EL CONFIDENCIAL ACCEDE AL AUTO DEL JUEZ

González invertía "dinerillo B" en guarderías y en desinfectar aguas con Zaplana

Con una aportación mínima de 10.000 euros realizada por Lourdes Cavero, mujer del expresidente, llegó a controlar el 20% una sociedad cuya valoración ronda el millón

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tenía muy claros los motivos para enviar este viernes a la prisión de Soto del Real al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Desvela en el auto en el que ordena su encarcelamiento que el hombre fuerte de Esperanza Aguirre disponía de “dinerillo B” que invertía en la gestión de guarderías y en un negocio para desinfectar agua que emprendió a medias con Eduardo Zaplana, entre otros indicios que le sitúan al frente del entramado Lezo.

En el escrito de 28 páginas, al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado apunta que el matrimonio González se metió a gestionar escuelas infantiles. Con una aportación mínima de 10.000 euros realizada por Lourdes Cavero, mujer del expresidente, llegó a controlar el 20% una sociedad cuya valoración ronda el millón. En el negocio participaba también el círculo familiar y de amistades de la pareja, añade.

González también aportó el 50% de los fondos para adquirir, junto a Zaplana, una sociedad del abogado uruguayo fundador de South Capital Partners, experta en la creación de empresas 'offshore', que tenía la patente de un milagroso producto de desinfección de agua. “Las diligencias revelan que el expresidente de CAM iba a acometer esta inversión a través de sociedades opacas y testaferros”, indica el instructor del caso Lezo.

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El magistrado enmarca en esta operativa de blanqueo la adquisición de una parte de la sociedad Auditel, negocio en el que, según las conversaciones intervenidas, ‘Nacho’ estaba muy interesado. González quería emplear los servicios del bufete de Uruguay para encontrar “cauces” para introducir fondos radicados en el extranjero en negocios en España.

El exministro Eduardo Zaplana ya ha negado haber tenido o tener "ninguna sociedad ni relación mercantil" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En una declaración a Efe, el exministro afirma: "Nunca he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno". "Desconozco el contenido del auto en el que se me menciona y la interpretación o valoración que se esté efectuando respecto de conversaciones de terceros, pero rechazo las interpretaciones por falsas, que se está realizando sobre mi persona y cualquier relación con asunto de blanqueo", añade Zaplana.

El ritmo de vida de la pareja

Otra de las pruebas es que se ha detectado una extraña falta de liquidez de González en sus cuentas que le condujo a articular operativas de préstamos ficticios, dice el juez. Se refiere así a una conversación grabada a la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond y el enlace sudamericano del ente Edmundo Rodríguez, en la que ambos comentan el ritmo de vida de la pareja González Cavero y justifican que pueden mantenerlo gracias a que tienen ‘dinerillo en B’.

El juez Velasco dibuja en su escrito las principales vías de entrada y salida de dinero irregular que manejaba la trama de González. Destaca la destinada a financiar de forma irregular al PP de Madrid que vincula, como ha adelantado El Confidencial, con la empresa ICM de la que salió al menos un millón de euros para sanear las cuentas ‘populares’.

También se ha detectado un “canal económico” a través del que Indra hizo llegar 700.000 euros hasta proveedores de servicios del partido habituales, “que ya se habrían utilizado en otras ocasiones para saldar deudas” de la formación.

El magistrado pone a González a la cabeza de otras “operativas vinculadas con actuaciones corruptas” que resume en cuatro principales puntos. Además de esta financiación irregular de su partido, menciona el cobro de una comisión de 1,4 millones con motivo de la adjudicación a OHL del tren de Móstoles a Navalcarnero en el año 2007; la expansión del Canal en Sudamérica en el que se produjo un desvío de hasta 23,3 millones de euros de fondos públicos; y las irregularidades en la construcción adjudicada a ACS y posterior explotación de ‘Golf Canal’.

También sospecha del cobro de comisiones vinculado a la construcción de los Teatros del Canal y menciona una de las conversaciones intervenidas al expresidente y su hermano, Pablo González, con el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel, que se encuentra entre la treintena de imputados.

En cuanto a la comisión de OHL el magistrado se refiere a unas anotaciones del consejero de la compañía Javier López Madrid en un cuaderno en las que concluye que ‘Nacho’ dio instrucciones al consejero delegado de la empresa que firmó la adjudicación del contrato de obra.

El cosejero de OHL, Javier López Madrid, a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE)
El cosejero de OHL, Javier López Madrid, a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE)

Durante su declaración, el expresidente madrileño niega estos hechos y asegura que “alguien debió pedir este dinero en su nombre”, desvela el auto. También concretó durante su declaración que los fondos de OHL procedían de las cuentas de la compañía en México.

El juez precisa que los fondos ingresados en cuentas suizas acabaron derivados a la sociedad panameña Lauryn Group. Velasco considera “muy interesante” que los directivos de esta empresas opacas dimitieran solo un mes después de la difusión de la imágenes de González en Colombia.


Además, revela que el expresidente no quería de sus supuestas actividades criminales trascendieran. “Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre el presidente de la sociedad editora de 'La Razón', Mauricio Casals, para detener la cobertura mediática” de sus asuntos sucios y obtener así impunidad. También sospecha que “habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE que defendiese su imagen e intereses”, agrega el auto.

El magistrado dictó en la noche de este viernes su ingreso en prisión sin fianza al igual que lo hizo para el expresidente de Inassa, Rodríguez Sobrino. El resto de detenidos se enfrentan al pago de fianzas, en unos casos para eludir la cárcel donde ya han sido traslados y en otros para no verse obligados a entrar en ella. Atribuye a los miembros de la trama, que califica como una organización criminal, una ristra de delitos vinculados con la corrupción que van desde el blanqueo hasta el fraude y malversación.

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