El PNV sube su factura y pone en peligro los Presupuestos desde el primer trámite

El Gobierno sigue sin contar con los apoyos mínimos necesarios en el Congreso (175 votos) para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, está estancado en los 170 de antes de Semana Santa y la factura de los 5 nacionalistas vascos que faltan ha subido en los últimos días. Es el panorama que se le presenta al Ejecutivo a cinco días de cerrarse el plazo para las enmiendas de devolución del proyecto y del que ha informado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al resto del gabinete.

El Grupo Popular contribuyó con su abstención decisiva en la Cámara vasca a aprobar los presupuestos del Gobierno de Íñigo Urkullu el pasado Martes Santo, pero después del Domingo de Resurrección los emisarios del PNV han subido el precio de su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Rajoy. "Es lo de siempre, más inversiones, menos aportación por el cupo y 'gestos' políticos". Así resumen en fuentes del Ministerio de Hacienda el estancamiento, o más bien marcha atrás, en las conversaciones con los nacionalistas vascos.

El ejecutivo autonómico se propone reducir a la mitad los 1.565 millones anuales con que debe contribuir al sostenimiento del Estado en virtud del régimen de concierto enunciado en la Constitución. La cuantía se fija después, la última en 2007, en negociaciones bilaterales y según criterios económicos o políticos que a su vez dependen de las necesidades de apoyos parlamentarios de los partidos en el poder. Así fue con Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa cuando no tuvieron mayoría absoluta.

"Es lo de siempre, más inversiones, menos aportación por el cupo y 'gestos' políticos", reprochan fuentes del Ministerio de Hacienda

En su momento, el PNV sacó incluso a los Ejecutivos del PP y del PSOE vías de financiación añadidas con cargo a los Presupuestos para enjugar las deudas del partido con el pretexto de "reparación por el patrimonio incautado en la Guerra Civil". Urkullu no se queda atrás y además de pedir las tradicionales inversiones en la 'Y' griega ferroviaria vasca, insiste en reducir aún más el cupo y en que 'el Estado' retire recursos en defensa de las competencias de la Administración central.

La subida en la factura de última hora, y después de que el PP salvara los presupuestos del Ejecutivo nacionalista, ha sentado muy mal en el Gobierno y en el Grupo Popular después del optimismo de principios de abril. A la espera de la última palabra de 'Presidencia' y con Soraya Sáenz de Santamaría como penúltima instancia antes que Mariano Rajoy, en fuentes gubernamentales se plantean la posibilidad de "plantarse ya y que se retrate todo el mundo".

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El PNV amenaza con presentar su propia enmienda a la totalidad al proyecto la semana que empieza, igual que los grupos de izquierda e independentistas: el PSOE, Podemos y ERC. Y según admiten en fuentes gubernamentales, los regionalistas canarios también recelan el uno, Pedro Quevedo, de la otra, Ana Oramas. Aunque la diputada de CC sigue comprometida en el apoyo a las cuentas, el de Nueva Canarias se mantiene irreductible y reclama cesiones que ya se apuntó su antiguo partido.

El Gobierno está estancado en los 170 votos a favor (PP, Ciudadanos y Oramas) y sumar 175 es imprescindible para superar la primera votación. En el Grupo Popular sí han avanzado algunos acuerdos con los de Albert Rivera para la siguiente fase, la de enmiendas parciales, con el compromiso de hablar previamente de cualquier añadido y de pactar iniciativas conjuntas.

Los populares también quieren pactar con el PSOE enmiendas para ese trámite posterior, igual que hizo con las líneas fundamentales del Presupuesto, el techo de gasto, los márgenes de déficit de las Administraciones y la apuesta de las cuentas por el llamado gasto social y de aumento del aparato político: pensiones, sanidad, educación, administración y plantillas de funcionarios.

En el Grupo Popular sí han avanzado algunos acuerdos con los de Albert Rivera para la siguiente fase de la aprobación, la de enmiendas parciales

En el Grupo Popular están muy molestos con las protestas de las Comunidades autónomas socialistas por la falta de inversión en infraestructuras. Recuerdan que el acuerdo con los barones del PSOE ha supuesto volcarse en el gasto que ellos y el resto de los presidentes de las Autonomías administran directamente (Sanidad y Educación) hasta unos 5.300 millones de euros a costa de limitar las inversiones en infraestructuras. Además, si los Presupuestos no salen adelante se quedarán sin esos fondos y con la prórroga de las cuentas vigentes todavía habrá menos dinero para obra pública.

De esos 5.300 millones de euros incluidos en el proyecto de Presupuestos del Estado, es la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz el gobierno autonómico que saldría más beneficiado al disponer de 1.300 millones de euros. Es una partida en buena parte destinada a aumentar plantillas de funcionarios y convertir a interinos en fijos, la gran aspiración de crecimiento de la mayoría de los ejecutivos regionales, sean socialistas, del PP o nacionalistas.

El Gobierno confía en que ese gasto social sirva de gancho al grupo del PSOE para salvar los Presupuestos en el trámite de enmiendas parciales, donde las abstenciones también cuentan para superar votaciones (no es una ley orgánica) y caben cesiones pactadas con los socialistas siempre que no descuadren las secciones del proyecto. Para esa fase ya hay un entendimiento previo PP-PSOE, pero el problema ahora es que el Gobierno sigue sin sumar los 175 votos mínimos para superar la votación de las enmiendas a la totalidad. El PNV quiere exprimir al Ejecutivo hasta la última gota.