TRIBUNALES

Piden 22 años y 10 meses de cárcel para los procesados por la violación en San Fermín

El Ministerio Público reclama 18 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación

Foto: Numerosas personas protestan en Pamplona por una agresión sexual en las fiestas de San Fermín. (EFE)
Numerosas personas protestan en Pamplona por una agresión sexual en las fiestas de San Fermín. (EFE)

La Fiscalía solicita un total de 22 años y 10 meses de prisión para los cinco jóvenes procesados por la presunta violación múltiple que sufrió una mujer de 18 años durante las pasadas fiestas de San Fermín. El Ministerio Público reclama 18 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación. Asimismo, pide 10 años de libertad vigilada a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad y una indemnización de 100.000 euros para la afectada por los daños morales ocasionados.

La solicitud de estas penas se recoge en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público contra José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo por la presunta agresión sexual ocurrida en la primera noche de las fiestas de San Fermín, en la madrugada del 7 de julio, en un portal de una calle de Pamplona. La Audiencia Provincial de Navarra había urgido a la Fiscalía a presentar su escrito en un reciente auto que desestimaba las peticiones de sobreseimiento de la causa formuladas por las defensas de los cinco procesados, procedentes de Sevilla.

La Fiscalía pide 10 años de libertad vigilada con posterioridad a la pena privativa de libertad y una indemnización de 100.000 euros para la afectada

En concreto, la Fiscalía reclama por un delito continuado de agresión sexual la pena de 18 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de acercamiento a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo a una distancia no inferior a los 500 metros, así como prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio durante 20 años. Asimismo, pide 10 años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

También pide la prohibición de acercamiento a la víctima a una distancia no inferior a los 500 metros y de comunicación con la misma durante 20 años

Por el delito contra la intimidad solicita dos años y 10 meses de prisión, y una multa de 20 meses y un día con una cuota diaria de nueve euros (unos 5.400 euros), y arresto sustitutorio en caso de impago, así como inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Finalmente, reclama otros dos años de cárcel por el delito de robo con intimidación.

Igualmente, solicita para los cinco acusados como responsables civiles directos y solidarios el pago de una indemnización de 100.000 euros por el daño moral ocasionado. Además, pide que se indemnice al Servicio Navarro de Salud con 1.531 euros.

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal hace un relato pormenorizado de los hechos, que se inician sobre las 2:50 del 7 de julio en un banco de la céntrica plaza del Castillo, en el que José Ángel Prenda se encontraba y al que acudió a sentarse la joven afectada, de 18 años y natural de Madrid, que había acudido a Pamplona con un amigo a “disfrutar de las fiestas” de San Fermín. En ese momento se inició una conversación entre ambos, a la que posteriormente se sumaron los otros cuatro procesados.

Apenas unos minutos después, a las 3:00, la joven les comunicó que “se retira ya a dormir al vehículo con el que había venido a Pamplona en compañía de un amigo”. En ese momento, los acusados le dijeron que la acompañaban al coche, si bien, según refleja el Ministerio Público, su intención “era la de buscar un lugar donde mantener relaciones sexuales con ella”, propósito que la afectada “desconocía”. En un primer momento, para acometer su objetivo, los acusados “valoraron entrar en un portal con escaleras descendentes”, si bien lo desecharon al tratarse del acceso a los baños de un bar en el que “había mucha gente”, por lo que “continuaron su camino”.

El grupo, según prosigue, se acercó al portero de un hotel, preguntándole “si tenían una habitación, por horas o para toda la noche, ‘que la querían para follar’, manteniéndose” a la joven “alejada”, aunque no consiguieron la habitación. El grupo se disgregó “ligeramente” durante el trayecto, en el cual la joven “se besó con Ángel Boza”. En ese momento, aproximadamente a las 3:08, José Ángel Prenda “se fija en que una mujer está llamando al telefonillo” de un portal situado en la calle Paulino Caballero, por lo que “acelera el paso con el fin de alcanzar el portal antes de que la señora entre y de esa manera acceder al inmueble”, algo que logra.

Simulando estar alojado en uno de los domicilios, Prenda, según prosigue el Ministerio Público en su relato, cogió uno de los ascensores y subió al segundo piso antes de bajar y abrir la puerta al resto del grupo a la voz de “vamos, vamos”. Entonces, dos de los procesados agarraron a la joven “por los brazos y la metieron en el portal, tapándole la boca y diciéndole que se callara y no gritara”. Tras subir hasta el segundo rellano, “la llevaron a un pasillo sin salida que da acceso a los cuartos de servicio de agua y electricidad”.

Los acusados se "valieron de su superioridad física y de la imposibilidad" de la joven "de ejercer la más mínima resistencia ante el temor a un daño mayor"

Una vez allí, “la rodearon entre los cinco, le quitaron la riñonera y el jersey y le bajaron los 'leggins' y el tanga”, mientras ellos se bajaron los pantalones y la ropa interior “valiéndose de su superioridad física y de la imposibilidad” de la joven “de ejercer la más mínima resistencia ante el temor a sufrir un daño aún mayor, ni huir del lugar”. Actuando de “común acuerdo y con ánimo libidinoso, la obligaron a realizar diferentes actos sexuales con cada uno de ellos”. En concreto, y “colocándola de rodillas mientras la rodeaban, la obligaron al menos a realizar felaciones” a los cinco. Además, Prenda y Cabezuelo “la penetraron vaginalmente”, y Escudero “anal y vaginalmente, llegando a eyacular los dos últimos y sin que ninguno de los acusados utilizara preservativo”.

El Fiscal señala que “algunos de los accesos carnales se produjeron de forma simultánea” tras colocar a la joven “en la posición de ‘doggy stile’, siendo penetrada vaginal o analmente por uno de los acusados mientras le obligaban a realizar felaciones a otros y permaneciendo todos alrededor, y masajeándose los penes para conseguir o mantener la erección, animándose en ocasiones o reclamando su turno”. El escrito de acusación prosigue con el relato al detalle de los abusos, incluida la obligatoriedad de hacer un "beso negro" a Cabezuelo y Prenda.

Durante esta sucesión de penetraciones y felaciones, Guerrero y Cabezuelo “realizaron varias grabaciones de vídeo y fotografías” con sus teléfonos móviles “de común acuerdo con el resto de los acusados, pero sin el conocimiento y consentimiento” de la afectada. En concreto, Guerrero acometió seis grabaciones y dos fotografías, mientras que Cabezuelo grabó un vídeo en el que se aprecia a los acusados manteniendo relaciones sexuales con la denunciante.

Prenda envió al chat de La Manada los mensajes de "follándonos a una los cinco", "hay vídeo", "todo lo que se cuente es poco" o "vaya pasada de viaje"

Todo este material fue grabado, según refleja la Fiscalía, con “la intención de vulnerar la intimidad de la víctima y posteriormente mostrarlo, enviarlo y difundirlo a su grupo de amigos”. A este respecto, expone que Prenda envió al chat de La Manada sobre las 6:50 los mensajes de “follándonos a una los cinco”, “todo lo que se cuente es poco”, “vaya pasada de viaje” o “hay vídeo”. Esta misma persona escribió en otro chat, Disfrutones SFC, “follándonos los cinco a una, vaya puto desfase, del ATC Madrid era jaja”. Los acusados, según indica el Ministerio Fiscal, “no llegaron a difundir las referidas imágenes”.

Una vez los acusados se “dieron por satisfechos, se vistieron y antes de salir del portal, valiéndose de la misma situación intimidatoria creada a la víctima, y actuando de común acuerdo, se apoderaron en su propio beneficio” del teléfono móvil de la joven, aunque antes “le quitaron la funda, extrajeron la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria, y las arrojaron en el lugar de los hechos”. De este modo, “se aseguraban” de que la denunciante “no pudiera solicitar auxilio”.

Los cinco acusados salieron del portal a las 3:27 dejando a la joven “sola en el interior”. La afectada “se vistió, cogió la riñonera y tras comprobar que le faltaba el móvil, salió del portal” dos minutos después y se dirigió a un banco de la avenida Roncesvalles, donde “se sentó, llorando desconsolada y en posición fetal, siendo auxiliada instantes después por una pareja de ciudadanos que transitaba por el lugar” y que “se acercaron a ella al ver su estado”, dando aviso al 112. La joven fue trasladada a un centro médico donde fue atendida y se le realizó la prueba de alcohol en sangre que “arrojó un resultado de 0,91 gramos de alcohol por litro de sangre”.

La joven sufre “trastorno de estrés postraumático, no siendo posible valorar secuelas psicológicas hasta que transcurran al menos dos años”

Como consecuencia de los hechos, la afectada tuvo diversas lesiones que requirieron de asistencia y tratamiento farmacológico por el Servicio Navarro de Salud con un coste de 1.531 euros, que el Ministerio reclama que paguen los acusados. La denunciante, según precisa, “no presentaba ningún trastorno de la personalidad, ni antecedentes previos de desestabilización psicológica”. Por el contrario, presentaba “una adecuada adaptación en los distintos ámbitos (personal, escolar, social y familiar)”. Por los hechos sufridos, el Ministerio expone que la afectada sufre “trastorno de estrés postraumático para el que se recomienda tratamiento psicológico, no siendo posible valorar secuelas psicológicas hasta que transcurran al menos dos años”.

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