La Fiscalía dice ahora que no hay delito en la macrorredada de la Policía contra 280 chinos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que no hay pruebas suficientes que demuestren la existencia de delito alguno por parte de los 280 ciudadanos taiwaneses y chinos que, como adelantó El Confidencial, fueron detenidos el pasado 13 de diciembre por la Policía Nacional en una veintena de chalés distribuidos por Madrid, Barcelona y Alicante. En un escrito firmado por la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo el pasado 18 de abril, la representante del Ministerio Público rechaza la personación en la causa de 36 arrestados con el argumento de que el procedimiento no ha culminado con éxito.

"La prolongada instrucción y las diligencias practicadas no han podido determinar, siquiera indiciariamente, la existencia de actividad delictiva alguna", sentencia el escrito de la Fiscalía, que admite abiertamente el 'naufragio' de las pesquisas que el propio organismo dirigía desde agosto de 2016. "La consecuencia procesal del fracaso en la investigación, que no alcanzó los objetivos que en principio se perseguían, no es otra que el archivo de las actuaciones, como aquí ha ocurrido", subraya el Ministerio Público, que pidió ese sobreseimiento de las actuaciones el pasado 31 de enero, y el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional se lo concedió apenas seis días después.

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La Fiscalía reconoce que los agentes de la Unidad Tecnológica de la Policía, gracias a las direcciones IP facilitadas por las autoridades chinas y a la consiguiente información proporcionada por las operadoras, estuvieron vigilando a los detenidos antes de detenerlos, observaron cómo estos operaban solo de noche, presenciaron cómo traían continuamente ciudadanos asiáticos desde el aeropuerto de Barajas hasta las casas desde las que operaban e introducían en ellas comida en abundancia, averiguaron los vehículos que utilizaban, identificaron a los coordinadores, intervinieron sus teléfonos y pusieron micrófonos en los coches en que hacían los traslados.

Sin embargo, añade la fiscal Gómez-Rodulfo, "ningún resultado relevante se obtuvo" de las mencionadas diligencias. Tampoco de la información facilitada por las compañías eléctricas en relación al consumo de luz de los chalés ni del cruce de datos personales de los taiwaneses que trabajaban en las viviendas con los nombres de las personas que habían dado de alta las líneas telefónicas en las operadoras o que habían alquilado los vehículos en los que llevaban a cabo los traslados desde el aeropuerto. "Solo han podido ser identificados con datos reales ocho súbditos taiwaneses", asegura la representante del Ministerio Público, que se expresa de este modo a pesar de que los más de 700 policías que entraron en los 20 chalés el pasado 13 de diciembre pillaron con las manos en el 'call center' a los 280 ciudadanos de Taiwán y China.

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La visión de la Fiscalía española, por otro lado, choca frontalmente con la china, que sí ve indicios delictivos cuando pide la extradición de todos y cada uno de los arrestados. Asegura que los detenidos forman parte de una "organización criminal", que entraron en España en marzo de 2016 y comenzaron a instalar sus centros de operaciones para cometer estafas por teléfono a ciudadanos chinos. Los arrestados, según relata el ministerio público chino en la petición de extradición, fueron cazados 'in fraganti' cuando la policía entró en los chalés. Además, continúa, "son los mismos" que cometían estafas en el gigante asiático desde 2004, que huyeron a España y siguieron actuando desde Madrid, Barcelona y Alicante, además de en países como Indonesia, Malasia, Camboya, Laos, Turquía, Kenia o Grecia, siempre con cómplices ubicados en la propia China.

La propia investigación de la fiscalía del país asiático detectó desde mayo de 2015 servidores desde las que se efectuaban las estafas telefónicas en los mencionados estados y en otros como Taiwán, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Panamá, Egipto, Uganda y Perú. Identificó que la estructura de la trama se organizaba de forma jerarquizada, con un líder y unos miembros principales encargados de diseñar el operativo, preparar los canales de blanqueo del dinero obtenido con las estafas y repartir beneficios; un personal ocupado en hacer las transferencias y mover los fondos; los técnicos responsables del mantenimiento de los 'call center' así como de meter troyanos en los ordenadores de las víctimas o crear falsas webs para asustarlos, y los telefonistas, que llamaban a ciudadanos chinos a través de internet para estafarles.

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En concreto, estos últimos telefoneaban a potenciales víctimas haciéndose pasar por algún tipo de autoridad (un policía, un fiscal, un juez, etc.) y les contaban una historia que se inventaban para asustarlos. Les decían, por ejemplo, que había una investigación abierta que ponía el foco sobre ellos y que lo mejor era que colaboraran, ya que de lo contrario la fiscalía ejecutaría medidas de sanción y congelaría todos sus bienes. Para llevar a cabo el engaño, había telefonistas que se hacían pasar por empleados de banca, aduanas, operadores de telecomunicaciones, trabajadores de empresas de mensajería u otros con el fin de ganarse la confianza y conseguir algunos datos personales. Luego intervenían los que decían ser policías y finalmente los que aseguraban estar vinculados a la autoridad judicial. Al final, les decían que toda la investigación abierta se cerraría si hacían determinadas transferencias de dinero.

Según el ministerio público chino, los 280 detenidos en España están detrás de al menos 839 casos de estafa, que es el número de timos denunciados, que conllevaron el ingreso en la caja de la organización criminal de más de 16 millones de euros. Uno de los engañados, un profesor de secundaria que entregó todos sus ahorros a los estafadores (32.800 euros), se ahorcó en la puerta de su piso en la planta 22 del edificio 9 del barrio de Zhongbangshangcheng en la ciudad de Qin'an. Otra, una empresaria de Zibo (en la provincia de Shandong), abonó 2,2 millones de euros en cuentas de cuatro bancos distintos.

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Los 280 ciudadanos capturados por la policía española, resume la fiscalía china, estaban vinculados con la estructura que la trama tiene en el país asiático y "actuaron premeditada y organizadamente fingiendo ser agentes, fiscales, etc., estafaron masivamente a residentes en China y provocaron graves daños a la credibilidad del poder judicial del país así como a las propiedades de los ciudadanos". Estos 280, que actualmente se encuentran en prisión preventiva en cárceles españolas a la espera de que concluya el proceso de extradición a China, son solo una parte de los cientos de miembros de la trama que, según el ministerio público chino, operan por medio mundo. La fiscalía del gigante asiático asegura que otros países ya han extraditado a 2.000 componentes de la organización. Los últimos, 120 presuntos delincuentes, relata, fueron enviados a Pekín por Malasia en marzo de 2016 acusados de timar 2,8 millones de euros.

En el caso de España, los arrestos del pasado 13 de diciembre se produjeron antes de que China cursara sus órdenes de detención, dado que la fiscalía asiática no tenía la identidad de los miembros de la trama (solo las direcciones IP) que operaban en Madrid, Barcelona y Alicante, y tuvo que esperar a que la policía española les pusiera los grilletes para poder identificarlos. Poco más de un mes después, el Juzgado 1 cierra el caso tras la mencionada petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no ve indicios de delito, y se activa el protocolo de extradición, que Pekín pidió al Juzgado número 5, que es el que estaba de guardia cuando el ministerio público asiático hizo la petición, que aún está pendiente de ser confirmada por la Sala de lo Penal del alto tribunal.

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En virtud del acuerdo marco que rige las extradiciones de España a China, los 280 detenidos no podrían ser condenados a pena de muerte en el gigante asiático. Sí podrían ser castigados, sin embargo, con cadena perpetua, como temen los letrados que asisten a la mayoría de ellos, que pretenden evitar la extradición para que sus clientes sean juzgados en España, donde les caerían seis u ocho años a lo sumo. Algunos de los arrestados, como relata la propia Fiscalía china, podrían ser considerados víctimas de trata de personas, ya que habrían sido engañados por los cabecillas de la trama, que les habrían prometido un trabajo y luego les habrían quitado el pasaporte y forzado a cometer las fechorías.

Este extremo aún no ha sido probado, dado que las diligencias han sido interrumpidas por el citado auto de archivo de las actuaciones emitido por el Juzgado Central 1, que en ningún momento ha entrado al debate jurídico de si el delito ha sido cometido en territorio español, como defienden los abogados de los 280 detenidos -quienes argumentan que los delincuentes operaban desde los chalés desmantelados en Madrid, Barcelona y Alicante-, o chino, como considera la Fiscalía asiática.

Conflicto diplomático

La operación trasciende el ámbito policial y judicial y se introduce en el del conflicto diplomático. No solo porque la organización criminal operaba en casi una veintena de países, como explica el ministerio público chino, o por el elevado montante defraudado, sino también porque Taiwán (de donde procede la mayoría de implicados) representa actualmente el principal problema territorial del gigante asiático. Hasta hace poco, China tenía un acuerdo con el país y enviaba allí a los criminales de esa nacionalidad que cazaba, pero se encontraba con que luego Taiwán los soltaba. El hecho de que los timadores sean taiwaneses incrementa la tensión entre ambos países y provoca una lectura política de China, que ve una afrenta más contra Pekín.

Asimismo, el gigante asiático está muy preocupado por la imagen que pueda trascender a la opinión pública de las instituciones del país, ya que los estafadores se hacían pasar por policías, fiscales o jueces corruptos y conseguían sus propósitos con relativa facilidad. Esto puede hacer pensar que los ciudadanos ceden a las presiones de este tipo de funcionarios porque no es la primera vez que se enfrentan a las prácticas de estas autoridades públicas.

En el caso de España, además, esta macroestafa conllevó la colaboración entre las autoridades de Madrid y Pekín después de que la Audiencia Nacional provocara una importante tensión entre ambas ciudades a raíz de dos relevantes investigaciones emprendidas por el alto tribunal tiempo atrás: el caso Emperador y la operación de la Guardia Civil contra los directivos en España del mayor banco del mundo, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).