La amnistía fiscal y el silencio de Bankinter libraron a Botín de responder ante la Justicia

Los hermanos Emilio y Jaime Botín se libraron en 2011 de una investigación por delitos contra la Hacienda Pública y delitos societarios en la Audiencia Nacional gracias a un doble recurso que resultó providencial para que la causa en ciernes, en la que se denunciaba a ambos y sus respectivos hijos, quedara archivada. La amnistía fiscal de 2012 y la falta de denuncia de los afectados favorecieron que la persecución penal se detuviera.

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Un auto de José de la Mata ha puesto ahora de nuevo el foco en lo que el magistrado considera una práctica de ocultación generalizada liderada por el HSBC suizo y que contó, en el caso de los clientes españoles, con la cooperación del mismo Santander que Botín presidió durante casi 30 años y del BNP Paribas, que asumió como custodio la operativa pantalla que permitió a los hermanos desvincularse de la titularidad de un 8% de las acciones de Bankinter.

El juez ha desvelado que los hermanos hicieron uso de la cortina de opacidad que les puso en bandeja la entidad helvética para ocultar los valores bajo una doble capa y evitar que supieran de su existencia tanto los propios accionistas de Bankinter como el erario público.

Disimulada, primero bajo la sociedad panameña North Stat Overseas Enter Inc y después tras el vínculo anónimo del HSBC, “se ocultaba finalmente la titularidad real de las acciones poseídas por Emilio Botín y su hermano Jaime”. Nadie detectó nada hasta que las autoridades francesas dieron el aviso a la Justicia española en el marco de los primeros procedimientos incoados gracias a la lista Falciani.

El juez asegura literalmente en su auto que “la ausencia de denuncia del perjudicado”, Bankinter, impidió la apertura del procedimiento penal por delito societario. Todo quedó en un expediente administrativo de la CNMV, que apreció incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter.

La falta de tributación de esa inversión y de las operaciones que los Botín llevaron a cabo con estos títulos y que les proporcionaron más de 45 millones de euros en septiembre de 2005 también quedó en nada. En 2011, el Central 4 de la Audiencia Nacional abrió causa por delitos fiscales, pero las diligencias “fueron archivadas por aplicación de la excusa absolutoria” que proporcionó la amnistía fiscal. Es decir, los hermanos regularizaron sus fondos una vez que se les notificó el expediente de gestión administrativa que pesaba sobre sus depósitos en Suiza y la causa se sobreseyó.

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De la Mata también asegura que la mecánica empleada por los Botín es "absolutamente inusual en la actividad bancaria y de valores". El 50% de los títulos, más de un millón de acciones, se vendieron en 2005 a 43,783 euros cada una. El importe de esta operación fue inmovilizado desde la sociedad panameña a una cuenta en JP Morgan. Dos años después, en 2007, un 'split' de acciones multiplicó los títulos restantes hasta los 5,2 millones que se traspasaron al Santander Investment. Los 5.219.505 títulos tenían entonces un valor de 64,7 millones de euros, concreta el auto.

Esta operativa defraudatoria que ha quedado ahora al descubierto parece ser solo una pincelada de la investigación sobre las prácticas que vinculan al Santander y al BNP con un sistema de ocultación masivo compartido con HSBC, que ha llevado a la imputación de 10 directivos de las dos entidades por blanqueo de capitales.

Las vías empleadas para tapar los movimientos de fondos van desde las transferencias de ida y vuelta de cuentas de España a cuentas suizas, titularidad de denunciados por delitos fiscales, hasta la gestión de órdenes de pago ‘cover payments’. Como muestra, un botón: entre 2005 y 2008, se canalizaron más de 1.000 operaciones por importe de 74 millones de euros, dice el juez.

Los reproches al Santander y el BNP

El magistrado coloca al BNP Paribas en la recta final de la operativa y señala irregularidades en el traspaso de valores desde y hasta Santander Investment. En ese periodo, inaugurado en 2010 y desarrollado desde entonces —dice— se han detectado operaciones poco claras de algunos clientes con grandes patrimonios.

De la Mata destaca que ni el Santander ni el BNP atendieron las recomendaciones del Sepblac para la prevención del blanqueo. Tampoco las bases emitidas en las guías de la asociación Wolfsberg, de la que ambos son miembros fundadores. Cosas básicas como rechazar una transferencia o pedir datos adicionales cuando no se tienen todos no fueron respetadas, destaca.

Las 40 recomendaciones GAFI prohíben expresamente mantener cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, alerta el juez, que agrega que si los dos bancos necesitaban pistas, no tenían más que comprobar la repercusión mediática en España del caso Gescartera, centrado en la suscripción entre 1994 y 2000 de contratos de carteras de clientes no identificados.

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También dice el juez que el HSBC no es, precisamente, un desconocido. "Era ya en 2005 una entidad financiera de alto riesgo susceptible de canalizar operaciones de blanqueo de capitales y es una entidad financiera suiza, país con fuerte tradición de secreto bancario y que ha venido dificultando el intercambio de información fiscal", asegura.

Solo la lista Falciani ha arrojado algo de luz en la opacidad. El auto señala que, sin la ayuda de su famosa lista, los peritos solo hubieran logrado identificar traspasos de valores entre ocho personas físicas de BNP y dos de Santander. A pesar de todo ello, sentencia, el HSBC fue calificado como de riesgo bajo —como mucho, medio en 2016— y se autorizó la aplicación de medidas simplificadas.

"Hasta la última comunicación de este juzgado, Santander Investiment no había realizado comunicaciones sospechosas al Sepblac ni a la CNMV. El Santander realizó tres comunicaciones y Banesto una", dice el juez, que también apunta que el BNP guardó el mismo silencio.

El Grupo Santander ha asegurado en un comunicado que ha colaborado de forma activa con el Juzgado de De la Mata y ha atendido tanto sus requerimientos como las aclaraciones adicionales solicitadas. Manifiesta que su operativa como banco corresponsal del HSBC, que estuvo vigente hasta octubre de 2012, "cumplió escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento".