la guardia civil se retiró cuando ya estaba en las empresas

La Fiscalía paró 48 horas la operación contra las estructuras del Estado catalán

El Ministerio Público ordenó a la Guardia Civil que abortara el despliegue contra las empresas que trabajan para la Generalitat cuando ya había cogido información

Foto: Fachada de la Generalitat. (EFE)
Fachada de la Generalitat. (EFE)

La operación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra las estructuras que está diseñando el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para sustentar una hipotética independencia del resto de España permaneció congelada, sin explicación aparente, durante dos días a finales del pasado mes de marzo. Fuentes cercanas a la causa han confirmado a El Confidencial que los agentes de la Guardia Civil, que debían incautarse de documentación en la veintena de empresas informáticas a las que el Govern ha encargado la creación de servicios de inteligencia y tributarios propios, recibieron la orden de detener los registros cuando ya se encontraban físicamente en las sedes de las compañías e incluso habían comenzado a recopilar pruebas básicas para sustentar el procedimiento.

Tras la orden de detener el operativo, los efectivos del Instituto Armado tuvieron que retirarse y devolver a los expertos tecnológicos y de ciberseguridad contratados por la Generalitat todos aquellos datos sensibles que habían logrado recabar. Las fuentes consultadas advierten de que esa paralización ha puesto en serio riesgo el éxito de las pesquisas, que se habían estado desarrollando en secreto durante el último año. Acabó con el factor sorpresa y puso en alerta al menos a 15 empresas sobre las intenciones del Ministerio Público.

Tras la retirada y devolución de los papeles y soportes informáticos detectados, las unidades encargadas volvieron a sus respectivos cuarteles

El operativo de la Guardia Civil, planeado durante semanas, se puso en marcha el miércoles 29 de marzo. A las 9:00, los agentes irrumpieron en las dependencias de las empresas sospechosas de apoyar, de forma presuntamente ilegal, la puesta en marcha del proceso secesionista de Cataluña. Sin embargo, una hora y media más tarde, los efectivos del Instituto Armado recibieron la orden de desactivar el despliegue, salir de las empresas y devolver toda la información que ya hubieran recopilado en ese momento. Por mandato del nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, la operación debía detenerse.

Tras la retirada y devolución de los papeles y soportes informáticos detectados, las unidades encargadas de la investigación y procedentes de distintos puntos de Cataluña volvieron a sus respectivos cuarteles. La misma noche del 29 de marzo, llegó la segunda sorpresa. Tras 12 horas de inactividad, la jefatura de la Fiscalía ordenaba reactivar la operación. Otras fuentes aseguran que la orden de poner de nuevo en marcha el despliegue no llegó hasta el día siguiente, el 30 de marzo. En cualquier caso, los agentes no recibieron autorización para volver a las empresas investigadas hasta la primera hora del viernes 31 de marzo. Tras varias horas de despliegue, la primera fase de la operación contra las estructuras de Estado de la Generalitat se dio por concluida.

Los inicios de la investigación se desarrollaron bajo el mandato del que fuera fiscal jefe durante más de 10 años, Javier Zaragoza, que puso en marcha dos vías para estudiar la creación de la denominada Agencia Nacional de Seguridad y la Hacienda Pública de la futura Cataluña desvinculada de España. Jesús Alonso, hasta entonces teniente fiscal, fue designado para sustituirle un mes antes de estos hechos y no tomó posesión hasta días antes, el 8 de marzo.

Los agentes debían recabar datos sobre los contratos firmados por estas compañías especialistas en su sector y desplegar las pesquisas de forma simultánea en distintos puntos del territorio nacional. Los investigadores rastreaban, en concreto, cómo se llevaron a cabo las adjudicaciones de los encargos y su importe. También debían analizar en qué punto se encontraba el desarrollo de estas dos estructuras y la información al respecto en poder de responsables de la Generalitat.

Las investigaciones apuntan a irregularidades en las adjudicaciones de la Generalitat en esta área especializada en telecomunicaciones. En el centro del esquema que analiza la Fiscalía se encuentra el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), encargado de la contratación de estas empresas. Las sospechas apuntan al cobro de comisiones del 4% por adjudicaciones a dedo, en una dinámica inaugurada durante la primera legislatura de Convergència.

La Agencia Tributaria catalana también se ha potenciado en el último año. El Govern prevé para 2017 la puesta en marcha de 15 nuevas oficinas

Una de las dos estructuras cuyo montaje se encargó a las empresas registradas es el antiguo Cesicat, reforzado a partir de 2016 con una partida de 34,7 millones de euros para los siguientes dos años. Entre los objetivos del Govern con este apoyo económico se encontraba la intención de que la nueva Agencia de Ciberseguridad se convirtiera en un organismo transversal, pasando a depender de la Consejería de Presidencia. Una estructura de Estado en toda regla, capaz de asumir en un futuro responsabilidades en ciberdefensa e inteligencia.

La Agencia Tributaria catalana también se ha potenciado en el último año. El Gobierno catalán prevé para 2017 la puesta en marcha de 15 nuevas oficinas, en un paso hacia "una Hacienda propia" que permitirá ejercer de forma completa competencias tributarias en materia de recaudación y gestión de impuestos. Por el momento, las funciones de las nuevas oficinas que cuadruplican las existentes hasta el momento se centrarán en la recaudación de deudas pendientes con la Administración y la gestión de aquellos tributos cedidos por el Gobierno central.

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