El hombre de las mil caras: alférez, físico, viticultor y 'ejecutor' de Ignacio González

Ildefonso de Miguel Rodríguez (Madrid, 1959) ha sido el último detenido (de momento) en la operación Lezo. El que fuera mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II fue arrestado este lunes y el miércoles quedará en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza. El juez le acusa de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude, y le implica en varios de los escándalos que componen la compleja telaraña del caso. Los investigadores creen que De Miguel "habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal", y tienen indicios de que también pudo amañar el contrato de gestión del campo de golf de Chamberí que acabó en manos del hermano y cuñado de González. "Nada es cierto. Ha colaborado con el juez. Llevaba ocho años sin hablar con González. El Teatro ya estaba adjudicado cuando él llegó", señalan desde su entorno.

Quién conoce a Ildefonso de Miguel le describe como un tipo listo, espabilado, un hombre de mil caras con gran facilidad para iniciar los negocios más variopintos. Licenciado en Ciencias Físicas, "mi especialidad es la física teórica" (llegó a declarar en la Asamblea de Madrid), es reservista en la Armada con rango de alférez. "Desde los 31 años, cuando fui nombrado director general [se entiende que por primera vez], y por más de 25 años he sido responsable de organizaciones tanto en el ámbito público como en el privado y han estado a mi cargo organizaciones con decenas, cientos y miles de personas, o sea, tengo una experiencia de más de 25 años gestionando servicios públicos y empresas privadas. Entiendo que esa es una de las razones por las que en diciembre de 2003 la señora presidenta [Esperanza Aguirre] me llamó para hacerme cargo en ese momento del Canal de Isabel II".

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Una gran presentación a una carrera pública y privada que ha vivido su último capítulo desfilando por la Audiencia Nacional en calidad de investigado en un caso que ha supuesto un nuevo torpedo en la línea de flotación del PP madrileño, y que ha provocado la dimisión de quien le diera la oportunidad allá por el año 2003. Quién le trató en el Canal (fue director gerente entre diciembre de 2003 y julio de 2009) asegura que fue simplemente el mero 'ejecutor' de los designios de González, que incluyeron un intento de privatización de la empresa pública que no cuajó. Está casado con Concepción Ruano Puente, consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid, el mismo órgano fiscalizador que curiosamente solo ha analizado 20 de los 2.800 contratos que el Canal adjudicó entre 2009 y 2015, la etapa posterior a su marido, ya que de la de su esposo no hay datos de fiscalización, solo los que aportó De Miguel en la Cámara madrileña: "de los 3.083 expedientes tramitados en mi etapa solo hubo una impugnación".

El registro mercantil la sitúa a lo largo de su carrera en 49 cargos en otras tantas empresas, tanto públicas como privadas. Íntimo de González, fue uno de los espiados durante el viaje que el expresidente hizo a Cartagena de Indias (Colombia) en el verano de 2008. Habrá que ver si la investigación de la Guardia Civil y Anticorrupción le sitúa también entre los tejemanejes que el Canal hizo en Suramérica en esos años. "Su etapa en el Canal no fue nada buena para el ente público. Y él lo sabe, tanto que después de irse en 2009 se atrevió a decirnos que ahí nos dejaba el 'pastelito'", señala un veterano trabajador que le trató en las reuniones con el comité de empresa.

Antes que la cazatalentos Aguirre le fichara, por recomendación de su amigo González, De Miguel fue consejero delegado de Retevisión durante su privatización. Luego accedió a la dirección de Quiero TV, una plataforma de televisión digital terrestre impulsada por Auna (la antigua Retevisión) y Planeta. El Gobierno de José María Aznar otorgó en 1999 a Quiero TV una licencia para explotar 14 canales de TDT de pago con el propósito de competir con Vía Digital y Canal Satélite Digital. Pero dos años después de empezar a emitir, Quiero TV se declaró en quiebra tras perder 900 millones de euros.

Con ese aval llegó al Canal. "Lo único que le puedo decir es que en el Canal de Isabel II durante el tiempo que yo he estado se ha respetado a rajatabla la ley de acuerdo con la que teníamos que llevar a cabo la contratación pública", señaló en el Parlamento madrileño el año pasado. Pero en 2009 un polémico contrato fue el que forzó su marcha: 26 millones por el servicio de atención telefónica. "Eso fue en julio de 2009. Él había pedido irse ya enero de 2009", explican desde su entorno. Tras el Canal, De Miguel encontró acomodo en Intereconomía, la misma que ha sido regada por el Canal con 1,38 millones en publicidad entre los años 2006 y 2015. "Yo recibí una oferta de un grupo de comunicación, el Grupo Intereconomía, no tengo ningún problema en decirlo, y como tengo experiencia en ese ámbito también, pensé que era un momento adecuado para dar un relevo en el Canal, puesto que ya había culminado una parte importante de mi actividad", señaló en sede parlamentaria.

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De Miguel ha hecho de todo. Ahora dirige un pequeño holding empresarial, Zubenelgenubi, del que dependen un centenar de empleados. Es también viticultor. Tiene junto a su cuñado 27 hectáreas en Roa (Burgos), donde cultiva la uva tempranillo de la que se produce la marca Loess. Lo malo es que las conexiones entre su vida privada y su vida pública siempre han sido confusas. El mismo año que abandonó Quiero TV fundó junto a ese mismo cuñado de los vinos Secuencia Pixels, una compañía que obtuvo siete contratos de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2008 por importe de 3,9 millones de euros. Él siempre ha asegurado que antes de entrar al Canal vendió sus acciones para no tener conflicto de intereses. Lo malo es que estos contratos forman ahora parte de la investigación del caso Lezo, ya que se cree que esos fondos podrían haber terminado en las cuentas del dirigente que supervisó esas operaciones desde la cúspide del Gobierno regional: Ignacio González.

Las empresas de Ildefonso de Miguel también se han visto salpicadas por las irregularidades detectadas en las subvenciones concedidas por Madrid Network, un ente privado sin ánimo de lucro que tiene a la Comunidad entre sus asociados y que ha estado financiando con dinero público proyectos fallidos de empresas relacionadas con ex altos cargos de la Administración regional. Dos firmas vinculadas a De Miguel se llevaron 3,2 millones en préstamos. La primera fue Safeview (1,94 millones de euros). Un juzgado de primera instancia ya condenó a la compañía a la devolución de lo prestado y los intereses, pero la sociedad recurrió ante el Supremo. La segunda, Servicios Aeronáuticos Control y Navegación (Saerco), recibió 1,25 millones. La devolución del dinero está actualmente en litigio.

Saerco se dedica a la gestión de torres áreas en aeropuertos. Lo hace, por ejemplo, en el fallido aeropuerto de Castellón. Fomento también le adjudicó uno de los lotes de la gestión de las 12 torres privatizadas que hay en España, las de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Saerco es la primera empresa privada en obtener la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como proveedor de servicios de tránsito aéreo. Su último negocio es el del fútbol, a través de la plataforma Opensport.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de abrir un expediente sancionador contra Mediapro por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" en la comercialización a nivel mayorista de beIN Sports y beIN La Liga, los dos canales creados para explotar los derechos del fútbol. La denuncia parte de Obwan Networks and Services, una plataforma de televisión de pago que emite en internet y que ha salido recientemente al mercado bajo la marca Opensport. "Tras la denuncia a Mediapro ha llegado la detención de De Miguel. No es casualidad", concluyen fuentes de su entorno. El hombre de las mil caras está señalado.