Las filtraciones desatan la guerra en la Fiscalía en plena ola de corrupción

Tiempos complicados en la Fiscalía Anticorrupción. En uno de los picos más intensos de corrupción de los últimos meses, las aguas se revuelven en el departamento del Ministerio Público que saca adelante las investigaciones más sensibles y tiene ahora en sus manos el caso Lezo, una operación que por sus dimensiones e importancia parece superar a viejas conocidas como la Púnica o la Gürtel.

Según informan fuentes fiscales a El Confidencial, los sucesos de los últimos días han generado una preocupación aún mayor en la jefatura que las evidentes discrepancias de criterio en el macrosumario que afecta al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y en el caso del tres por ciento: las filtraciones de asuntos tratados en una reunión privada en la que participaron todos los miembros de la casa y en la que se debatieron procedimientos secretos.

[El expresidente de la Comunidad de Madrid entra en prisión]

De hecho, la Fiscalía General del Estado baraja muy seriamente abrir diligencias para detectar quién o quiénes han difundido detalles que debían haber permanecido en el ámbito privado de Anticorrupción. En el palacio de la calle Fortuny consideran que este tipo de actuaciones pueden perjudicar a las operaciones en marcha y más aún a instrucciones que, como Lezo, acaban de arrancar.

¿Y cuáles son las filtraciones que han generado este malestar? La primera se produjo este miércoles cuando trascendió que el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, había ordenado paralizar uno de los registros vinculados al entramado recién desarticulado: una entrada relacionada con contratos de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón.

Según las fuentes consultadas, los máximos responsables del Ministerio Público se quejan de que se ofreció una versión adulterada de los sucedido en aquel encuentro. Defienden que los que fue una discusión jurídica cordial se ‘vendió’ a la opinión pública como un motín contra el nuevo capitán de la embarcación, nombrado el pasado marzo.

Aseguran también que varios fiscales han manifestado al fiscal general José Manuel Maza su “frustración” y “disgusto”, incrementados tras comprobar que también se han ventilado datos que afectan directamente al desarrollo del caso Lezo, declarado secreto.

Que miembros de Anticorrupción tengan que recorrer 600 km para lidiar en tierras catalanas es “incongruente” y un gasto innecesario de recursos

A esta situación de desasosiego le faltaba aún un capítulo. Este viernes Moix ordenó el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo que hasta ahora dirigían la causa que investiga la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Catalunya CDC, conocida como “caso del tres por ciento”.

El argumento oficial del jefe ha sido la racionalización territorial. Que miembros de Anticorrupción que residen habitualmente en Madrid tengan que recorrer 600 kilómetros para lidiar en tierras catalanas es “incongruente” y supone un gasto innecesario de recursos, apuntan fuentes de la Fiscalía. Agregan que este será un primer paso para dejar en manos de fiscales de Cataluña otros de los abundantes asuntos que se atienden allí, como el caso Palau.

[Más de 25 millones de dólares de las arcas de Madrid acabaron en paraísos fiscales]

Los afectados por el relevo lo ven de forma muy distinta, consideran que se trata de una maniobra para impedir que recurran al apoyo de sus compañeros si se dan nuevas discrepancias de criterio. Una forma de aparcarles ante la que tienen pocas armas pero que tendrá que ser analizada, en todo caso, por el Consejo Fiscal en una reunión que está prevista para dentro de dos semanas.

La gestión de Maza al frente del Ministerio Fiscal, cargo que ocupó el pasado mes de noviembre, ya fue puesta en entredicho por su oposición a que el juez de Púnica, Eloy Velasco, remitiera los indicios sobre la participación en esta trama del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.