Parte de un informe del equipo de carmena

Fiscalía pide imputar a Dancausa por irregularidades en Mercamadrid

Al margen de Dancausa, otras 16 personas van a ser investigadas por este caso, entre las que se encuentra Pablo Manuel González González, hermano de Ignacio González

Foto: La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE)
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE)

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra las 16 personas que en 2013 formaban parte del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre las que se encuentra la actual delegada del Gobierno madrileño, Concepción Dancausa, a quien imputa un delito societario. El Ministerio Público solicita al juez al que sea asignada esta causa que tome declaración a todos ellos en calidad de investigados.

El Ministerio Público pone el foco en irregularidades en los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. que –dice-- han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio”, que valora en casi de 700.000 euros. Dancausa se encontraba en aquella etapa al frente del Consejo de Administración del ente.

Además de Dancausa, Fiscalía pide que declaren como imputados el que fuera director de Mercamadrid José Manuel Torrecilla, su vicepresidenta primera María Jesús Prieto y la segunda María Dolores Flores Cerdán.

Entre los 16 denunciados se encuentran también los vocales del Consejo de Administración del mercado Manuel Beltrán, José Antonio Crespo, Pablo del Amo, Pablo González –hermano de Ignacio González y en prisión por la operación Lezo-- Silvia Llerena, Marta Fernández-Pirla, José Enrique Nuñez, José Ignacio Ortega y Manuel Troitiño. Incluye al secretario general de Mercamadrid Fernando Gomar, Juan María López Álvarez, apoderado, y el administrador José Domingo Rodríguez.

Fiscalía pide imputar a Dancausa por irregularidades en Mercamadrid

En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE)
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. (EFE)

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado. Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, avalado por Dancausa y que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, junto a Cristina Cifuentes, Ana Botella, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. (EFE)
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, junto a Cristina Cifuentes, Ana Botella, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. (EFE)

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el “enriquecimiento ilícito” de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349, 51 euros “para obtener el uso de dos salas –de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno”.

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba “equitativo” para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda “perfectamente contrastada” y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era “viable”.

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 % superior al precio de mercado y deja bien claro que en el “momento actual” no consta “si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos”.

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