La consultora de Montoro vendió a las Cámaras su "influencia en el Gobierno"

Equipo Económico, la consultora fundada en su día por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 'vendió' a las Cámaras de Comercio que sus influencias al más alto nivel en el Gobierno podían resolver los problemas de financiación que atravesaban en 2012. La Fiscalía Anticorrupción ha detectado que el nombre del bufete fue esgrimido ante cargos del Ministerio de Economía para forzar la aprobación de una nueva ley que garantizase la entrada de fondos en la institución, según asegura en su querella, presentada contra cinco integrantes del despacho y dos ex altos cargos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSC), a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Los socios del bufete, entre ellos el hermano del ministro, aprovecharon la difícil situación económica que atravesaban las cámaras tras la supresión en 2010 de su principal vía de entrada de efectivo. Se ofrecieron a la directiva del CSC para intentar resolverles este problema, y expusieron como garantía de éxito de sus gestiones, sus posibilidades de forzar al Ministerio de Economía a aprobar una nueva normativa beneficiosa para la institución, incidiendo en que habían ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración y en su posibilidad “de interceder con altos cargos del Estado”. La elaboración de la ley ni siquiera estaba en los planes del Ejecutivo dada la crisis financiera y no se aprobó hasta dos años más tarde, en 2014.

A pesar de ello, la querella especifica que el expresidente del CSC Manuel Teruel mantuvo en febrero de 2012 “reuniones con distintos miembros del Gobierno a los que trasladó la inquietud de las Cámaras sobre su futuro" y que "conoció la voluntad política para desarrollar una nueva ley que abordase una reforma en profundidad”. Teruel ofreció al Consejo Superior de Cámaras la visión adulterada de que la redacción y aprobación del nuevo texto normativo dependía de la contratación de Equipo Económico, sugiere la Fiscalía, que explica en detalle cómo se urdió la trampa mediante la que se pretendía intervenir en la elaboración y propuesta de la nueva regulación, una función que no está atribuida a ninguna consultora.

Anticorrupción indica que pese a declarar en la Fiscalía que el Ministerio de Economía desatendía las quejas de los representantes de las Cámaras de Comercio, Teruel se reunió en el mes de marzo de 2012 con el entonces Secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz, al que hizo constar que Equipo Económico se estaba encargando de redactar borradores con visos a la nueva ley. La fiscal también señala que la directora general de Comercio lnterior, Carmen Cárdeno -contra la que no se dirige la querella-, tuvo conocimiento de la existencia del contrato adjudicado a la consultora de Montoro y de que éste se había asignado a dedo, al margen del procedimiento legalmente establecido.

Contrato disfrazado

El escrito detalla los primeros pasos del acuerdo ilícito y destaca que Equipo Económico ofreció sus servicios a Teruel y a la secretaria del organismo Carmen de Miguel. Ambas partes “se concertaron y planearon” disfrazar este servicio bajo la simulación de un mero contrato destinado al asesoramiento estratégico. El contrato fue adjudicado en 2012 de manera directa, sin respetar la legalidad, y a un precio fijado arbitrariamente, defiende la querella.

Los responsables del CSC dotaron de forma fraudulenta a la adjudicación visos de legalidad y lo hicieron a pesar de “no haber recibido por parte del Ministerio de Economía ningún encargo formal para la elaboración de una ley”. Acordaron destinar en un inicio 216.000 de los fondos de la CSC a estos menesteres, saltándose el reglamento interno de la institución.

Ambas partes “se concertaron y planearon” disfrazar este servicio bajo la simulación de un contrato destinado al asesoramiento estratégico

La investigación ha permitido conocer que el contrato produjo “una clara vulneración de los principios de libertad de acceso a la licitación, publicidad, transparencia de los procedimientos, libre competencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa, al prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, dice la querella.

“Se trató de un contrato espurio cuya firma presuntamente no obedeció a la necesidad de los trabajos objeto del mismo, aunque su adjudicación sí permitió a la sociedad Equipo Económico la obtención ilegítima de fondos públicos gestionados por el CSC”, destaca la fiscal Carmen García Cerdá.

El objeto del acuerdo también resultó ser falso, dice Anticorrupción, que agrega que Equipo Económico no cumplió la prestación licitada ni remitió todos los informes estipulados, limitándose a enviar una decena que, en su mayoría, eran copia de otros ya presentados y ni siquiera tenían sello de registro.

La Fiscalía acusa en concreto de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos a los dos excargos del CSC y al hermano del ministro, Ricardo, y otros cuatro miembros de Equipo Económico. Se trata de su presidente Ricardo Martínez Rico, el consejero y exdirector de gabinete de Montoro, Francisco de Asís Piedras. También figuran Mariano Ruiz, exdirector general de la Agencia Tributaria y Manuel de Vicente-Tutor, que ejerció como número dos de la Dirección General de Planificación y Programación del Ministerio. La querella ha sido asignada al Juzgado de Instrucción 22 de Madrid.

Una querella "falsa"

La consultora, a la que también se acusa como persona jurídica, ha remitido esta tarde una nota de prensa en la que se reafirma en la plena legalidad de su actuación y considera que la querella "se basa en hechos falsos y carece de todo fundamento jurídico". "Persigue un objetivo distinto de la defensa de la ley", asegura Equipo Económico.

Destaca que el escrito de la Fiscalía omite documentación relevante proporcionada por el CSC que demuestra que los pagos siguieron la regularidad. "La querella está plagada de errores jurídicos, incongruencias y falta de rigor fáctico y normativo", dicen, además de destacar que se reservan cuantas acciones legales sean precisas en defensa del buen nombre de la firma.