Ocho años después, los jueces piden ver el vídeo del espionaje a González en Colombia

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido ponerle más suspense al procedimiento que investiga si Ignacio González fue espiado en su viaje a Colombia, una causa abierta en enero de 2009. En un auto fechado el pasado 28 de abril, la sala pide más tiempo para resolver los recursos de apelación puestos por los tres detectives procesados, que han pedido el archivo de las actuaciones. La Audiencia Provincial quiere analizar y "verificar" las conversaciones que se grabaron en el vídeo del seguimiento realizado a González en el verano de 2008 y que fueron emitidas por la Cadena SER en abril de 2009.

Ocho años después, la Audiencia pide al juzgado que ha instruido el caso, el número 47 de Madrid, "la remisión del DVD entregado por el director de la Cadena SER en ese juzgado el 12 de mayo de 2009" para poder resolver los recursos de apelación. Un nuevo trámite judicial que dilatará aún más el proceso en el que están procesados por revelación de secretos los detectives Mariano Ortiz, Julio Gutiez y Francisco Marco, que siempre han defendido la legalidad del trabajo realizado. El titular del juzgado número 47 es Adolfo Carretero, hermano de Agustín Carretero, que fue alto cargo en el Gobierno de Ignacio González, este último ahora en prisión como cabecilla de la operación Lezo.

La llave la tiene desde hace meses la Audiencia Provincial, que decidirá finalmente si se juzga o no a los tres detectives después de que el juez Carretero terminara su instrucción y transformara las diligencias en procedimiento abreviado. En su escrito, el juez consideró "acreditado" que González "fue objeto de grabaciones ilegales" durante el viaje "público privado" que hizo a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. El juez entiende que los detectives Mariano Ortiz y Julio Gutiez, "por encargo de terceros cuya identidad no ha podido ser acreditada", espiaron al entonces vicepresidente madrileño. En concreto, los instigadores últimos no identificados por la investigación "encargaron [el seguimiento] al detective privado Julio Gutiez, dueño de la agencia Detectives Mira, quien a su vez encargó [el trabajo] al también detective Mariano Ortiz" porque este último conocía muy bien Colombia. La Fiscalía Provincial de Madrid se ha adherido al recurso de los detectives.

Ortiz se desplazó hasta Cartagena de Indias, relata Carretero, con todos los datos relativos al itinerario del viaje que iba a seguir el presidente madrileño: fechas, horarios, hoteles. El detective conocía incluso los cambios que se iban produciendo en la agenda de la comitiva casi en directo. Para el juez, esto último resulta especialmente llamativo, ya que se trata de datos a los que únicamente tenían acceso personas del entorno más cercano de González. De hecho, el propio titular del Juzgado número 47 insinúa que el vicepresidente tenía entonces un topo en casa. Esta información, explica, "solo se pudo obtener por el acceso de un tercero a la agenda privada del señor González".

Por otro lado, aunque en el mismo proceso, Carretero también imputa al detective Francisco Marco Fernández, exdirector de la controvertida agencia Método 3, a quien acusa de redactar un dosier de 69 páginas —que sacó a la luz el diario 'Público'— "calumnioso contra Ignacio González y su familia". El documento contiene "informaciones relativas a las cuentas privadas" de González, cuentas que ahora están investigando la Guardia Civil y la Audiencia Nacional dentro del marco de la operación Lezo.

Enero de 2009

El juez entiende que Ortiz y Gutiez necesariamente tenían que saber que esos datos habían sido robados, por lo que "ni podían ni debían utilizarlos" en el encargo. Era "materialmente imposible que Julio Gutiez los hubiera conseguido por medios lícitos", señala el escrito judicial, que añade que ni siquiera las agendas podían ser conocidas, dado que el viaje no se había hecho público. "Y mucho menos los cambios de itinerario", añade el instructor.

El caso se inició en enero de 2009, tras la primera denuncia que puso el entonces secretario general del Gobierno regional, Salvador Victoria (hoy imputado en el caso Púnica). La denuncia se amplió días después en nombre de Ildefonso de Miguel, entonces gerente del Canal de Isabel II y otro de los espiados en el famoso viaje a Colombia. Las imágenes grabadas por Ortiz —y posteriormente hechas públicas por la Cadena SER— reflejaban a González hablando con otras personas que, según el juez, "pudieron hacer sospechar la existencia de alguna actuación ilegal" por parte del entonces vicepresidente regional, lo cual —continúa el titular del juzgado en su escrito— "contribuyó al descrédito" de González.