Portobello, Txistu... el expresidente de la FEB gastaba hasta 6.000 euros al mes en comidas

El Juzgado número 36 de Madrid sigue pendiente del informe de la Agencia Tributaria que determinará hasta qué punto la Federación Española de Baloncesto (FEB) incurrió en los delitos de fraude y blanqueo de capitales durante la época en que estaban al frente José Luis Sáez y su director económico, Luis Giménez, al gestionar las cuentas del organismo. Hacienda deberá explicar dónde fueron a parar los casi 19 millones de euros que la institución manejó con motivo de la celebración del Mundial 2014, que organizó la propia FEB.

El origen y el destino de este montante conforma la columna vertebral de la instrucción que dirige el magistrado Juan Antonio Toro, titular del Juzgado 36, sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que también mantiene en el foco, entre otros asuntos tangenciales, los gastos personales de Sáez entre 2011 y 2015. En concreto, el juez indaga si el expresidente del baloncesto español invitó a amigos y familiares a comidas en lujosos restaurantes con cargo a las arcas de la federación deportiva, extremo que las fuentes jurídicas consultadas entienden difícilmente demostrable.

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Aun así, el instructor mantiene todos los frentes abiertos, entre ellos este último, con el fin de determinar el alcance de las presuntas prácticas irregulares llevadas a cabo en el organismo durante el citado periodo. No en vano, las comidas a cargo de la federación se alargaron durante todos estos años en restaurantes como Portobello o Txistu, entre otros, según se desprende de las actuaciones. Todos estos establecimientos se ubican en la zona de la madrileña plaza de Castilla, dado que es en el hotel Meliá —situado en este céntrico lugar— donde se hospedan los jugadores de la Selección española cuando se concentran.

Las facturas que el Juzgado 36 tiene sobre la mesa vinculadas a los gastos que Sáez hacía con dinero de la federación en los mencionados restaurantes oscilan entre los 600 y los más de 6.000 euros que en ocasiones desembolsaba el expresidente del organismo algunos meses. No eran regulares, ya que variaban según la época del año e incluso el ejercicio en sí, pero se encontraban siempre en la mencionada horquilla. Durante la celebración del Mundial, por ejemplo, se registra lógicamente un mayor gasto.

No resulta sencillo, sin embargo, para la Fiscalía Anticorrupción poner sobre la mesa pruebas que demuestren que el expresidente federativo invitó a familiares y amigos a copiosas comidas a cargo del organismo deportivo, extremo que incluso de confirmarse indiciariamente podría no ser suficiente para establecer el necesario vínculo con el Código Penal que permita acusar de un delito concreto. El testimonio de los propietarios de los restaurantes, que aún no han declarado en el procedimiento judicial, tiene pocas posibilidades de prosperar como elemento probatorio, dado que estos se limitan a cobrar a los clientes y no tienen capacidad para reparar si estos son jugadores, amigos o familiares de quien extiende la tarjeta.

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Por el mismo motivo, los investigadores tienen poca esperanza en que salgan adelante en esta misma línea de actuación otros gastos expedidos en metálico por responsables de la Federación Española de Baloncesto imputados en la causa. La falta de elementos probatorios hace muy difícil que avance esta vía de investigación, que no es la principal que sigue el Juzgado 36, aunque quizá sí resulta relevante a nivel de prestigio personal del expresidente.

La propia auditoría de BDO certificó la existencia de abultadas facturas sospechosas, que son precisamente las que analiza el instructor, pero también admitió que no tenía capacidad para determinar en ese momento si el anterior responsable máximo del organismo cobraba o no dietas, extremo importante a la hora de delimitar la existencia o no de ilícito penal. Nuevamente, en este punto los investigadores tendrán que esperar al informe de la Agencia Tributaria, que previsiblemente arrojaría luz sobre este aspecto, dado que incluiría todos los elementos económicos declarados a la Hacienda Pública por el expresidente federativo y la propia FEB.