren protagonismo en otra de estas microcausas. El magistrado y los fiscales del caso sospechan que el antiguo cargo "infló" contratos suscritos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir un millón de euros que González le pidió en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011. En junio de 2012, el exhombre fuerte de Aguirre mantuvo una reunión con Martínez Nicolás —imputado y en libertad— para solicitarle este dinero. La cantidad se hizo efectiva debido a la "contratación existente" entre ICM —ente dependiente de la Vicepresidencia regional que dirigía en ese momento también González—, PWC e Indra.

La última de las piezas será para Mercasa, vinculada también con Pablo González. En ella ya constan como imputadas una decena de personas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Las actividades de esta entidad —actualmente consorcio Mercasa-Incatema— formarían también parte de la amplia investigación que realiza Velasco, pero están dirigidas por otro de los instructores de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Se trata de una pieza separada del denominado caso Defex, en el que se investiga la venta presuntamente irregular de armas a Angola por parte de esta empresa semipública. Pablo González y otras personas vinculadas a este consorcio firmaron un contrato para montar un mercado mayorista en Luanda, capital del país africano. Para ello, firmaron un contrato con la Administración pública angoleña por más de 500 millones de dólares por el que se obtuvieron comisiones ilegales que habrían desviado a su lucro personal.

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